Un buen día, habiendo medido sus pasos durante semanas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, decidió invocar la cláusula democrática de ese organismo (31.5.2016) para persuadir a sus socios de reunirse y discutir las infracciones cometidas por el Ejecutivo de Nicolás Maduro contra el Estado de derecho y el orden constitucional en Venezuela; desafueros sistemáticos que han comprometido la independencia de la Justicia y otros poderes públicos, limitando la capacidad del aparato estatal para responder a la crisis nacional, que a estas alturas ya no es sólo política, económica y social, sino general.

Aunque nadie contaba con que dos tercios del Consejo Permanente de la OEA votarían a favor de aplicar la Carta Democrática Interamericana y suspender la membresía de Venezuela para obligar a Maduro a entrar en razón, no dejó de sorprender que una mayoría suscribiera una declaración desdentada (1.6.2016) –promovida por Argentina– cuya propuesta para dirimir la “cuestión venezolana” es impulsar otro diálogo entre oficialismo y oposición, como si lo que estuviera en juego fuera una mera diferencia de opiniones y no el abuso de las prerrogativas del poder por parte del partido de Gobierno con miras a neutralizar a sus contendores políticos.

Como si no existieran antecedentes de juego sucio. Como si las negociaciones previas no hubieran sido instrumentalizadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para dar la impresión de apertura mientras esperaba a que la comunidad internacional dejara de prestar atención para volver a las andadas. Como si las “mesas de diálogo” auspiciadas en 2014 por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Vaticano no hubieran sido seguidas por dos años de hostigamiento gubernamental. Como si las únicas instancias mencionadas hasta ahora como futuras mediadoras no fueran vistas con recelo por la oposición.

Estabilidad sin democracia

Ni los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana) ni la UNASUR podrán, por sí solos, moderar una ronda de conversaciones prometedora. Y eso lo saben quienes pasaron diez horas –siete de ellas en receso, según las agencias de noticias– redactando y reescribiendo la “declaración conciliadora” que parece haber frenado en seco la activación de la cláusula democrática de la OEA. Paraguay fue el único Estado que respaldó explícitamente la moción de Almagro y se abstuvo de apoyar el texto firmado por sus vecinos.

La misión paraguaya alegó que el documento no incluía exhortación alguna para que Maduro dejara de obstaculizar la celebración del referendo revocatorio orquestado por sus opositores. Canadá, Colombia, Estados Unidos y otros integrantes de la OEA se limitaron a rubricar la declaración para luego lamentarse tras bastidores, tachándola de blanda e imperfecta, y admitiendo que la misma no alude a los principios de la democracia o los derechos humanos. Esto refuerza la tesis de que, por ahora, en el continente americano importa más la estabilización de Venezuela –aún con Maduro a la cabeza– que su salud institucional.

¿Es eso lo que significa practicar la Realpolitik o es todo esto más bien una manifestación del realismo mágico interamericano?

Es que en el Consejo Permanente hasta se aplaudió al embajador argentino, Juan José Arcuri, cuando éste le negó el derecho de palabra al jefe de Gabinete de Almagro, Gonzalo Koncke. Conociendo el desconcierto que ha causado la actuación de Argentina en la OEA, Julio César Ayala, otro emisario de Buenos Aires, desmintió especulaciones sobre las intenciones de su país en esta materia que no fueran las de “ayudar a Venezuela”. Ayala hacía referencia al rumor de que la Casa Rosada busca asegurar el nombramiento de su canciller, Susana Malcorra, como secretaria general de la ONU. Aún si así fuera, es demasiado temprano para descartar por completo que la iniciativa de Almagro tenga posibilidades de prosperar.