Los países de la Unión Europea (UE) manifestaron su acuerdo para imponer sanciones contra otros siete funcionarios del gobierno de Venezuela, una decisión que debe confirmar ahora formalmente el Consejo de la UE, indicaron fuentes diplomáticas.

Los embajadores de los 28 países europeos se mostraron a favor de sancionar a responsables de seguridad y de servicios secretos por casos de "torturas y otras violaciones de derechos humanos", explicaron esas fuentes antes de la reunión de este miércoles (25.09.2019).

La decisión se hará efectiva tras su publicación en el Diario Oficial de la UE, previsiblemente este viernes, según las fuentes, donde detallará la identidad de los nuevos sancionados.

Con estas siete nuevas personas, la lista negra contará en total con 25 integrantes a quienes la UE ha prohibido la entrada en su territorio o congelado los bienes que puedan tener en la Unión.

En julio, los Veintiocho ya se mostraron dispuestos a comenzar el trabajo para aplicar más sanciones selectivas a los miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas implicados en torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos, según anunciaron entonces en una declaración conjunta.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió entonces a la UE "sanciones" contra presuntos responsables de torturas en Venezuela tras la muerte de Rafael Acosta, un militar venezolano que falleció en un hospital por presuntas torturas durante su detención.

Borrell también destacó en ese momento el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que detalla, en su opinión, "la gravedad de las violaciones de los derechos humanos" en el país.

El Parlamento Europeo (PE) reclamó ese mismo mes a los países de la Unión Europea acordar sanciones adicionales contra las autoridades venezolanas responsables de violaciones de derechos humanos y represión.

En una resolución que recibió 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones, la Eurocámara consideró que las autoridades europeas debían "restringir los movimientos de estos individuos y congelar sus activos y visados, así como los de sus parientes más cercanos".

La UE también aplica ya a Venezuela restricciones a la exportación de armas y de equipos de telecomunicaciones y que puedan utilizarse para la represión interna.

Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE. Además del embargo de armas, los europeos impusieron en 2018 una congelación de activos y prohibición de visados para 18 funcionarios.

Los europeos son blanco de las críticas de los opositores al gobierno de Venezuela por no aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, al nivel de Estados Unidos, que incluso congeló los activos venezolanos.

De visita en Bruselas, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, urgió a principios de mes a la UE a sancionar a más responsables venezolanos y criticó su estrategia.

Sanciones por crisis en Nicaragua

Asimismo, la UE logró un acuerdo político sobre el marco jurídico necesario para aplicar sanciones a personalidades de Nicaragua, si finalmente considera necesario dar ese paso ante la crisis sociopolítica que vive el país desde hace más de 17 meses.

Los embajadores permanentes comunitarios dieron su visto bueno en la reunión de hoy en Bruselas al mencionado marco jurídico, que aún tendría que ser confirmado por el Consejo de la Unión, en principio en la siguiente reunión en octubre de ministros de Exteriores.

Se trata de un paso necesario en el caso de que la UE decida en el futuro aplicar sanciones individuales como la prohibición de entrada en la Unión o la congelación de bienes en territorio comunitario, pero no contempla por el momento la elaboración de listados de personas concretas susceptibles de ser objeto de ese tipo de medidas restrictivas, precisaron.

En una resolución aprobada en marzo pasado con 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, el Parlamento Europeo denunció la existencia de una "estrategia planificada" para destruir a la oposición política en el país, y pidió sanciones contra el Gobierno de Nicaragua y los responsables de violaciones de los derechos humanos hasta que "cesase la represión".

Nicaragua sufre una grave crisis sociopolítica que ha dejado 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos grupos elevan a 595 el número de las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado.

La crisis también ha dejado cientos de detenidos, desaparecidos y a decenas de miles de personas en el exilio.

CP (afp, efe)

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