¿Cuánto tiempo más tolerará el ministro del Interior, Horst Seehofer, que el partido Alternativa para Alemania (AfD) y sus seguidores pisoteen el Estado de derecho? Desde lo ocurrido en Chemnitz, está claro que una democracia no tiene por qué tolerar, en nombre de la libertad de expresión, a los extremistas de derecha. Es más, debe defenderse con todos los medios constitucionales de estas agresiones.

Más de la mitad de los alemanes está de acuerdo, según un sondeo realizado por el instituto Civey, con la idea de que el AfD sea vigilado por los servicios de inteligencia. Y tienen razón. Un partido cuyos miembros piden hacer justicia por sus propias manos y llaman a atacar a los medios son un peligro en sí mismos. Un partido que organiza marchas junto al grupo xenófobo Pegida hace causa común con los extremistas de derecha.

La vigilancia de un partido por parte de los servicios de inteligencia es la medida más dura que tiene al alcance de la mano el Estado para mantener a raya a una organización política antes de la prohibición. Se puede recurrir a ella cuando existe sospecha fundada de que una asociación o un partido está planeando ejecutar actos que van en contra de la legalidad vigente.

Radicalización constante

La radicalización del AfD no es nada nuevo, así como tampoco la idea de someter a este partido a una vigilancia. No solo los socialdemócratas, verdes y una parte de los cristianodemócratas han advertido sobre lo peligroso que se ha tornado el partido. Incluso miembros del AfD han decidido salirse del movimiento por esta misma razón.

La más conocida es la antigua líder del partido, Frauke Petry. También está Anette Schultner, exportavoz de la plataforma "cristianos en el AfD", y Franziska Schreiber, expresidenta de la juventud del partido en Sajonia, quien recientemente advirtió en su libro ""Inside AfD. Bericht einer Aussteigerin" de la creciente dominación que ejerce sobre el movimiento la dominante ala nacionalista de derecha.

El AfD hace tiempo que abandonó su máscara ciudadana. Sus deslices verbales no solo apuntan a sacudir el Estado de derecho. Sus miembros y seguidores actúan de manera pérfida para relativizar los crímenes del nazismo, como mostró el escándalo generado por la visita de un grupo de partidarios de Alternativa para Alemania en julio pasado al memorial del campo de concentración de Oranienburg.

Seehofer se queda en el sofá

Parece ser que la protección constitucional es más dura en Baviera, de acuerdo con el análisis de la situación que parece hacer el exministro presidente bávaro y actual ministro del Interior, Horst Seehofer. En Baviera, la oficina de seguridad tiene a algunos funcionarios desde marzo de 2018 vigilando al AfD, luego de que se detectara cercanía entre el partido y el movimiento radical "Reichsbürger".

Pero lo que es válido en Baviera parece no serlo para el resto del país. O al menos así lo ve Seehofer. Para él, incluso tras lo sucedido en Chemnitz, no se presentan los "requisitos para una vigilancia a nivel nacional del AfD". Para gozo de ese partido, Seehofer tampoco se ha desdicho de sus palabras de febrero de 2016, cuando dijo que la política de refugiados del Gobierno federal estaba conduciendo al "imperio del caos".

Cómo opera en realidad el imperio del caos podría haberlo visto Seehofer en directo en Chemnitz. Pero no lo hizo. El ministro del Interior debería ser el primero entre todos en defender el Estado de derecho. Para decirlo en palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas: incluso Seehofer tendría que "levantarse del sofá".

Ya llegó el momento en que todos defendamos nuestra democracia de sus enemigos. El que sale a la calle por el Estado de derecho necesita verse respaldado. El que propaga odio debe saber que hay fronteras que se van a hacer respetar, porque la libertad de expresión no incluye el derecho a destruir la democracia.

Autora: Astrid Prange (DZC/RRR)

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