El sábado, cientos de miles de personas volvían a salir a las calles en toda Rumania, cuando el primer ministro del país, Sorin Grindeanu, anunció por televisión que su Gobierno derogaría el decreto que despenalizó de facto algunos delitos de corrupción administrativa. Ya diferentes políticos habían indicado que el polémico decreto sería anulado. Sin embargo, la semana pasada fue tal la pérdida de fe en los socialdemócratas gobernantes que el anuncio no tuvo el efecto que el Gobierno esperaba.

En una breve declaración a la prensa, Grindeanu hizo hincapié en que esta decisión estaba destinada a desactivar la tensa situación. Su Gobierno celebró una reunión de emergencia el domingo y derogó el decreto de corrupción. No obstante, se espera que más de un millón de personas participen de más protestas el domingo.

La manera incierta del primer ministro y sus mensajes ambiguos no son en absoluto adecuados para calmar el ánimo que se vive en las calles. La gente comenzó manifestándose en contra del decreto que haría la corrupción parcialmente exenta de castigo. Ahora, sin embargo, están pidiendo al Gobierno que renuncie. No ha habido protestas masivas como éstas en Rumania desde la caída del régimen comunista hace 27 años.

Cesión sospechosa

Para las muchas personas que han estado manifestando ya desde hace casi una semana –jóvenes y viejos, familias con niños y hasta perros– la repentina cesión del Gobierno es sospechosa. Tan solo el día anterior, el líder socialdemócrata, Liviu Dragnea, había descartado cualquier tipo de concesión. Dragnea, quien tira las cuerdas de este Gobierno títere, habría sido el primero en beneficiarse de los cambios en el código penal. El litigio actual contra él por abuso de cargo habría llegado a ser nulo.

La sociedad civil rumana no confía en esta ofrenda de paz, por lo que han anunciado nuevas protestas. El presidente de Rumania, Klaus Iohannis, quien presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el controvertido decreto, acogió con satisfacción el anuncio del primer ministro, como el primer paso de lo aún está por venir.

Entre estos pasos próximos está la derogación del proyecto de ley de indulto, que podría beneficiar a algunos políticos condenados por corrupción o prevaricación. Dragnea, que fue condenado a dos años de prisión por manipulación electoral, también se beneficiaría de esta regla. Debido a este veredicto, no se le permitió asumir el cargo de primer ministro tras la victoria electoral de sus socialdemócratas en diciembre del año pasado. El hecho de que su partido adapte la legislación a medida de las necesidades y deseos de su jefe sin tener en cuenta las repercusiones, es único en la UE. Si bien vinieron críticas de Bruselas y algunos de los Estados miembros, los partidos socialdemócratas europeos –incluidos los alemanes– no han logrado distanciarse claramente del evidente derrocamiento del Estado constitucional: una muy mala señal que indica una falsa comprensión de la solidaridad política partidista.

La sociedad civil rumana, por otra parte, ha llegado a la mayoría de edad este invierno. Su rebelión pacífica, persistente y clara contra la corrupción y el despotismo merece respeto. Ya no se deja convencer con unas cuantas migajas y promesas vacías. No obstante, todavía no ha ganado la lucha contra el enfermo sistema político. Aún así, las protestas a nivel nacional son un signo inequívoco de que los políticos están bajo un escrutinio más detenido. En Rumania también los partidos políticos deben acostumbrarse al hecho de que, incluso después de una clara victoria electoral, no pueden situarse por encima de la ley.