Después de examinar la situación en Venezuela, el Comité de Derechos Humanos de la ONU se declaró preocupado por las condiciones de las personas privadas de libertad, la violencia en los centros de detención y el alto número de personas en prisión preventiva.

Entre los motivos de seria preocupación se cuentan en el informe publicado el 23 de julio también el excesivo uso de la fuerza estatal en manifestaciones y el acoso e intimidación a defensores de derechos humanos. Las mismas preocupaciones están presentes en un informe de Amnistía Internacional, publicado algo antes.

Avances en legislación

Después de que, a lo largo de junio de 2015, especialistas del Comité de Derechos Humanos escucharan al Estado y organizaciones no gubernamentales y revisaran el informe de la oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, el órgano de Naciones Unidas reconoce aspectos positivos en cuanto a legislaciones que se adecuan a los pactos internacionales.

No obstante recomienda al Estado venezolano tomar las medidas necesarias para que jueces, abogados y fiscales garanticen que la legislación nacional se aplique e interprete a la luz de los acuerdos internacionales. Venezuela llevaba siete años de retraso en presentación de informes.

Que haya sido electo para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos (2013-2015) “ha hecho presión para que se actualice ”, dice a DW Feliciano Reyna, reconocido y galardonado defensor de derechos humanos en Venezuela, que participó en la elaboración de los informes que desde la sociedad civil llegaron a Ginebra.

En su opinión, la ausencia de mecanismos que garanticen la libertad de expresión, la situación de las personas en las cárceles y la faltas de garantías para los defensores son los principales déficits.

Terrible estar en la cárcel

“Es muy grave la condición de los presos políticos. Pero también la de la población penitenciaria en general es terrible. Recientemente hubo 40 fallecidos por envenenamiento. Y no se ha sabido de investigación”, dice Reyna.

Aparte del conocido caso del exalcalde Leopoldo López, el activista recuerda el de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida arbitrariamente, según la ONU, entre 2009 y 2011. En una carta, la propia jueza denunció en Ginebra torturas y violaciones.

Derecho a la protesta

“El Comité expresa su reconocimiento por la oportunidad de reanudar el diálogo constructivo”, consta en el reciente informe, que agradece la cooperación del Estado venezolano en facilitar la información y las respuestas. No obstante, “la información de la Fiscal y la de nuestras organizaciones no coinciden”, subraya Reyna.

“Se aplican diferentes estándares. No puede decirse que una manifestación es violenta porque algunos de sus participantes se hayan violentado. Si bien toda persona que en manifestaciones esté involucrada en actos de violencia debería ser sometida a la justicia, requiere una investigación exhaustiva previa, sin que haya víctimas buenas y víctimas malas. Por otro lado, llamar a que un presidente renuncie es tan legítimo como que las pancartas tengan lemas muy duros”, recuerda el activista.

En su opinión, es vital que en este importante proceso se detectara déficits también en cuanto al derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, de la violencia de género, de derechos de los LGTB.

“También es crucial que se recuerde que no se debe intimidar, descalificar o perseguir a los defensores de derechos humanos”, apunta Reyna quien, después de su labor en Ginebra, ha sido muy duramente criticado públicamente en un programa estatal.