El Parlamento Europeo se prepara para inaugurar un diálogo entre los diputados del bloque y sus pares de Centroamérica, con una reunión consultiva de tres días que da inicio el lunes, 21 de julio de 2025, en Costa Rica.

La oposición nicaragüense busca aprovechar la cita para volver a pedirle a la Unión Europea que revise la relación comercial y política con el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que acusan de haber cometido crímenes de lesa humanidad y destruido la democracia en el país.

"Vamos a conversar con los eurodiputados para plantearles que en Nicaragua hay una crisis democrática y un régimen que ha violentado los derechos civiles y políticos”, afirma en entrevista con DW Juan Sebastián Chamorro, miembro de la opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN).

Chamorro indica que la CDN, un conglomerado de dirigentes de organizaciones políticas y de la sociedad civil, en su mayoría en el exilio, ha contactado al grupo de 12 parlamentarios europeos que se reunirán en San José con legisladores centroamericanos, incluyendo miembros del Parlamento oficialista de Nicaragua.

En la reunión constitutiva del Comité de Asociación Parlamentario Unión Europea-Centroamérica (CPA), en San José, se buscará crear las bases de "un diálogo parlamentario estructurado entre ambas regiones” que ayude a la transparencia y seguimiento democrático del acuerdo, según anunció un comunicado del Parlamento Europeo.

La delegación visitante está integrada por diputados de Austria, Eslovenia, España, Estonia e Italia.

"No hay desarrollo sin libertad"

El mensaje central que quieren llevarles, dice Chamorro, "es que no puede haber un desarrollo económico integral sin libertad y respeto a los derechos fundamentales”.

Nicaragua es parte desde 2013 del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la UE y Centroamérica, que además de la rama comercial y de cooperación incluye el diálogo político y establece como elementos esenciales el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos por parte de los países miembros del pacto.

Pese a que, en febrero pasado, el Parlamento Europeo aprobó una firme resolución sobre Nicaragua, pidiendo activar la cláusula democrática del AdA, lo que llevaría a su posible suspensión, la gestión no prosperó en el Ejecutivo de la UE.

En esa ocasión, el eurodiputado italiano Carlo Fidanza, del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, señaló que una reforma constitucional aprobada en Nicaragua en enero pasado, otorgando poderes absolutos a Ortega y Murillo, "afianza a esos dos esposos en la cumbre de ese régimen que pisotea desde hace años el Estado de Derecho”.

En el mismo sentido, la española Leire Pajín, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, agregó: "Por muchas reformas que hagan, no será nunca aceptable la persecución política y la limitación de los derechos fundamentales” de los nicaragüenses. 

Un mensaje a Kaja Kallas

La CDN envió hace una semana una carta a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, solicitándole invocar de inmediato el diálogo político "como requisito vinculante para la puesta en marcha de cualquier medida de cooperación” bajo el AdA.

La agrupación también propuso a Kallas condicionar futuras negociaciones "sobre la asignación de fondos o la ampliación de las preferencias comerciales” a la liberación de los presos políticos (que suman 54, según los últimos reportes), la restauración de la independencia del Poder Judicial y el libre ingreso de observadores electorales internacionales a Nicaragua.

Chamorro, exprisionero político, desterrado y despojado por Ortega de su nacionalidad y sus propiedades, confía en que los diputados europeos serán receptivos, ya que "no puede existir asociación de Europa, uno de los baluartes de la democracia en el mundo, con un régimen que no intenta generar un diálogo político y esté implicado en crímenes de lesa humanidad”.

Pese a la lentitud de los plazos, opina que "la diplomacia tiene su forma de trabajar” y se dice "seguro de que los directivos de la UE están clarísimos de la situación de represión y no se quedarán callados en la defensa de la democracia”.

Nicaragüenses "esperan coherencia de la UE”

Consultada por DW, la defensora de derechos humanos Sara Henríquez recuerda que el Gobierno de Ortega "ha desatendido todas las recomendaciones de los organismos internacionales” en materia humanitaria "y ha cruzado todos los límites, con encarcelamientos, torturas, confiscaciones, persecución a la iglesia católica, el cierre de más de 5000 oenegés, universidades y medios de comunicación”.

La crisis se agudizó a raíz de las protestas sociales de 2018, cuando la represión de policías y paramilitares dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos y miles más encarcelados en distintos momentos, de acuerdo con el Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua (GHREN).

Desde entonces, el Gobierno ha despojado de su nacionalidad a por lo menos 450 opositores conocidos, y mantiene a cientos más con prohibición de ingreso al país o bajo casa por cárcel de facto, según la misma fuente.

Hoy "una aparente normalidad disfraza a Nicaragua bajo el miedo, el silencio, el adoctrinamiento y el  empobrecimiento, convertida en una cárcel con límites discrecionales para quienes pueden y no pueden entrar o salir del país”, expresa Sara Henríquez, también socióloga feminista y exiliada.

Recuerda que, desde 2019, la UE ha renovado anualmente sanciones contra 23 personas y tres instituciones de Nicaragua por violaciones de derechos humanos "y por ende, la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación también ha sido violentada por el régimen Ortega Murillo”.

"Los nicaragüenses simplemente esperan que Europa cumpla sus compromisos y que actúe con coherencia, porque evadir las responsabilidades de los gobiernos  fortalece los regímenes autoritarios y multiplica las violaciones de los derechos de sus ciudadanos”, subraya Henríquez. (ms)