Este fin de semana, Italia -y especialmente Génova- estará centrada en hacer el duelo, recordar a las víctimas y consolar a los deudos. Aunque también es probable que ya estemos en medio de un conflicto, pues varios de los afectados boicotearon la ceremonia oficial como protesta contra el Gobierno. Para los populistas de Roma se trata de una primera prueba de gran calibre y quizás terminen fallando.

¿La tragedia como generador de reformas?

La caída del puente de Génova es el tipo de calamidades públicas que pone en relieve el verdadero estado de una nación y, al mismo tiempo, puede servir para llevar adelante las reformas pendientes. Muchos comparan esta situación con el catastrófico incendio de la torre Grennfell, en Londres. En ambos casos hubo advertencias previas de expertos y en ambos casos se buscan responsabilidades políticas y empresariales, y se evidencian las debilidades institucionales.

Un suceso de este tipo puede traumatizar a un país, redefinir su identidad y también fortalecer sus obras públicas. Numerosos reportes hablan de unos 300 puentes en Italia que requieren reparaciones y resultan peligrosos para los usuarios. Pero los problemas van mucho más allá: también hospitales, escuelas y líneas ferroviarias, en resumen, buena parte de la infraestructura, requiere reparaciones.

Al mismo tiempo, un problema crónico de la política italiana se pone a prueba: la tóxica mezcla de corrupción, desinterés, abulia y luchas intestinas es el terreno fértil donde surgen desastres como el de Génova. Si no se retira la basura y los baches se adueñan de las calles, los ciudadanos se molestan, pero entienden que eso no pone en riesgo directo sus vidas. Pero si los puentes y otras obras se empiezan a caer, debe comenzar una discusión honesta sobre las condiciones en que se encuentra el Estado.

Prueba para los populistas

La situación es una prueba para el nuevo Gobierno de populistas de derecha e izquierda. Los representantes del Movimiento Cinco Estrellas deberían enfrentarse honestamente al error cometido por su líder hace un par de años, cuando no hizo caso a las advertencias que preveían la posibilidad de que el puente Morandi se cayera. Y también deberían reconocer que fue una estupidez bloquear la construcción de una vía alternativa en Génova. Decir, al menos, "hemos aprendido y lo haremos mejor la próxima vez" sería una buena estrategia de su parte.

Pero en vez de eso, en sus reflejos anticapitalistas, han buscado culpar de la tragedia solo a la concesionaria de la autopista, Atlantia, y a su principal accionista, la familia Benetton. Es una salida barata, porque la amenaza de nacionalizar las carreteras no solucionará los problemas. Al contrario: el Estado italiano no tiene la capacidad actualmente para organizar, comprobar y reconstruir nuevas vías. La situación podría incluso empeorar.

También los populistas de derecha, con el jefe de la Liga Norte, Matteo Salvini, a la cabeza, simplifican el asunto. Salvini responsabilizó a la Unión Europea por haber supuestamente limitado los gastos de Italia y haber negado el dinero necesario para las reparaciones y la construcción de nuevas obras. Esa es una mentira desvergonzada: en el período presupuestario en curso, fueron autorizados cerca de 2.500 millones de euros en ayudas para la mejora de la infraestructura. En mayo, Bruselas publicó un reporte en el que exigía claramente a Italia que realizara más inversiones en ese rubro. Además, fueron otorgados otros ocho mil millones de euros que Roma podía usar en lo que quisiera. Por cierto, ningún país de la UE ha sido beneficiado con tantas excepciones a las medidas de austeridad que impone Bruselas como la endeudada Italia.

Pero la mentira de los "malos europeos", especialmente la de los ahorrativos alemanes, se vende bien en Italia. El problema es que existe el peligro de que los italianos se crean el cuento y se olviden de los problemas que tienen en su propia casa.

¿Oportunidad perdida?

Al Gobierno italiano le gusta presentarse como gente de manos limpias, libres de escándalos. Pero su reacción a la tragedia de Génova muestra que, en realidad, solo busca soluciones baratas, en lugar de trabajar en reformas, algo muy común, en línea con la peor tradición italiana.

Los italianos tienen derecho a una mejor administración, a un estado funcional que desarrolle un concepto sostenible del bien público y que esté orientado a largo plazo. Por decirlo de algún modo, tienen derecho a estar en un lugar seguro. Pero no parece que los recién llegados a Roma busquen satisfacer esa demanda. Como ocurre tan a menudo, los ciudadanos se quedan encogidos de hombros y, para Italia, llegará una nueva y triste jornada donde todo seguirá igual.

Autora: Barbara Wesel (DZC/RML)

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