Vladimir Putin como héroe en grafitis y banderas rusas en vez de ucranianas. Así cambió el aspecto de las calles de Crimea desde la primavera de 2014. En cuestión de días, soldados uniformados ocuparon, sin insginias nacionales, el edificio gubernamental, el Parlamento de Simferópol y más tarde los cuarteles del Ejército ucraniano en la República de Crimea, Ucrania.

A pesar de las protestas, el 16 de marzo tuvo lugar un referendo ilegal, según la Constitución ucraniana, para votar sobre la anexión de Crimea por parte Rusia. No se reconoció que la península se otorgó a Ucrania en 1954 por parte de la Unión Soviética. Entonces se acordó la adhesión de Crimea a la Federación Rusa.

Quien rechace la anexión es perseguido. Es lo que le ha sucedido, sobre todo, a los tártaros de Crimea: su representante, el Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea, fue tachado en 2016 de organización extremista. Siguen teniendo lugar allanamientos y detenciones. Ya en 1944, los tártaros de Crimea fueron deportados como "enemigos del pueblo" por los soviéticos a Crimea.

En 2014 se desconectaron todos los canales de televisión ucranianos y, desde entonces, solo se puede ver la televisión rusa análoga. El canal independiente de los tártaros de Crimea, ATR, sigue emitiendo desde Kiev. También se prohibieron otros medios de comunicación.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea no reconocen la anexión de Crimea por parte de Rusia. Aplicaron sanciones y prohibieron a sus ciudadanos comprar inmuebles y empresas en Crimea. Tampoco se permite la importación de productos desde Crimea.

Quien votó a favor del referendo, espera que Putin cumpla sus promesas: la construcción de un puente que conecte a Crimea con Rusia, un gasoducto y centrales energéticas. Y que solucione los problemas sociales. Pero, la realidad es otra: los sueldos no son compatibles con la subida de los precios. Solo en redes sociales y medios independientes se informa sobre las protestas locales.

La construcción del puente desde Kertsch a la península rusa va a toda marcha. La construcción por valor de alrededor de 3,7 millones de euros está siendo supervisada por el ruso oligarca y amigo de Putin, Arkadi Rotenberg. Se han planeado cuatro carriles y dos vías de ferrocarriles. A finales de 2019, el puente deberá estar terminado.

Los pequeños empresarios en Crimea sufren por la redistribución de propiedades en Crimea a favor de los empresarios rusos. Radio Liberty publicó que la cifra de pequeñas empresas se redujo de 15.000 en 2014 a 1.000 en 2016. También los propietarios de inmuebles en la costa tienen problemas, porque los juzgados pueden declarar sin validez los documentos firmados antes de la anexión.

Durante la temporada de baño, las playas de Crimea están accesibles al público. Sin embargo, la afluencia de turistas se ha reducido en un 30% en los últimos tres años. Las conexiones ferroviarias se interrumpieron, los vuelos son demasiado caros y por las sanciones de la UE, los cruceros ya no visitan la costa de Crimea.

Desde la anexión, solo los ciudadanos de Crimea con pasaporte ruso pueden comprar tarjetas SIM para celulares. Pero con pasaportes expedidos en Crimea no se puede obtener visa ni para la UE ni para EE.UU. Los que han salido ganando con la anexión son los pensionistas con pasaporte ruso. Su pensión se elevó al nivel ruso. Las mujeres reciben la jubilación con 55, en vez de 65. (rmr)