Como era de esperarse, la recién electa Asamblea Nacional venezolana, ahora dominada por la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se negó a aprobar el Decreto de Emergencia Económica propuesto por el gobierno de Nicolás Maduro. Los argumentos esgrimidos por la comisión delegada para estudiar el contenido del documento podrían resumirse en que su formulación, lejos de ayudar a solucionar la crisis, no haría más que agravarla.

Las causas para asumir tal posición, según comparten los especialistas más serios en la materia, se basan en el hecho de que la solicitud del decreto parte de un diagnóstico absolutamente enajenado, que obvia el análisis más elemental de las causas de la crisis y no ofrece ninguna acción específica para su solución. Pero además, como planteaba Felipe Pérez Martí, economista y exministro de Planificación del propio Hugo Chávez, la medida “pretende seguir con la misma política económica que produjo la emergencia, empoderando aún más a quien, con todo el poder bajo su mando, no sólo no evitó la situación en la que estamos, sino que la produjo directamente como consecuencia de su actuación”.

Para ofrecer unos datos mínimos que ilustren esta tormenta tropical, digamos que luego de un año ocultando cifras, el Banco Central de Venezuela debió admitir finalmente una inflación del 145 por ciento para el año 2015. Si esto parece una exageración, lo es mucho más saber que la cifra es tan baja como resultado de una subestimación de la data y la manipulación de los métodos de medición. Pues la realidad, según instituciones independientes, es que un número más realista se ubicaría entre 200 y 300 por ciento. De hecho, el viernes (22.01.2016) el Fondo Monetario Internacional anunció una previsión inflacionaria del 720 por ciento para el año 2016 y una caída del PIB del 8 por ciento.

Para quienes siguen creyendo que todo esto es resultado de una confabulación internacional y de la caída de los precios del petróleo, es imperativo explicarles que la realidad es exactamente inversa. En 1999, año del primer triunfo electoral de la llamada revolución bolivariana, el precio del petróleo venezolano rondaba con dificultad los 10 dólares por barril en el mercado internacional de commodities. Momento a partir del cual, coincidiendo con la llegada del popular líder venezolano, comenzó una subida imparable que elevó su precio por sobre los cien dólares, produciendo así un ciclo de riqueza como nunca nadie había podido imaginar en este país. Un ciclo que, como otros anteriores, ha llegado a su fin, dejando en el lapso de tres lustros un reguero impreciso de cifras que se cuentan en billones de dólares.

¿Pero adónde ha ido a parar toda esa riqueza? ¿Cómo puede explicarse que semejante fortuna despilfarrada legara a este país una pobreza aún mayor que la de 1999? Esas son las preguntas que evita formular el Decreto de Emergencia Económica de Nicolás Maduro. Y las respuestas que no quisieron dar sus ministros, cuando se negaron el pasado jueves a asistir a la convocatoria realizada por el Parlamento para debatirlo, rechazando además entregar la información que permitiría realizar una más exacta radiografía del saqueo y la ruina del país.

Manuel Silva-Ferrer es periodista, experto en Ciencias Políticas y medios de comunicación. Estudió Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y es doctor en Filosofía por la FU Berlín, donde trabaja como investigador y docente.