Hans-Georg Maaßen, jefe de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, o Bundesverfassungsschutz (BfV) en alemán, se enfrenta a diferentes amenazas: el terrorismo islamista, el extremismo de derecha y de izquierda, los ataques cibernéticos y el espionaje. Según Maaßen, los enemigos de la democracia están propiciando que su agencia experimente "un auge en todas las áreas de negocio". Y Maaßen, por desgracia, tiene razón. Así, la decisión del Estado alemán de proporcionar más dinero para personal adicional y entrenamiento técnico parece, a simple vista, lógico.

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Esto es lo que ha estado defendiendo Maaßen desde que asumió el cargo en 2012 –con gran éxito, como muestran importantes cifras clave–. Su presupuesto aumentó durante este período de 200 a casi 350 millones de euros y el número de empleados se aproxima hoy a los 3.000. Aunque claro, la mayor parte del crecimiento financiero y de personal ha sido un resultado directo de los ataques terroristas del año pasado: las autoridades alemanas sobrecompensaron en particular al sector de la seguridad interior después del atentado en el mercado navideño de Berlín en diciembre.

Cuando hay que enfrentarse a tales desafíos, las agencias de seguridad casi siempre se benefician. No obstante, más dinero no garantiza más éxito. La idea de que la Policía a nivel federal y estatal, después de décadas de decaimiento, necesita estar mejor equipada resulta indiscutible en gran parte de Alemania. La ausencia de personal para combatir la delincuencia cotidiana e incluso lidiar con cosas tan mundanas como accidentes de tránsito puede dejarse sentir inmediatamente. Sin embargo, esta lógica irrefutable no puede aplicarse necesariamente a la latente amenaza terrorista. Para defenderse de esta e implementar las medidas necesarias, se necesita un alto nivel de cooperación profesional a todos los niveles en el marco de seguridad.

Cuando se trata de identificar los peligros que plantea el extremismo islámico, el BfV ha hecho un buen trabajo en el pasado reciente. Por ejemplo, el Centro Conjunto de Lucha contra el Terrorismo (GTAZ) había intercambiado información con otras agencias sobre Anis Amri, el agresor del mercado navideño de Berlín. Pero el hecho de que Amri todavía pudiera matar a 12 personas fue la consecuencia de una falta de claridad en la etapa de toma de decisiones.

Se necesita más transparencia

Lo mismo se aplica a la serie de asesinatos racistas cometidos por la Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU). Evidencia de esto se puede encontrar en un informe publicado recientemente por el comité de investigación sobre el NSU. Han pasado casi seis años desde que el grupo fue descubierto por casualidad en una investigación plagada de errores, y los problemas que llevaron a estos errores aún no han sido resueltos por el BfV. Tales fallas a nivel gubernamental también han planteado preguntas sobre ciertos sectores de la agencia de inteligencia nacional del país. Solo mediante una mayor transparencia se pueden eliminar estos problemas.

Hace unos días, Norbert Lammert, presidente saliente del Parlamento alemán, el Bundestag, dijo que las agencias de inteligencia, que necesariamente trabajan en secreto, necesitan estar mejor supervisadas. Y el político conservador difícilmente comparte la visión ingenua de la izquierda alemana de que el BfV debe ser disuelto.

Maaßen mismo define la declaración de la misión de su agencia en su sitio web: "Somos un proveedor de servicios para la democracia". Así entonces, ¡buena suerte con eso, BfV!