El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, ratificó este sábado (21.12.2024) por seis años más como jefe del Ejército al general Julio César Avilés, en el cargo desde 2010 y sancionado por Estados Unidos señalado de corrupción y ayudar a "silenciar" las voces prodemocráticas en el país centroamericano.

La gaceta oficial de este 21 de diciembre publica la resolución de Ortega de nombrar en el cargo de comandante en jefe del Ejército de Nicaragua al general Avilés por un período de seis años, "debiendo tomar posesión de su cargo el 21 de febrero de 2025".

Ortega nombró a Avilés, un exguerrillero sandinista, por primera vez como comandante en jefe del Ejército en noviembre de 2009 y rompió la tradicional sucesión militar de cada cinco años, cuando lo reeligió en el cargo en 2015.

El nuevo período de Avilés finalizará el 21 de febrero de 2031, con lo cual el general cumpliría 21 años consecutivos en el cargo.

De acuerdo al acuerdo presidencial conocido este sábado, el general Avilés fue propuesto por el Consejo Militar para seguir ocupando el cargo por sus "méritos militares, profesionales y personales".

La Prensa: "un leal a la dictadura"

"El jefe militar es considerado un leal a la dictadura, incluso permitiendo que Ortega utilice al Ejército para sus propios beneficios, como ocurrió a partir de abril de 2018, cuando policías y paramilitares orteguistas utilizaron armas de guerra para atacar hasta masacrar a la población que se tomó las calles para protestar", reseñó el diario local La Prensa.

Avilés fue jefe del Estado Mayor General desde 2005, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia militar (1998-2005) y realizó estudios militares en Cuba.

Fundador del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS), el general fue sancionado el 22 de mayo de 2020 por Estados Unidos, por supuestamente participar en actos de corrupción y por ayudar a "silenciar" las voces prodemocráticas en Nicaragua.

Señalado por organismos de derechos humanos

Avilés ha sido blanco de críticas y denuncias por parte de organismos de derechos humanos por no haber desarmado a los civiles, encapuchados sus mayorías, que actuaron con el consentimiento de la Policía en el marco del estallido social de abril de 2018.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300".

jc (efe, afp, La Prensa, Confidencial)