Georg Bruner, comerciante alemán de 74 años de edad, se suicidó la pasada noche en su casa de Baviera. Sobre su empresa, que estaba al borde de la insolvencia, se cernían negros nubarrones en forma de 60 toneladas de carne putrefacta, dispuesta para la venta, que las autoridades han confiscado.

La "mafia del döner"

El döner es la segunda comida nacional de Alemania. Importado por la gran cantidad de turcos que viven en el país, es barato, está bueno y se encuentra en cada esquina. El döner es carne de pollo o de cordero troceada, y se come con ensalada dentro de pan turco.

Hasta aquí, todo suena delicioso. De hecho, cualquiera que haya probado un döner podrá confirmar que está delicioso. Pero la delicia puede convertirse en puro veneno si el pollo lleva más años muerto de los que nunca pudo vivir.

Al parecer, la empresa de Georg Bruner mantenía la carne congelada durante años. Cuando la fecha de caducidad había sido superada, la operación era tan sencilla como cambiar una etiqueta. Si una vez descongelado el género no era vendido, volvía a congelarse.

El proceso se repitió todas las veces que fue necesario hasta que alguien desde dentro lo denunció y le sirvió a los agentes de sanidad la carne podrida en bandeja. A todo esto, la policía advierte que el escándalo tiene dimensiones mayores de lo que la sociedad alemana puede imaginar y habla de una "mafia del döner".

Las mismas palabras, los mismos resultados

La empresa de Baviera sobre la que se centra la investigación del caso actual tenía más de 2.500 clientes en toda Alemania, además de surtir de carne a países vecinos como Austria y Holanda. Pero no ha sido la única implicada en negocios turbios este año y los alemanes empiezan a desconfiar que las autoridades puedan protegerlos de comer lo que no debieran.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha declarado que los Länder (estados federales alemanes) deben crear una plataforma común para luchar contra las ilegalidades en el mercado alimentario. Pero esto no es nuevo, ya se propuso y sigue estancado: los Länder consideran que su trabajo conjunto funciona muy bien tal y como está.

También vuelve a la palestra el tema de los controles de empresas. Según la lógica común, estos deberían aumentarse y sobre todo, realizarse sin previo aviso. Existen grupos de revisores independientes que hablan de excesivos intereses que vinculan a los agentes de sanidad con las firmas productoras: miedo a cerrar empresas y crear desempleo, clientelismos políticos.

Ya en su día se discutió sobre la necesidad de dar a conocer los nombres de las empresas que incurren en faltas graves contra la salud pública, para lo que está, o debería estar, la Ley de Información del Consumidor, aún en proceso de aprobación. Penas mayores para los infractores, que normalmente se salvan con multas fácilmente pagables, y retirada de licencias para comerciar con alimentos son otras de las exigencias que salen de nuevo de las bocas de políticos de toda índole. ¿Volverán a quedarse en meras palabras?