Así es pues, como se escenifica la asfixia pública de una democracia. Durante un año y casi tres meses, el mundo ha presenciado cómo el régimen chavista estrangula, lentamente, al Parlamento libremente elegido. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia le arrebató oficialmente los poderes a los diputados elegidos, poniendo así fin a la democracia venezolana.

Supremo de Venezuela asume competencias del Parlamento

“Venezuela, incapaz de resolver sus problemas”

¿Podrá la OEA ayudar a Venezuela?

Justo un día antes, la Organización de Estados Americanos (OEA), al fin mayoritariamente, convocó a la dirigencia venezolana a dar una solución común a la crisis política, económica y humanitaria en el marco de la OEA. Una exclusión inmediata de Venezuela fue rechazada, incluso por Estados Unidos, por considerarla demasiada drástica, y porque la mayoría de países americanos quería intentarlo, una vez más, por medios diplomáticos.

Pero para los chavistas del círculo del presidente Maduro la diplomacia no es, evidentemente, más que una señal de debilidad. Al fin y al cabo, poco antes de la reunión de la OEA, el mismo Maduro logró que el Tribunal Supremo le concediera otros poderes en los ámbitos penal, militar y político, además de otros diversos poderes especiales, al tiempo que le quitó la inmunidad a los diputados de la oposición parlamentaria, que posee una mayoría de dos tercios. Quién no teme ninguna consecuencia por tales medidas, está dispuesto a ir más allá.

En el mismo tono del aspirante turco a autócrata Erdogan, el jefe de Estado venezolano neutraliza sistemáticamente toda oposición y, como consecuencia, destruye por completo la democracia. Pero a diferencia de Erdogan, Maduro tiene muchos menos seguidores y no posee un as bajo la manga, como ser miembro de la OTAN.

Pero este llamado socialista tiene un arma mucho más devastadora: la miseria de su pueblo. Venezuela lleva meses sufriendo una creciente escasez de alimentos y medicinas. Y ahora, el país más rico en petróleo del mundo se está quedando sin gasolina.

Los panaderos son detenidos porque, presuntamente, hornean caros pasteles en lugar del necesario pan, mientras aguardan desesperados el reparto de harina. Decenas de miles de venezolanos ya han huido a Colombia, y la miseria ha llevado a muchas mujeres a prostituirse en Brasil.

Las parejas jóvenes se hacen esterilizar porque no hay condones en el mercado y alimentar a un hijo saldría muy caro. Los pacientes con cáncer no pueden ser tratados, y en Venezuela los antibióticos básicos son difíciles de conseguir. Estas son semblanzas de un país que hasta los años ochenta era uno de los más ricos de América Latina.

El error de no haber utilizado esa riqueza petrolera para construir una economía autosostenible fue lo que, en última instancia, facilitó la llegada de los chavistas al poder. Pero estos utilizaron, a su vez, el auge petrolero del nuevo siglo para repartirlo entre ellos  y enriquecerse personalmente, por lo que Venezuela se enfrenta ahora a un desastre aún mayor.

Ante tal situación nadie va a querer aplicar sanciones económicas a Venezuela, y Maduro lo sabe. El hombre que durante meses se negó a reconocer la crisis humanitaria en su país, pidió ayuda a Naciones Unidas, hace unos días, debido a la "guerra económica contra Venezuela".

La comunidad internacional debe ayudar y ayudará. Sin embargo, bajo estrictas condiciones. Los envíos no deben caer en manos estatales, sino que deben ser distribuidos bajo supervisión de la ONU.

Contra Maduro y sus secuaces se deben aplicar sanciones que los afecten personalmente, no solo en Estados Unidos, en donde muchos han escondido sus "ingresos" de la corrupción. Y, por supuesto: la Organización de Estados Americanos debe expulsar a Venezuela de su seno. Este régimen no merece ningún reconocimiento internacional.

Uta Thofern (jov/cp)