"El dictador es la huelga": bajo este título, la senadora del partido gobernante de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia, nieta de un expresidente, publicó a principios de junio un polémico artículo compartido numerosas veces como cadena de Whatsapp. En él, Valencia dice que las manifestaciones en Colombia son antidemocráticas  y que solo buscan crear las condiciones como en la vecina Venezuela.

El título del texto hace referencia a comentarios de algunos manifestantes sobre que  "Colombia ya no es una democracia, sino una dictadura". Se refieren a los casos de violencia policial que se han hecho públicos en las últimas semanas. Desde finales de abril, cientos de miles de personas se manifiestan contra la injusticia social, la corrupción y la pobreza.

Entretanto, hay cada vez más personas que no se identifican con las protestas y portan camisas o camisetas blancas. Pero numerosos videos demuestran que, al menos algunos, no vacilan en empuñar armas. A primera vista, se trata de frentes endurecidos. Ricos contra pobres; derecha contra izquierda. Pero al igual que los huelguistas, los opositores a la protesta no son un grupo homogéneo.

Más de 3.500 casos de violencia policial durante las protestas

"Quemar tiendas y destruir bienes, eso no es una protesta pacífica", dice Elías León Marín, presidente de la Asociación de Suboficiales Retirados de la Fuerza Aérea Colombiana (ASURFAC). El veterano de 62 años ayudó a organizar una contramanifestación a las huelgas bajo el lema "Marcha del silencio" en Bogotá a finales de mayo. Y miles de personas marcharon con él.

"Queríamos mostrar a todo el mundo que la protesta puede ser pacífica", dice León Marín. Aunque cree que hay policías que usan la violencia, "eso no es más del dos por ciento de las fuerzas de seguridad. La mayor parte de la violencia provino de los huelguistas", asegura el exmilitar.

Que sólo contados policías son responsables de la violencia es un argumento recurrente. A esa afirmación se contraponen las cifras de ONGs como Temblores, que hablan ya de más de 3.500 casos de violencia policial sólo durante las protestas. Sin embargo, la retórica de los casos individuales existe en ambos lados. Incluso desde las filas de los huelguistas se dice que sólo unos pocos manifestantes recurren a la violencia. Pero en contraposición a eso están los informes de varios cientos de heridos de las fuerzas de seguridad.

El vandalismo y la violencia conforman solo uno de los argumentos utilizados por los opositores a la huelga. La oposición a los bloqueos es aún más común, afectando especialmente a la tercera ciudad más grande, Cali, y sus alrededores. "Hay que distinguir claramente entre los que se oponen a la huelga y los que se oponen a los bloqueos", dice Omar Oróstegui, analista político. "Mientras que la gente que rechaza completamente la huelga no suele querer ver los problemas del otro, la gente que se opone a los bloqueos suele incluso simpatizar con el Paro Nacional". 

También Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, dice que entiende las reivindicaciones de los huelguistas: "La desigualdad y la corrupción crean desesperanza, y eso, lógicamente, genera rabia". Pero debido a los bloqueos, le preocupa el impacto económico. Según una encuesta de esa Cámara, el 90 por ciento de las empresas del departamento del Valle del Cauca no han podido operar durante este tiempo en absoluto, o sólo de forma limitada. Las principales razones: dificultad de abastecimiento de materias primas, movilidad limitada y sensación de inseguridad por los bloqueos.

Si los bloqueos continúan, esto tendría consecuencias fatales para las empresas de la región, según Piedrahita. Y así también para los trabajadores. "Entiendo que los bloqueos son para llamar la atención de los problemas. Pero si se mantienen de forma permanente, nos perjudican a todos a largo plazo".

Feria de empleo para jóvenes a cambio de desbloqueo

En algunos lugares, los huelguistas han levantado sus bloqueos. Al mismo tiempo, el Comité Nacional del Paro volvió a romper las conversaciones con el gobierno el domingo pasado. Además, muchos de los huelguistas no se sienten representados por el comité. Por eso hay diálogos locales, como en Cali.

Pero para algunos no son lo suficientemente locales. Jorge Elías González, gerente de un centro comercial en Dapa, un suburbio de Cali, ha organizado diálogos con los manifestantes que bloquearon la calle frente a su centro comercial. Desde su punto de vista, ha sido todo un éxito: "La calle está ahora despejada y estamos trabajando con los chicos de la huelga para darles mejores oportunidades a través de una feria de empleo local, aquí, en la ciudad, entre otras cosas".

Todo esto, dice González, sólo fue posible porque la Policía de Investigación (SIJIN) había detenido previamente a cinco de los bloqueadores. González cree que esto es lo correcto. Los habitantes de Dapa ya no tendrían acceso a los supermercados, los hospitales o su lugar de trabajo. Puede entender que los residentes protesten con vías de hecho por desesperación. Sin embargo, explica, en Dapa sólo hubo disparos de advertencia en el aire.

"Muchos colombianos están de acuerdo, en principio, en que debe haber más oportunidades para todos, menos corrupción y más equidad", dice el politólogo Oróstegui, sin dejar de mencionar que "cuando las formas de conseguirlo no son las habituales, se hace más difícil".

Todo el mundo es culpable, ¿menos el Gobierno?

Reformas, renta básica incondicional, la renuncia del presidente: todas esas son propuestas -serias o no- que buscan ayudar a mejorar la situación. Pero la disputa sobre el contenido se ve repetidamente eclipsada por las acusaciones de ideología. Elías León Marín, el exmilitar pensionado, por ejemplo, está convencido de que los huelguistas son supuestamente pagados para que salgan a la calle, o copian sus ideas de los ideólogos.

Jorge Elías González, el comerciante de Cali, es más claro: según él, el candidato presidencial de izquierda Gustavo Petro está detrás del paro y la violencia. Una idea que el medio Semana ya publicó en su portada hace varios días, y que los partidarios del expresidente derechista Álvaro Uribe difundieron bajo el hashtag #Petrobastaya.

Aunque, en muchos casos, los frentes entre huelguistas y opositores probablemente no estén tan endurecidos como parece a primera vista, las acusaciones ideológicas están alimentando una situación ya de por sí caldeada.

Teniendo en cuenta las elecciones del año que viene, eso no es de extrañar. Pero con el telón de fondo de que al menos 60 personas han muerto durante las protestas, es extremadamente peligroso.

(jov/cp)