Orden de captura contra expresidente hondureño Hernández
15 de febrero de 2022
Estados Unidos había pedido ayer su extradición. El político fue detenido poco después sin oponer resistencia alguna. Ya se había declarado "listo para colaborar y llegar voluntariamente" a la audiencia para defenderse.
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Un juez hondureño dictó este martes (15.02.2022) orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), cuya extradición había sido solicitada por Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, informó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte. El juez en sus facultades tenía "que decidir si se emite la orden de detención y ya se ha emitido", dijo el portavoz en rueda de prensa. Apenas dos horas después, el expresidente fue detenido sin oponer resistencia.
Estados Unidos solicitó el lunes a la Cancillería de Honduras el "arresto provisional" de Hernández "con el propósito de extradición" a ese país. Desde entonces, la residencia del político estaba rodeada por 600 policías. El exepresidente, quien el 27 de enero pasado concluyó ocho años de mandato, dijo en un audio difundido tras conocerse la noticia que estaba "listo para colaborar y llegar voluntariamente" a la audiencia judicial que decidirá su suerte, "para poder enfrentar esta situación y defenderme".
Duarte añadió que la orden fue remitida a las autoridades del ministerio de Seguridad, quienes decidirán si lo presentan este mismo martes a la primera audiencia, dado que tienen 24 horas para hacerlo. Sin embargo, los abogados del expresidente dijeron en un comunicado que "ante la voluntad manifiesta del señor Hernández de someterse voluntariamente al proceso de extradición, no se aprecia la necesidad de que se proceda al libramiento de la orden de arresto", que finalmente sí fue ejecutada.
Hernández es acusado de tres cargos por el país solicitante. El primero es "conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos (...) con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos". También se le acusa de "usar o portar armas de fuego, o ayudarle a instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego (...) ametralladoras y dispositivos destructivos". El tercer cargo es por "conspiración para usar o portar armas de fuego (...) en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos" a Estados Unidos.
lgc (efe/afp) Última actualización a las 22:50 con la detención del expresidente.
América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.