Las mujeres en Honduras tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. O eso al menos es lo que se planeaba con el acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), aprobada el pasado marzo. Pero cuando se cumplen 120 días de su legalización completa en el país, las dificultades para acceder a esta pastilla persisten. Activistas también denuncian los graves casos de desinformación por parte de grupos conservadores con poder en el país.

"Han sido casi 14 años de lucha continua", dice a DW Regina Fonseca, del Centro de los Derechos de Mujeres (CDM), explicando la auténtica odisea que supuso la aprobación de la PAE. "Es un logro frágil, en tanto que otro gobierno puede decidir volver a prohibirla", sostiene.

Acceso precario y desigual

El pasado mes de marzo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, firmó un acuerdo ejecutivo que permitía el uso y comercialización de la píldora anticonceptiva de emergencia en el país -prohibida desde 2009; una medida con la que se pretendía asegurar el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Honduras. La pastilla debía estar a disposición de las usuarias en centros de salud de forma gratuita, y en farmacias sin receta previa. Pero cuatro meses después, la medida, pese a ser aplaudida por organismos internacionales, sigue generando críticas.

"Es algo que celebramos (la medida) pero que no nos deja conformes mientras no haya acceso real en los servicios de salud del país", señala Fonseca. Según el CDM, actualmente los instrumentos de los servicios públicos para facilitar la PAE son insuficientes, mientras que no se espera que las farmacias cubran toda la demanda hasta finales de año o principios de 2024. Fonseca también recalca la desigualdad en el acceso, puesto que en farmacias "sólo podrán acceder a la píldora las mujeres con recursos para comprarla".

"En ese sentido, las más jóvenes, las mujeres de las zonas rurales del país y, en general, las más pobres, se verán excluidas de este beneficio", sostiene. 

Desde el CDM también denuncian que hasta el día de hoy la Secretaría de Salud (SESAL) de Honduras todavía no ha capacitado a su personal para manejar el protocolo de atención integral para víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. "Estas mujeres siguen sin ser atendidas", dice Fonseca.

Lucha contra la desinformación

Fonseca es también una de las impulsoras de la campaña "Tenemos derecho a cuidar nuestro futuro", promovida en toda Honduras por el Grupo Estratégico por la PAE (GEPAE), una plataforma que aglutina distintas organizaciones que fomentaron la liberación de píldora y su acceso en todo el país.

"Los grupos religiosos y neoconservadores continúan presionando a las autoridades del gobierno y, lo que es peor, continúan desinformando a la ciudadanía", dice Fonseca. "La mayoría lo hacen en nombre de Dios, instrumentalizando la fe de las personas para engañarlas y generar movilizaciones en contra de las PAE y del acceso a la educación sexual", sostiene.

Educación sexual, la clave

Desde GEPAE han abogado por generar concienciación social mediante campañas de información a nivel nacional sobre la PAE, especialmente para evitar un uso incorrecto de la píldora por falta de datos y frente a noticias falsas sobre el supuesto efecto abortivo de la pastilla, algo desmentido también por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tal y como señalan en su sitio web, "la PAE no interrumpe embarazos, solo evita la fecundación del óvulo".

En declaraciones a DW, Fonseca también advierte de "la feminización de la pobreza" en Honduras, y el efecto de una educación pública precaria, "donde niños y niñas no reciben educación integral en sexualidad".

Datos de 2021 de la Secretaria de Salud (SESAL) mostraron 21.627 partos de niñas con edades comprendidas entre 15 y 19 años, mientras que la cifra fue de 920 en niñas de 10 a 14 años en el mismo año.

Aborto restringido en Centroamérica

Pese a la aprobación de la PAE, Honduras mantiene una de las leyes de prohibición del aborto más estrictas del mundo. Según detallan los autores de un estudio publicado por el Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI) en julio de 2023 , se trata de un modelo que "no sólo es ineficaz para disminuir la cantidad de abortos sino que, además, vulnera derechos humanos y tiene alto costo en términos de salud pública".

El estudiotambién señala que son menos de diez los países que prohíben por completo el acceso al aborto, y cuatro de ellos están en Latinoamérica. Además de Honduras, se encuentra El Salvador, República Dominicana y Nicaragua.

Honduras registró más de 200 violaciones por año, convirtiéndose en uno de los países más inseguros por los elevados índices de violencia de género, según un comunicado del gobierno del país.

(ers)