En algunos lugares de Europa, los separatistas españoles, tanto vascos como catalanes, gozan de una cierta simpatía anacrónica. Es consecuencia tardía de la dictadura franquista, durante la cual las lenguas, culturas e inquietudes políticas de estas regiones fueron oprimidas en aras del gran nacionalismo español. Pero de eso hace ya cuatro décadas de democracia. Ahora sucede lo contrario: hay padres en Cataluña y País Vasco que no consiguen hacer valer el derecho de que sus hijos reciban educación en español. En lugar de ello, cada vez se practica de forma obligada una política lingüística más y más unidimensional.  

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Máximos derechos autonómicos

No hay ningún país de la Unión Europea con regiones que disfruten de tantos derechos autonómicos como en España. Tampoco los estados federados alemanes, en los cuales rige un principio de solidaridad, con el que los separatistas ibéricos se muestran profundamente en contra. Como aparte de dinero ya no les cabe nada más que desear,  la única reivindicación que les queda tras la bandera es la de tener su propio Estado.

Los vascos, que ya lo intentaron hace unos años, fracasaron tras la contundente negativa de las Cortes españolas. Ahora los catalanes van más allá y se disponen a dar una especie de golpe de estado en frío. Pretenden celebrar el próximo 1 de octubre un referéndum improvisado y sin garantías del Estado de derecho sobre su independencia. Las leyes aprobadas al respecto por el Parlamento regional catalán el pasado miércoles (06.09.2017) son anticonstitucionales, como confirmó de inmediato el más alto tribunal del país. La Carta Magna española no prevé un referéndum regional de independencia, porque la unidad y la soberanía recaen sobre todos los españoles. Ellos son quienes deben decidir sobre una ruptura con Cataluña. Así pues, el Gobierno de Mariano Rajoy tiene las manos atadas. Sencillamente, no puede hacer esta concesión a los separatistas.

Al Gobierno catalán presidido por Carles Puigdemont le interesa desde hace demasiado tiempo demasiado poco el estado de derecho español. Por contenido, procedimiento y neutralización de todos los esfuerzos realizados por los partidos de la oposición, la aprobación de sus leyes sobre el referéndum fue digna de una república bananera. Si así es como se comporta una hipotética república catalana, manipulada por una obcecada clase política, la Unión Europea tiene motivos para temer su petición de membresía.

La mayoría de los catalanes no desea la ruptura

Pero los separatistas tienen una frágil mayoría en el Parlamento catalán, gracias a la alianza con un grupo anarquista de izquierda radical. La hasta ahora mayoría silenciosa de los catalanes no desea una ruptura con España. Por el contrario, durante las próximas semanas los catalanistas harán mucho ruido en las calles. El Gobierno de Rajoy ha evitado hasta ahora el conflicto abierto y ha tratado sin éxito de dialogar con quienes no están dispuestos al diálogo. Ahora el jefe de Gobierno debe mostrar sus cartas, aunque ello conduzca a protestas y frustración en Barcelona. La balcanización de la cuarta potencia económica de la eurozona sería una locura. Solo conduciría a un caos ibérico al estilo "brexit” y provocaría dolor y consecuencias negativas en todas las partes.

Madrid necesita respaldo de Bruselas

Ante el reto interno más grande que enfrenta España desde la muerte de Franco, Madrid necesita el respaldo de Bruselas, a pesar de la aversión que despierta la intromisión en los asuntos internos de los países. Los separatistas catalanes, que se las dan de europeos, pero no logran entenderse con su vecino más directo, viven del conflicto. Desde hace tiempo, sus políticos han calentado la cabeza de los ciudadanos a base de demagogia y un creativo relato de la historia. Mejor no hacer tratos con ellos, sobre todo cuando su ejemplo podría crear escuela en otros lugares, como, por ejemplo, en Bélgica.

Autor: Leo Wieland (MS/MN)