La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes una resolución que extiende hasta 2021 la investigación sobre la misteriosa muerte en 1961, en África, del sueco Dag Hammarskjöld, entonces secretario general de la organización. El texto, presentado por Suecia y copatrocinado por más de una centena de países, se aprobó por consenso sin votación.

Suecia recomendó renovar en sus funciones al abogado tanzano Mohamed Chande Othman, quien dirige la pesquisa hace varios años.

En su último informe, publicado a comienzos de octubre, Othman reclamó especialmente a Estados Unidos y Reino Unido no haber compartido información sobre la muerte del diplomático.

Hammarskjöld, segundo secretario general de la ONU desde su creación, murió junto a otras 15 personas el 18 de septiembre de 1961, cuando el avión DC-6 en el que viajaba se estrelló cerca de Ndola, en Rodesia del Norte, hoy Zambia. 

Ataque efectuado por avión

El secretario general buscaba evitar la secesión de la provincia congoleña de Katanga, región rica en cobalto y cobre, y eludir una situación de peligro a una unidad de los cascos azules, las fuerzas de paz de la ONU.

Las investigaciones concluyeron que el accidente fue causado por un error de pilotaje, pero una nueva consideración del caso en 2014 alimentó la posibilidad de que se hubiese tratado de un ataque efectuado por otro avión, una hipótesis que figuraba en el último informe de Othman.

En ese documento, el abogado felicita a Francia, Bélgica, Suecia y Zimbabue por sus contribuciones a la pesquisa, al tiempo que critica a Estados Unidos, Sudáfrica y Reino Unido por no haber contestado ninguna de sus preguntas. 

Cibercrimen

La ONU aprobó también una propuesta encabezada por Rusia que busca crear una nueva convención sobre cibercrimen, causando alarma entre grupos defensores de las libertades y las potencias occidentales, que temen que restrinja la libertad en internet.

La Asamblea General aprobó una resolución patrocinada por Rusia y respaldada por China, que prevé la creación de un comité de expertos en 2020 para elaborar una "convención internacional exhaustiva para combatir el uso de las tecnologías de comunicación e información con propósitos delictivos".

Estados Unidos, las potencias europeas y grupos defensores de las libertades temen que ello sirva para legitimar los ataques contra la libre expresión, pues los gobiernos de numerosos países califican de "criminales" las críticas en su contra.

mg (afp, Xinhua, TVA Nouvelles)

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