Las cuotas obligatorias de acogida de solicitantes de asilo, las cuales sembraron discordia en la última cumbre de la Unión Europea (UE), son ya en realidad agua pasada. La decisión sobre estas cuotas, que la mayoría de los Estados miembros apoyó como medida de emergencia en septiembre de 2015, estaba limitada a dos años. Entretanto, las cuotas han expirado y la decisión no se ha prolongado. El tribunal de Justicia de la UE rechazó las quejas de Hungría y Eslovaquia: también ellos deben acoger a solicitantes de asilo de Grecia e Italia.

La Comisión Europea está en solitario en su empeño de que los miles de personas que listas para ser redistribuidas sean repartidas de facto. Ya no se trata de 120.000, sino de como máximo unas 9.000 personas. Pero no solo los países del grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Eslovaquia y Chequia) se niegan a acoger a refugiados en números razonables. También Francia, Austria, España y otros países han presentado en los últimos dos años cifras de acogida inferiores a las que les correspondían.

Las cuotas están muertas, vive la solidaridad

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tiene toda la razón cuando dice que el sistema no ha funcionado y que solo ha dividido a los países de la UE. Eso, por cierto, ya lo reconoció el comisario europeo responsable de la migración, Dimitris Avramopoulos, en septiembre de 2017, cuando expiró la reglamentación. Las cifras y los hechos hablan de forma inequívoca contra las cuotas. Por qué entonces Avramopoulos tilda a Tusk de "antieuropeo” todavía es un misterio.

Ya no se trata de una pelea entre por un lado los gobiernos populistas de derechas, desde Varsovia hasta Viena, y por otro Alemania, Italia, Grecia y la Comisión sobre las cuotas, sino sobre los mismos principios. ¿Hasta dónde llega la solidaridad entre los Estados miembros de la UE? ¿Cuáles son los valores que valen?

Las instituciones comunitarias no pueden permitir que Estados miembros como Polonia, Hungría u otros hagan caso omiso de las decisiones legítima, tal y como han hecho de forma descarada. Sin embargo, tampoco tiene sentido excederse en las exigencias a las capitales, pues la reacción a esto puede ser una respuesta nacionalista, junto con la absurda afirmación de que los miembros orientales de la Unión son miembros de segunda clase.

La UE tampoco puede tolerar que los Estados que mayor carga soportan en relación con la migración sean abandonados a su suerte. Italia y Grecia necesitan verse descargados. Una cuota obligatoria no parece un medio adecuado para esto.

En la UE solo funciona actualmente la "solidaridad hacia afuera”: hacer juntos las fronteras de la comunidad impermeables, ello sin tener en cuenta cuáles son las consecuencias para los migrantes y refugiados, por ejemplo en Libia. Por el contrario, distribuirse de manera solidaria a las personas que consiguen llegar a Europa no funciona.

Última salida: dinero

Los llamamientos morales al xenófobo primer ministro húngaro y a sus camaradas del club de Visegrado no ayudarán. Pero los Estados miembros que financian la UE pueden conseguir por la fuerza una "solidaridad hacia adentro”: recortar los subsidios que reciben  países receptores como Polonia, Hungría, Chequia o Eslovaquia en la cantidad que necesitan Grecia e Italia para acomodar dignamente a los solicitantes de asilo. Con esta misma carta les amenazó Merkel hace un año, aunque hasta ahora no ha funcionado.

Pero el año próximo podrían cambiar las tornas, pues empiezan las negociaciones para el nuevo período presupuestario a partir de 2020. Quien no cumpla con sus obligaciones en política migratoria, debería sentirlo en su monedero. Esta no es una forma elegante de solucionar conflicto, pero ciertamente la única que puede tener efecto cuando se trata de países insolidarios. Eso sí, esto no curará las divisiones en el seno del bloque comunitario. En ese sentido, la Unión se enfrenta a una prueba de resistencia.

Autor: Bernd Riegert (EAL/FEW)