Dentro de medio año se celebrarán elecciones para el Parlamento Europeo en todos los países de la UE. El creciente número de inmigrantesy solicitantes de asilo será uno de los temas principales de la campaña electoral. Por eso, no sorprende que en países como Alemania, Francia e Italia se endurezcan las normativas nacionales, con el propósito explícito de reducir el flujo de llegada y facilitar las deportaciones.

Alemania

Las autoridades alemanas parten de la base de que, en 2023, aproximadamente 350.000 de los más de un millón de solicitantes de asilo en la UE presentaron su primera petición en Alemania. A los llegados principalmente de Siria, Afganistán y Turquía se suma cerca de un millón de refugiados de Ucrania que fueron acogidos.

El Gobierno reaccionó con diversas leyes a la situación. Por ejemplo, una para facilitar la incorporación legal al mercado laboral de aquellos de vivan al menos cinco años en el país. Otra apunta a acelerar la devolución de quienes sean rechazados a sus países de origen o a terceros países seguros. Según datos gubernamentales, de las aproximadamente 50.000 personas que deben dejar Alemania, unas 7.900 fueron expulsadas efectivamente en el primer semestre de 2023.

Otra ley moderniza el derecho de nacionalización en Alemania. Se permite en ella la doble nacionalidad y el período requerido para obtenerla se reduce de 8 a 5 años. El racismo y el antisemitismo son causales para rechazar la nacionalización.

Francia

Poco antes de Navidad, la Asamblea Nacional francesa aprobó una nueva y polémica ley de inmigración, con los votos de la "Agrupación Nacional”, el partido de derecha populista de Marine Le Pen. Contempla que los inmigrantes ilegales puedan ser expulsados con mayor rapidez, dificulta a los inmigrantes el acceso a las prestaciones sociales y restringe la entrada de parientes en el marco de la reunificación familiar. Los estudiantes extranjeros habrán de depositar una garantía antes de llegar a Francia.

El presidente Emmanuel Macron se propone someter esta ley a la revisión del Tribunal Constitucional. Pero, según las encuestas, un 70 por ciento de los franceses está a favor de un endurecimiento de las leyes de inmigración.

Italia

La coalición de la primera ministra Giorgia Meloni, de derecha populista, prometió reducir la cantidad de inmigrantes. E intenta hacerlo. Meloni negoció, junto con la UE, un acuerdo con Túnez, para la devolución de inmigrantes, que no se aplicó. Luego acordó con Albania el establecimiento de dos centros de acogida en ese país, con capacidad para 3.000 personas. Albania es considerado país seguro y quisiera ingresar a la UE. Pero la Corte Suprema albanesa examina actualmente si el acuerdo con Italia es admisible. Además, el gobierno italiano intenta dificultar las operaciones de rescate en el mar de organizaciones privadas de España y Alemania.

El ”Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados” (ECRE), que agrupa a las organizaciones europeas de ayuda a los migrantes, critica en su informe sobre Italia que el acceso regular a los procedimientos de asilo suele ser muy difícil y largo.

Grecia, Hungría y Austria

En Grecia, el rechazo de inmigrantes en la frontera y la devolución de botes a aguas turcas es más bien la regla que la excepción. Así por lo menos lo indica ECRE en su informe anual. El acceso a los procedimientos de asilo se ha dificultado, porque durante el tiempo de espera los migrantes no reciben ayudas sociales. Para algunos trámites, se pide en Grecia pagos de 100 euros, lo que no tiene parangón en la UE. Desalentados por la situación, muchos migrantes dejan el país, a través de la Ruta de los Balcanes, con rumbo al norte de la UE.

En Hungría hay un estado de excepción en las fronteras, desde 2016. La entrada de solicitantes de asilo es casi imposible. Los trámites deben ser realizados en las embajadas húngaras de Belgrado o Kiev. ECRE calcula que unas 150.000 personas han sido devueltas desde la valla fronteriza húngara a Serbia. Tanto el Tribunal Europeo de Luxemburgo como la Corte Europea de Derechos Humanos, de Estrasburgo, declararon ilegal la práctica húngara. Pero Budapest ignora esos fallos.

En Austria, el Ministerio del Interior decidió que los solicitantes de asilo deben trabajar mientras se desarrolla el proceso de revisión de sus casos. Si se niegan a realizar labores en beneficio de la comunidad, se les quitarían las prestaciones de alojamiento y alimentación.

(ers/gg)