El ministro alemán de Interiores, Thomas de Maizière, articuló un discurso notable. Sí, dijo, a él le consta que en Argelia y Marruecos no hay democracia. Sí, admitió, él también sabe que quienes critican la ocupación del Sahara Occidental por parte de Marruecos corren el riesgo de sufrir represalias. Sí, enfatizó, él está al tanto de las penas de cárcel con que se castiga la homosexualidad en Túnez. Eso significa que el ministro está consciente de que estos Estados no son “seguros” desde la perspectiva de los derechos humanos y, a pesar de eso, recomienda aprobar una ley que los clasifica como tales. Su argumento: el 39 por ciento de las personas que intentan migrar desde el Magreb hacia Alemania no cumplen los requisitos para obtener asilo.

Elementos decisivos

Esa cifra es impresionante y, desde luego, representa una carga muy grande porque obliga a la administración pública a procesar solicitudes de asilo que carecen de fundamento. Pero esa cifra no es evidencia de que los países en cuestión constituyan Estados de origen seguros. Lo decisivo para determinar si existe la persecución política en un país dado no es la cifra de personas que no son perseguidas políticamente en su territorio, sino la de aquellas que sí lo son y el destino que el Estado les depara.

En Argelia, Marruecos y Túnez se violan los derechos humanos sistemáticamente, pero en diferente medida. Puede que la joven democracia tunecina tenga un mejor récord en esa materia que la autoritaria Argelia y el monárquico Marruecos; pero ninguno de esos Estados es “seguro”. Eso ha sido comprobado y confirmado en informes que están en las manos de los parlamentarios alemanes.

Es cierto que la ley aprobada resuelve algunos de los problemas que la administración pública tiene frente a solicitudes de asilo que a todas vistas carecen de perspectivas de éxito. La Oficina Federal para la Migración y los Refugiados observa con cada vez más frecuencia que los inmigrantes provenientes del norte de África ni siquiera solicitan asilo, sino que intentan ganar tanto tiempo como les sea posible porque cuentan de antemano con una respuesta negativa. En el futuro será legal mantenerlos internados para que sus casos sean estudiados rápidamente. También el tiempo dedicado al análisis de documentos se acortará porque los encargados de hacerlo ya no tendrán que justificar, una por una, las solicitudes rechazadas, sino simplemente remitirse a la ley en cuestión. En otras palabras, la ley va a cumplir su propósito: reducir el número de solicitudes de asilo sin fundamento. No obstante: la administración es una cosa y el derecho es otra.

La lógica de la necesidad

El Gobierno alemán alega que aún los solicitantes de asilo de los “Estados seguros” tendrán la posibilidad de refutar la presunción de que no se les persigue políticamente en sus países de origen. La lógica detrás de ese mecanismo es la siguiente, palabras más, palabras menos: “Nosotros sabemos que nos equivocamos al asumir que en estos Estados no existe la persecución política; pero, a pesar de eso, hemos decidido creer que así es. Si se presentaran casos aislados de persecución política en esos países, se puede objetar la presunción de que la persecución política no existe”. Eso es absurdo. Hasta ahora los solicitantes de asilo provenientes de Argelia, Marruecos y Túnez debían demostrar que tenían derecho a recibir asilo. Ahora deben refutar la presunción de que no tienen derecho a recibirlo. Esa diferencia restringe sus derechos.

En un Estado de derecho como el alemán no es legítimo tergiversar los hechos para satisfacer las necesidades de la administración pública. Argelia, Marruecos y Túnez no son “Estados de origen seguros”. La ley intenta ajustar la realidad a las expectativas de la clase política. Es decir, con esta ley, el Gobierno alemán tuerce la realidad a conveniencia.

Para aprender: aquí puede usted leer la versión original de este comentario en alemán.