"Sin importar quién gobierne, vemos patrones similares en la región centroamericana: reducción del espacio cívico, criminalización de periodistas, persecución de defensores de derechos humanos y medioambientales”, explica a DW el medioambientalista de Nicaragua Amaru Ruiz, presidente de la ilegalizada Fundación del Río, en el exilio desde 2018 y declarado apátrida en febrero de 2023.

"Instrumentalizando la recomendación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana -en cuanto al monitoreo de organizaciones para evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo-, los países de la región han tomado medidas coercitivas y de criminalización de las organizaciones de la sociedad civil”, dice Amaru Ruiz.

Por otro lado, "ha habido un boom del financiamiento climático internacional para Centroamérica, con aprobación de varios programas e inversiones. Pero no acabamos de entender por qué a mayor inversiónen cambio climático, bosques y protección ambiental, hay un incremento de ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientales. Honduras, Nicaragua y Guatemala encabezan las listas de Global Witness”, continúa Amaru Ruiz. 

Integrando un consorcio centroamericano de organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento de la democracia, el activista nicaragüense y otros, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, tocan las puertas de las instituciones europeas para pedir mecanismos de auditoría y control, tanto en fondos verdes como en el marco del acuerdo de libre comercio que tiene la UE con la región desde el 2012.

"Hemos venido a recordarles que nuestra región está siendo golpeada por la impunidad y que no podemos ignorar el patrón que se repite: cooptación de las instituciones del Estado, retrocesos en libertades y gobiernos que avanzan cada vez más hacia el autoritarismo”, dice a DW Keyla Canales, abogada especializada en derechos humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de Honduras.

Los pocos avances y los muchos retrocesos en materia de lucha contra la impunidad que ha habido en la región reafirman a la especialista hondureña en su estado de alerta: "Es verdad que en los últimos doce años se crearon muchas organizaciones de maletín, que tienen que ver con el crimen organizado y el lavado de dinero. Estamos alerta, también para evitar que suceda en Honduras lo que está sucediendo en Nicaragua y Guatemala”, afirma Keyla Canales. La abogada hondureña subraya lo difícil que está siendo poder establecer una comisión internacional contra la impunidad en Honduras, donde aún tienen que ser derogadas leyes que blindan a ciertos actores políticos contra la justicia.

Acusaciones de injerencia

¿Se puede, desde Bruselas, interferir en estos procesos internos de los estados centroamericanos? "Si las instituciones europeas se pronunciasen contra algo que es tan inconstitucional como el estado de excepción, que lleva 15 meses, y la reelección en El Salvador, seguro que habría objeciones alegando injerencia extranjera”, dice a DW Walter Torres, miembro del Equipo de Tutela Legal de la Asociación Dra. María Julia Hernández.

"Los acusan de injerencia, pero al momento de recibir fondos de inversión y cooperación internacional no se oponen a la injerencia”, agrega Torres. Los logros en materia de seguridad en su país, el sicólogo salvadoreño, especialista en víctimas del conflicto armado, los cuestiona: "Seguridad no es sinónimo de militarización. Las poblaciones más desprotegidas de El Salvador están siendo condenadas no por ser parte de pandillas, sino por ser jóvenes y de escasos recursos”, afirma Torres, subrayando las maniobras legales del actual gobierno para, alterando estructuras municipales, conservar mayorías parlamentarias.

En esa medida, los representantes del consorcio centroamericano de organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales hacen hincapié en el Acuerdo de Asociación entre la UE y seis países de América Central (los cuatro del consorcio más Panamá y Costa Rica).

Las organizaciones europeas acompañantes de la gira enfocan el Título 8 del capítulo de Desarrollo Sostenible, donde los firmantes -27 países de la UE y 6 países de Centroamérica- "reconocen la importancia de tomar en consideración los intereses económicos, sociales y medioambientales de sus poblaciones y las generaciones futuras”.

"Hasta ahora hemos visto lo contrario”, dice Amaru Ruiz, abogando por que se instaure el mecanismo de monitoreo.

Por su parte, desde la convulsionada Guatemala, "hemos dicho ¡hasta aquí! a la corrupción y la impunidad”, dice a DW Héctor Reyes, del Centro para la Acción Legal. "Venimos a pedir a las instituciones europeas que fortalezcan la débil democracia guatemalteca acompañando el proceso un poco màs allá de la toma de posesión del nuevo gobierno”.