La condena de 26 años de prisión a un obispo, y el destierro y despojo de la nacionalidad nicaragüense a un grupo de sacerdotes y laicos, medidas ordenadas por el régimen sandinista de Daniel Ortega, confirman el propósito de “destrucción y persecución institucionalizada” en contra de la Iglesia católica de Nicaragua, señalaron defensores de derechos humanos consultados por DW.

El obispo Rolando Álvarez, una de las voces más críticas contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, fue condenado sin mediar juicio por los mismos delitos que el régimen imputa a todos los opositores encarcelados: “Propagación de noticias falsas” y “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, entre otros delitos adicionales.

Los colectivos nicaragüenses de derechos humanos coinciden en que el caso de monseñor Álvarez y del resto de laicos y sacerdotes apresados, acusados, condenados y desterrados, conservan el mismo patrón de ilegalidades y violaciones al debido proceso.

Álvarez fue apresado el 19 de agosto de 2022, tras 15 días de un férreo cerco policial en el Palacio Episcopal de Matagalpa, ciudad del norte de Nicaragua, de la que es obispo. El jueves 4 de agosto, un día despúes que los agentes bajo el mando directo de Ortega iniciaron el asedio, al obispo se lo vio desafiando el cerco policial, enfundado en su habitual sotana negra con botones rojos.

Obispo: "Miedo y de rodillas, solo ante Dios"

“Miedo y de rodillas, solo ante Dios”, exclamó Álvarez hincado en la acera de la Curia, ante los oficiales armados que lo vigilaban.

El juicio contra el obispo había sido programado para fines de marzo, y luego para el 15 de febrero de 2023. Sin embargo, el 9 de febrero, tras negarse a subir al avión en el que sería desterrado junto a otros 222 presos políticos, Álvarez fue enviado a la temida cárcel de La Modelo, al norte de la capital, y, horas más tarde, condenado a la pena más alta imputada a un opositor en los últimos años.

Ese mismo día, en cadena nacional de radio y televisión, por la noche, el propio Ortega, en medio de las risas de Murillo, se mofó del líder religioso y lo llamó “desquiciado”, “energúmeno” y “soberbio”, por no haber dejado imponerse el destierro.

En declaraciones a DW, la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) condenó y rechazó “la condena injusta y sobre todo ilegal contra monseñor Álvarez” y el resto de religiosos.

Persecución institucionalizada

Para la reconocida defensora de derechos humanos, “esa condena viene a reafirmar el propósito de destrucción y la persecución institucionalizada en contra la Iglesia Católica” por parte de Ortega y Murillo.

“Contra monseñor (Álvarez) este régimen despótico se ha ensañado de una manera perversa; debemos estar vigilantes a lo que le ocurra”, advirtió Núñez.

A través de un comunicado, el CENIDH expresó “estupor e indignación” tras conocer la condena contra el obispo, calificando el proceso legal como una “farsa judicial” en la que se le achacaron nuevos delitos: “Obstrucción de funciones agravada y desobediencia y desacato a la autoridad”.

“Tenemos información de que no ha habido ningún juicio en el presente caso. Tampoco la Fiscalía acusó ni se tramitó ninguna investigación ni audiencia inicial” por los nuevos delitos, denunció el CENIDH.  

Una atrocidad jurídica

La sentencia también fue repudiada y calificada como una “atrocidad jurídica” por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, “por ser arbitraria e inconstitucional a través de un proceso judicial oculto, desconocido y nulo”.

El colectivo denunció la persecución contra la Iglesia católica, el asedio contra sacerdotes, el impedimento de las actividades religiosas y la intimidación a la feligresía por parte del régimen de Ortega. Nicaragua Nunca Más ya había advertido en 2022, sin precisar cifras, el exilio masivo de sacerdotes y seminaristas para evitar ser encarcelados por alzar su voz contra la crisis política que atraviesa el país.

El abogado Yader Valdivia, miembro de ese colectivo en el exilio, aseguró a DW que Ortega ha violado continuamente el derecho a libertad de religión en Nicaragua desde 2018, a partir de la rebelión social que puso en jaque a su gobierno hace casi cinco años.

Pero esa violación, añade Valdivia, fue más directa en 2022 y se comienza a criminalizar y perseguir de forma directa a sacerdotes, tras una iniciativa de ley que se presenta en el parlamento -bajo control absoluto de Ortega- para investigar a líderes religiosos y acusarlos por el supuesto intento de golpe de estado omnipresente en el discurso oficialista.

Usurpan actividades religiosas

También se da en un contexto en el que hay atentados contra la Iglesia y se atacan símbolos religiosos, mientras las alcaldías controladas por el régimen también comienzan a asumir actividades que meramente le corresponden a la Iglesia, como las procesiones, y cuando no lo logran niega los permisos para realizar festividades religiosas en la vía pública, explicó Valdivia.

Pero las violaciones a la libertad de religión prosiguieron “con agresiones a los feligreses que intentan participar en las misas, la vigilancia (policial) a las misas y luego los arrestos ilegales de los sacerdotes, algunos de ellos acusados por delitos comunes, a quienes se le ha violentado el derecho a la defensa”, denunció el defensor de derechos humanos.

No obstante, Valdivia recordó a DW que el patrón de criminalización de los sacerdotes se inició en 2018, cuando la pareja presidencial de Nicaragua buscó a la Iglesia católica para mediar en la revuelta masiva. “Pero como la Iglesia no se parcializa con el régimen, Ortega y Murillo se molestan, lo toman como una traición y comienzan a perseguir a figuras como monseñor Silvio Báez”, añadió.

Los obispos y sacerdotes que han condenado desde entonces la represión de las protestas civiles y demandado el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, han sido objeto de agresiones físicas por parte de simpatizantes sandinistas. Desde lo más alto del poder, Murillo los ha tildado de “terroristas” y “demonios”, y ha ordenado además la cancelación de licencias a oenegés, y al menos a siete radioemisoras y canales de televisión católicos.

La última voz por silenciar

Tras perseguir al periodismo independiente y a las organizaciones de la sociedad civil, la voz de la Iglesia católica era la única que a Ortega le faltaba silenciar. “Y es la voz que comienzan a criminalizar, dejando un claro mensaje que en Nicaragua nadie puede hablar en contra del gobierno”, resaltó Valdivia.

Contra la condena a monseñor Rolando Álvarez se han pronunciado el gobierno de Estados Unidos y las conferencias episcopales de España, Chile, Costa Rica, Guatemala, así como el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Este domingo, la embestida de Ortega contra la Iglesia católica resonó desde los balcones del Vaticano, donde el papa Francisco dedicó un minuto de su discurso para manifestar su “tristeza” y “preocupación” por la situación de Álvarez y de los sacerdotes desterrados junto a los más de 200 presos políticos, si bien no exigió la excarcelación del obispo rebelde.

Al norte de Nicaragua, en la vecina Honduras, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga comparó la condena contra Álvarez con la persecución que sufrieron los primeros cristianos. Y en alusión al gobierno de Ortega y Murillo sentenció: “La justicia no se puede vencer con la injusticia y vean las lecciones de la historia: no hay dictadores que hayan terminado bien".

(cp)