El Consejo de Seguridad, el órgano decisorio más poderoso de la ONU, no tiene una composición representativa. Integrado por cinco miembros permanentes con derecho a veto (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China) y diez miembros transitorios, elegidos por dos años, se ha vuelto anacrónico.

Regiones enteras del planeta están subrepresentadas, como América Latina y África, por no hablar del mundo islámico, que no se circunscribe sólo a los países árabes: aproximadamente 320 millones de musulmanes viven en el continente africano, número sólo superado por los que habitan en Asia.

Privilegios cuestionados

¿Cómo fundamentar actualmente que países como la India, que con sus más de 833 millones de habitantes es el segundo más poblado de la tierra después de China, no tenga voz y voto permanente en el Consejo?

¿O que tampoco lo posean países industrializados como Japón y Alemania que, a fin de cuentas, son los que ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en cuanto a sus contribuciones financieras a la ONU?

60 años después del término de la II Guerra Mundial, las potencias vencedoras siguen predominando, con su derecho a veto. Éste les permitiría, por ejemplo, bloquear una reforma que los despojara de semejante privilegio.

Una perspectiva nada promisoria, teniendo en cuenta que la ONU necesita una reforma si quiere estar a tono con los nuevos desafíos globales y desempeñar un papel decisivo en el engranaje internacional. Porque los instrumentos con que cuenta la organización para cumplir sus objetivos han perdido eficacia y credibilidad.

Reiterada impotencia

La lista de ejemplos es larga, comenzando por el caso de Irak: las sanciones económicas aplicadas contra ese país tras la segunda guerra del Golfo (1990-1991), si bien impidieron la proliferación de armas de exterminio masivo, afectaron principalmente a la población civil.

Más evidentes son los fracasos que ha sufrido la ONU en Somalia, donde la guerra civil derivó en una catástrofe de hambruna (1992/93); en Ruanda, donde las masacres costaron la vida a cerca de 800 mil personas (1994); en el conflicto de los Balcanes y particularmente en la guerra civil de Kosovo, donde la OTAN intervino sin mandato de las Naciones Unidas, para proteger a la población civil albanesa, a fines de la década pasada.

En la actualidad, la comunidad internacional contempla impotente las “limpiezas étnicas” en la región sudanesa de Darfur, donde la población se ve atrapada desde hace más de un año entre los frentes del conflicto protagonizado por rebeldes, tropas gubernamentales y milicias paramilitares.

De acuerdo con los datos de organizaciones humanitarias, más de 500 mil personas han muerto y aproximadamente 1,8 millones han tenido que abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia. Las “medidas urgentes” que se reclamam en un informe de la ONU sobre la situación en Darfur siguen sin adoptarse.

Las preguntas esenciales

Uno de los dilemas en que se encuentra sumida la organización es archiconocido: la crónica falta de dinero, que se agudiza ante el creciente número de tareas por abordar. Pero no es el único problema.

También se ve confrontada con una pérdida de influencia en las decisiones fundamentales del acontecer internacional, derivada del afianzamiento de Estados Unidos como única superpotencia mundial al término de la Guerra Fría.

Degradada a la calidad de observadora en la guerra contra Irak, la ONU se ve confrontada simultáneamente con crecientes expectativas de que logre llenar el vacío que se ha producido en el nuevo orden internacional globalizado.

Tanto más urgente se vuelve, por consiguiente, una reforma estructural. Al margen de buscar soluciones efectivas a acuciantes problemas como la miseria, el SIDA y la devastación ecológica, se hace necesario hallar respuestas a interrogantes de fondo.

¿Cómo desarrollar la Carta de las Naciones Unidas para satisfacer los nuevos intereses de seguridad, como evitar la proliferación de armas de exterminio masivo? ¿Cómo reaccionar al desafío del terrorismo, que no se ciñe al modelo tradicional de las guerras entre Estados? ¿Se puede legitimar el uso de la fuerza militar en forma preventiva, cosa que Estados Unidos ha hecho, pese a que la Carta de la ONU lo prohíbe inequívocamente?

Las respuestas siguen pendientes. Para encontrarlas resultará clave el trabajo del Consejo de Seguridad, que en estos tiempos de cambio habrá de trazar nuevas coordenadas y requiere para ello de mayor representatividad y fuerza.