La organización Amnistía Internacional llamó a hacer una investigación a fondo en torno a las detenciones de la CIA, su programa de interrogatorios y la destrucción de las cintas de los interrogatorios de dos miembros de Al Qaeda.

Según funcionarios del gobierno estadounidense, por lo menos dos videograbaciones del interrogatorio a Abu Zubayadah y a otro miembro de Al Qaeda, realizadas en el 2002 fueron destruidas por decisión de la agencia ya que comprometían la identidad de los agentes. En el interrogatorio fueron utilizadas técnicas de tortura, como la llamada ‘waterboarding’ que simula el ahogamiento, a la que fue sometida Abu Zubayadah. Desde la Segunda Guerra Mundial dichos métodos son controvertidos y distintas organizaciones de derechos humanos los han repudiado calificándolos como una cruel tortura.

El jefe de la CIA, el general Michael Hayden, dijo que las videograbaciones fueron destruidas en el 2005 pues de haber salido a la opinión pública expondrían a sus agentes a la ira de Al Qaeda y de sus simpatizantes.

Investigación a fondo

La organización Amnistía Internacional advirtió que si dichas cintas contenían evidencia criminal entonces los implicados tenían una responsabilidad ante la justicia. La organización con sede en Londres afirma que la destrucción de las cintas sigue el patrón de medidas adoptadas por el gobierno estadounidense que bloquea toda rendición de cuentas en violaciones a los derechos humanos por parte de personal estadounidense durante la guerra contra el terrorismo. Esta situación afecta particularmente a las agencias de inteligencia.

La organización pide una investigación a fondo del programa de detenciones e interrogatorios de la CIA, así como de la destrucción de las grabaciones. “Los documentos y toda la evidencia relacionada con la autorización del programa y del tratamiento de los prisioneros debe hacerse de conocimiento de la opinión pública”, reclama la organización.

“Las fotografías de los abusos cometidos en la cárcel de Abu Graib por parte de soldados estadounidenses, son evidencia de la tortura y abusos cometidos que violan las leyes internacionales”, afirma.

Torturas inimaginables

Las videograbaciones de los interrogatorios realizados en 2002, involucran a Abu Zubaydah y a un segundo detenido, supuesto miembro líder de Al Qaeda, que no ha sido identificado en los reportes salidos a la luz pública.

Abu Zubaydah fue detenido por la CIA en Paquistán en el 2002 y llevado a una cárcel secreta en Tailandia. Fue sometido a un mal trato que bajo las leyes internacionales sería equiparable a tortura. Estuvo incomunicado durante tres años y medio, fue forzado a desnudarse, sometido a fríos extremos, aislamiento, fuerte música y también fue obligado a permanecer en una jaula llamada “caja de perro”, en donde no hay suficiente espacio para mantenerse de pie. También fue sometido a simulacros de ahogamiento.

Después de tres años y medio de detención secreta Abu Zubaydah fue transferido a la base naval de Guantánamo, junto con otros 13 detenidos que habían estado bajo custodia de la CIA. Durante una audiencia ante uno de los llamados Tribunales de Revisión del Estado de los Combatientes (CSRT según sus siglas en inglés) en marzo pasado, Abu Zubaydah dijo haber sido sometido a torturas durante meses.

Relator de la ONU pide liberación de detenidos

También el relator especial de la ONU para los derechos humanos y la lucha antiterrorista, Martin Scheinin, exhortó a Estados Unidos que aplique la ley humanitaria internacional y que libere a los detenidos en la base de Guantánamo. El relator especial recordó a Estados Unidos que la lucha antiterrorista no es una guerra en el sentido estricto del término y que incluso durante un conflicto armado no ordinario debe aplicarse la ley internacional de derechos humanos.

El relator de origen finlandés expresó una gran preocupación ante la incapacidad de los detenidos para defenderse, ya que ni siquiera cuentan con el derecho al ‘hábeas corpus’, que obliga a presentar ante el juez a todo detenido en el plazo de 24 horas, que fue excluido por la Ley Militar del 2006. Ante esta situación el relator pide a George W. Bush que los juzgue o que los libere.