Los talibanes y sus aliados presuntamente mataron a más de 100 exmiembros del anterior gobierno afgano, personal de seguridad y otras personas que trabajaron con las fuerzas internacionales, según un informe de la ONU conocido el domingo (30.01.2022).

El informe describe severas restricciones a los derechos humanos por parte de los nuevos gobernantes fundamentalistas de Afganistán. Eso se suma a asesinatos políticos y la supresión del derecho a la protesta y de los derechos de las mujeres.

"A pesar de los anuncios de una amnistía general para los antiguos miembros del gobierno, fuerzas de seguridad y para quienes trabajaron con las fuerzas militares internacionales, la UNAMA continuó recibiendo denuncias creíbles de asesinatos, desapariciones forzadas y otras violaciones hacia estas personas", afirma el reporte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Desde que los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto, la misión de la ONU en Afganistán ha recibido más de 100 reportes de tales asesinatos los cuales considera creíbles, sostiene el informe.

Más de dos tercios de esos asesinatos fueron "muertes extrajudiciales cometidas por autoridades de facto o sus socios".

Adicionalmente, "defensores de los derechos humanos y trabajadores de los medios de comunicación continúan bajo ataque, intimidación, acoso, arrestos arbitrarios, malos tratos y asesinatos", agrega el documento.

El reporte también detalla la represión de protestas pacíficas, así como la falta de acceso al trabajo y la educación para mujeres y niñas. "Todo un complejo sistema social y económico está colapsando" dice Guterres.

Abusos de derechos humanos

Afganistán está sumido en un desastre humanitario, empeorado por la toma del poder de los talibanes que llevó a los países occidentales a congelar la ayuda internacional así como el acceso a miles de millones de dólares en activos en el extranjero.

El país fue casi totalmente dependiente de la ayuda extranjera bajo el gobierno anterior apoyado por Estados Unidos, pero los puestos de trabajo se han eliminado y muchos servidores públicos no recibieron el pago por varios meses.

Hasta ahora ningún país ha reconocido al gobierno de los talibanes, y la mayoría observa cómo los islamistas de línea dura, conocidos por sus abusos de derechos humanos durante su primera etapa en el poder, restringen las libertades.

Con una marcada pobreza y una sequía que arrasa la agricultura en varias zonas, Naciones Unidas ha advertido que la mitad de los 38 millones de habitantes enfrentan la escasez de alimentos.

El mes pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó unánimemente una resolución de Estados Unidos para permitir que algunas ayudas alcancen a los desesperados afganos sin violar las sanciones internacionales.

Pero cada vez hay más llamados de parte de grupos de derechos humanos y de organizaciones humanitarias a Occidente para liberar más fondos, particularmente en medio de un duro invierno.

mg (afp, AP)