En todo país miembro de la Unión Europea debe imperar el Estado de derecho, con una Justicia independiente, una prensa libre y un ejercicio de las ciencias sin restricciones; ese es un principio cuya violación es intolerable en el bloque comunitario. Eso debería ser evidente para cualquier político medianamente racional en el club de los 27. El hecho de que el Parlamento Europeo se vea obligado a comprobar si el Estado de derecho corre serios riesgos en Hungría es, por sí solo, causa de conmoción. Esta sonora bofetada política debería ser la última advertencia para el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. El problema es que el nacionalismo ha calado tanto en Hungría a estas alturas que el pronunciamiento de Estrasburgo puede terminar beneficiando al autócrata del Danubio en lugar de perjudicarlo.

Ahora Orbán puede presentarse como víctima de los burócratas y eurofanáticos de Bruselas. Él puede congregar a sus aliados y continuar navegando en las grandes olas del populismo de derecha en la Unión Europea. Los Gobiernos de Polonia, la República Checa e Italia –y en menor grado el de Austria– están de su lado. Los partidos populistas de derecha en Francia, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Alemania respaldarán la lucha malentendida de Hungría por salvaguardar su orgullo nacional. A partir de junio de 2019, en la próxima Eurocámara, estas fuerzas hostiles a la Unión Europea podrían constituir una grande y poderosa coalición, y hacer mucho daño.

La familia Orbán, principal beneficiaria de los fondos comunitarios

No obstante, ya era hora de poner en marcha el proceso punitivo contra Hungría basado en el artículo 7 del Tratado de Lisboa. El resto de los países comunitarios no podían seguir aceptando que el Ejecutivo de Orbán tratara a las patadas los principios fundamentales de la UE y, de paso, se llenara los bolsillos con abundantes subvenciones comunitarias. Literalmente. Las empresas de la familia de Viktor Orbán figuran entre los principales beneficiarios del financiamiento de la UE. Nepotismo es el sistema que Orbán perfeccionó, según el Parlamento Europeo. Él opera desde hace tiempo bajo el principio: "Un Estado, un pueblo, un Orbán”.

La medida tomada por la Eurocámara es tan correcta como tardía. La fracción demócrata cristiana del Parlamento Europeo –al que pertenecen las formaciones alemanas Unión Demócrata Cristiana (CDU) y Unión Social Cristiana de Baviera (CSU)– debe expulsar de su seno al Fidesz, el partido de Orbán. Fue sobre todo la CSU la que se aferró a Viktor Orbán durante mucho tiempo como si de un político ejemplar se tratara.

Para la Unión Europea y su cohesión interna, el nuevo proceso penal es una mala noticia. Después de Polonia, ahora es Hungría la que está en la picota. Ya son dos los Estados miembros de la UE a los que se les atribuye la ruptura sistemática de las reglas del club. Eso corroe las bases del bloque. La brecha de la UE entre socios antiguos occidentales y socios nuevos del Este se profundizará, sobre todo considerando la creciente sospecha de que el Estado de derecho también podría estar bajo acecho en Rumania. En su discurso sobre el estado de la Unión Europea, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recomendó reconciliar en lugar de dividir. Pero, ¿cómo lograr eso con el testarudo de Orbán en Hungría y Kaczynski en Polonia?

El proceso ceñido al artículo 7 del Tratado de Lisboa toma tiempo y su resultado es imprevisible. En el segundo paso de ese proceso, Hungría puede ejercer su derecho a veto para impedir el enjuiciamiento de Polonia, y Polonia puede hacer lo mismo para salvar a Hungría. Hasta ahora, los integrantes de la UE se mostraron poco dispuestos a castigar a uno de los suyos. Un verdadero cambio de comportamiento solo se consigue imponer a través del monedero. Al mismo tiempo que se decidía sobre el proceso punitivo basado en el artículo 7 del Tratado de Lisboa, se discutía también sobre el presupuesto de la UE para el período 2021-2027. Ahí entran miles de millones de euros en subsidios para Hungría y Polonia que, sin embargo, deberían estar atados a condiciones, como la evolución del Estado de derecho en esos países de aquí en adelante. Este es el instrumento más eficaz para detener a los orgullosos patriotas con sus confusas ideas.

Italia, un caso aún más difícil

Aunque los populistas y nacionalistas italianos también están causando estragos, conseguir que el radical de derecha Matteo Salvini, ministro del Interior de Italia, entre en razón podría ser aún más difícil, a pesar de que Salvini no arremete tan burdamente contra el Estado de derecho como Orbán y de que Italia es un contribuyente neto; amenazar a su Gobierno con cerrarle el monedero no lo impresionaría mucho. Es de temer, además, que el populista de Hungría y el ultraderechista de Italia cooperen y se protejan mutuamente. Lamentablemente, ambos tienen el potencial para dividir, bloquear y alterar considerablemente a la Unión Europea.

La aplicación del artículo 7 del Tratado de Lisboa es una señal de advertencia, pero no sustituye la confrontación con las ideas de los populistas de derecha. Al final, los ciudadanos de Polonia, Hungría e Italia deben ser persuadidos de liberarse de sus Gobiernos peligrosos mientras todavía puedan elegir.

Bernd Riegert desde Estrasburgo (ERC/ER)

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