Y es realmente noticia: lástima que la prensa independiente de Nicaragua apenas pueda comentar sus implicancias, en un contexto en el que varios canales opositores fueron censurados por transmitir la ola de manifestaciones que desde hace días sacude al país centroamericano. Y por eso tampoco sorprende que nadie le crea.

Ortega deroga reforma detonante de las protestas en Nicaragua

Ni propios ni extraños: ahora los opositores creen que la marcha atrás en la reforma de la seguridad social por parte de Ortega -el desencadenante de la protesta- no es suficiente, mientras las fuerzas de choque del régimen los siguen aterrorizando en las calles como si él no hubiera dicho nada, en un juego perverso que ya ocasionó unos 30 muertos (uno de ellos periodista), según denuncian los organismos de derechos humanos.

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Aunque una interpretación más plausible sería que Ortega -al colmo del descrédito- llama a pacificar al país mientras en realidad incrementa la represión, en un doble juego de consecuencias inciertas. No se trata -al menos por ahora- de que el país se le haya ido de las manos, sino de que está aumentando la represión en contra de su propio pueblo mientras intenta aparecer como una voz reflexiva que llama a pacificar Nicaragua. De hecho, los propios sandinistas encendieron la mecha a instancias del gobierno al atacar a grupos de manifestantes autoconvocados contra la reforma previsional draconiana del mandatario, que aumenta aportes patronales y laborales, y reduce en un cinco por ciento las ya raquíticas pensiones del segundo país más pobre de Latinoamérica.

Lejos de la revolución sandinista

¿Qué le queda a la oposición en ese escenario? Luego de que Ortega pusiera funcionarios del régimen al frente de partidos opositores y se hiciese reelegir en unas elecciones con rivales electorales testimoniales, parece que solo puede ventilar su descontento en las calles. Aunque a la luz de la represión, ni siquiera le queda eso: los opositores se refugian en lugares que hasta ahora parecían infranqueables para la policía, como sedes universitarias e iglesias.

Pero ya ni eso respeta este gobierno sandinista, cada vez más alejado de aquella revolución que echó del poder a la familia Somoza, y cada vez más parecido a esa familia en el ejercicio despiadado del poder. No por nada, Ortega controla lo que se hace y deshace en el país y quiere controlar lo que se dice a través de la censura y de una miríada de medios oficialistas a cargo de los hijos del presidente Ortega y de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.

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La comunidad internacional sería la única salida

Así las cosas, los estudiantes han sido atacados por la policía en predios universitarios y hasta en la catedral de Managua, donde el cardenal de la capital nicaragüense abogó por ellos, lo cual abriría un espacio para que la Iglesia católica intente mediar y ayude a corregir (al menos parcialmente) el desaguisado provocado por años de nepotismo y ejercicio de poder sin contrapesos por parte de la familia Ortega.

En otras palabras, nada indica que Daniel Ortega quiera realmente dialogar ni dar marcha atrás con la represión y su polémica reforma de la seguridad social. Al contrario. Todo podría darse vuelta de la noche a la mañana, con un presidente que controla la Justicia y el Parlamento, además de fuerzas antimotines expertas en eliminar la disidencia en las calles. Y que para peor se hace reelegir en elecciones arregladas. Otra vez la comunidad internacional sería la única salida para una oposición que desfallece. Y por lo visto en Venezuela, donde prácticas similares continúan a pesar de la condena regional y las sanciones aprobadas por Estados Unidos y la Unión Europea, se trata de una esperanza por demás incierta.

El trasfondo

Y ya que hablamos de Caracas: lo cierto es que la debacle económica de Venezuela está teniendo su impacto en Nicaragua. La mitad de la energía que consume el país centroamericano se produce en base a petróleo venezolano. Y Venezuela amplió los intereses que le cobra a su "aliado" a cambio del fluido en un contexto de caída del precio internacional del petróleo e hiperinflación, a lo que se suma ahora el impacto de las sanciones internacionales. Ortega, a su vez, multiplicó a partir de 2007 los subsidios de las tarifas eléctricas. Pero la bonanza está llegando a su fin y el régimen de Managua quiere prepararse para una etapa con menos subsidios. Y esto parece muy difícil de vender a la población y especialmente para la familia Ortega. Es lógico: los ciudadanos nicaragüenses no quieren pagar la factura de años de desmanejos y de corrupción por parte de sus opresores.

Leandro Uría (VT)

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