¿Qué fue de los buenos tiempos –de hecho, no hace tanto- en los que sosteníamos que el desencanto por la política era la mayor amenaza para nuestra democracia? Nosotros, los buenos demócratas –votantes activos y firmes defensores de las leyes fundamentales-, observábamos perplejos el aumento constante del desinterés de nuestros familiares, amigos y vecinos por el Estado y la sociedad.

Hoy, un millón de refugiados después, la república ha perdido su apatía. Vivimos al borde del estado de emergencia y el populacho se está movilizando. Notorios grupos violentos de la extrema derecha actúan como agitadores y son seguidos por simpatizantes que ahora salen del anonimato.

Hace sólo unas semanas éramos los buenos. Vivíamos la cultura y dábamos la bienvenida a todos. Ahora, sin embargo, registramos los ataques y atentados contra los débiles. En Colonia, la candidata a la alcaldía fue apuñalada, albergues para refugiados son incendiados o puestos bajo agua y dos neonazis orinaron sobre dos niños refugiados. Y una constatación sorprendente: el 70 por ciento de los detenidos por esos hechos no tenía antecedentes policiales. ¿Qué está pasando?

Las autoridades, poco activas

Pero incluso tampoco quienes cometen varias veces delitos de ese tipo tienen realmente por qué temer la mano dura del Estado, porque no existe. Para los estándares de la Unión Europea, Alemania actúa de forma laxa contra los “crímenes de odio”. Una categoría penal que en EE. UU. y en el Reino Unido se persigue desde hace décadas. Aquí, sin embargo, no sucede lo mismo. A pesar de que jueces y fiscales podrían actuar más a menudo y con mano dura contra este tipo de actos, no lo hacen, según las conclusiones de los autores de un informe sobre la lucha contra la discriminación en Alemania. ¿Por qué no? Ese trato suave que reciben por parte del Estado los autores de este tipo de violencia verbal y física está sirviendo como acicate para infectar a los, hasta ahora, “buenos ciudadanos”.

Las autoridades responsables de proteger la Constitución tratan a los incitadores de extrema derecha a menudo con una tolerancia provocativa. Pegida (Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente) ha sido tomada en serio, pero sus actos no están siendo perseguidos. Como si sus actos y manifestaciones fueran un ejercicio democrático. De hecho, estos que dicen representar al ciudadano medio, resultan ser, en realidad, el reflejo de lo más visceral e irreflexivo de la sociedad alemana. Ellos mismos piensan seguramente: ¡Vaya, somos muchos! Estamos ante un fenómeno de psicología social. Si uno empieza a amontonar sus residuos en un claro del bosque, el resto hace lo mismo. Es como cuando se rompe un dique: algunos ciudadanos que hasta ahora habían actuado de forma discreta se atreven, de repente, a decir todo lo que siempre habían pensado. Se burlan del Estado, de la democracia y actúan como los “buenos alemanes” que sólo dicen las cosas como son.

La verdadera amenaza para la sociedad

Por tanto, es algo negativo que el ministro de Justicia Heiko Maas no denuncie a los calumniadores que lo comparan con Goebbels, el ministro de Propaganda de Hitler. Por cierto, en tiempos como estos también la información a los ciudadanos es un medio probado para salirle al paso a la ultraderecha. Pero, cuando la casa ya está ardiendo, no sirve de nada contratar un seguro. Ha llegado el momento de detener el odio y la violencia. Una democracia se tiene que defender con todos los medios que tenga a su disposición. Porque una cosa está clara: la democracia alemana soporta mejor las cargas organizativas y financieras que supone alojar a los refugiados que los riesgos que entraña una sociedad de agitadores.