“Pacto de competitividad” es el nombre que la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente galo, Nicolas Sarkozy, y sus respectivos asesores le han dado a la iniciativa francogermana que busca armonizar las políticas económicas de los países comunitarios; probablemente para sacar de circulación la expresión “Gobierno económico”, que ha sembrado más discordia que otra cosa.

Y es que cuando en el seno de la Unión Europea se habla de un Gobierno económico, muchos comienzan a imaginarse una política financiera unitaria en el continente o, por lo menos, en la zona euro. Pero esa nunca fue la idea. Las acaloradas discusiones en esta materia alcanzaron un punto en el que parece haberse olvidado que la armonización de las políticas comunitarias no es un capricho.

Merkel y Sarkozy tienen el mérito de haber vuelto a colocar una importante premisa en el centro del debate: lo que se busca es garantizar la competitividad de los países miembros de la UE en todos los sectores. El caso de las jubilaciones permite reflexionar sobre esta situación. Si se estableciera una edad promedio para las jubilaciones basada en las leyes de los distintos países comunitarios, se allanarían las diferencias entre esas naciones, pero esa edad de jubilación promedio no necesariamente aumentaría la competitividad de la UE.

Es por eso que Merkel y Sarkozy hacen presión para que los países europeos más fuertes en una u otra área se erijan en referencias continentales dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, sea en la fijación de sueldos y salarios, en materia de innovaciones o de endeudamiento. Algunos países son bastante competitivos en un sector y otras naciones lo son en otros rubros. Y, para disipar el recelo de los suspicaces, cabe destacar que ni Alemania ni Francia son países ejemplares en todas las áreas.

El proyecto promovido por Merkel y Sarkozy es uno muy ambicioso. Si la UE se lo toma en serio, prácticamente todos sus integrantes deberán someter a escrutinio cosas que les son sagradas; por ejemplo, reivindicaciones laborales que los sindicatos de trabajadores consiguieron tras años de ardua lucha. El primer ministro belga, Yves Leterme, se niega categóricamente a desmontar la homologación automática entre los índices de inflación y los sueldos; y el canciller austríaco, Werner Faymann, teme que Bruselas interfiera con su autonomía tarifaria.

Irlanda sigue peleando para poder conservar los impuestos bajos que estimulan la actividad empresarial en el país. En otras palabras, todos los Estados de la UE tienen problemas para introducir reformas en sus respectivos sistemas aunque saben que son necesarias. La crisis del euro ha dejado sentir su peso y ha creado consciencia sobre el efecto que las finanzas de un país vecino puede tener sobre la propia economía.

La edad de jubilación en Grecia y los impuestos bajos que disfrutan las empresas en Irlanda se han convertido de pronto en temas de interés general en Europa. La razón es simple: en una unión monetaria, el país que meta el hombro para ayudar a solucionar los problemas financieros de otra nación tiene derecho a exigir reformas a todos los demás miembros de ese sistema. En todo caso, desde ya se puede anticipar la lucha de poderes que los integrantes de la UE protagonizarán.

CH/erc
Editor: Enrique López