Tras el asesinato de Benazir Bhutto, la mujer más influyente de Pakistán, el país parece sumirse en una ola de violencia. Antes de los funerales de la dirigente del opositor Partido Popular de Pakistán (PPP), el gobierno pakistaní envió tropas a varias ciudades de la sureña provincia de Sindh. La ex primer ministra fue enterrada en el mausoleo familiar de Garhi Khuda Baksh, cerca de Larkana, de donde proviene la familia Bhutto.

Tras el atentado que cegó la vida de la popular opositora, se produjeron fuertes disturbios en los que por lo menos murieron 11 personas. El viernes se registraron nuevas protestas violentas. En Peshawar, al norte del país, una masa enfurecida arremetió contra la central de la Liga Musulmana de Pakistán, conocida como la Liga-Q, del presidente Pervez Musharraf. En la ciudad de Rawalpindi, en donde Bhutto fue asesinada, la policía aplacó a los manifestantes con gas lacrimógeno. En la ciudad de Karachi un manifestante disparó contra un policía, otros tres oficiales resultaron heridos.

Advertencia alemana

El ministerio alemán del Exterior exhortó a sus nacionales a evitar viajes a Pakistán. “Hasta que la situación no se aclare, no es recomendable viajar a Pakistán”, se lee en un comunicado del ministerio publicado en su página Internet. Las autoridades alemanas aluden particularmente a la ola de violencia y protestas masivas que el atentado contra Bhutto ha provocado en numerosas ciudades.

Bhutto pagó un precio absurdo por intentar llevar a su partido a la victoria en las elecciones para la elección de un nuevo parlamento previstas en enero y volver al poder después de ocupar dos veces el cargo de primer ministra, que terminó prematuramente acusada de corrupción. Su disposición a arriesgar su vida demuestra una gran ambición pero también la trágica situación en un país en el que las élites políticas están peleadas a muerte. Bhutto estaba consciente del peligro en el que se encontraba, desde que decidió este año volver del exilio.

Detención de opositores

Tras ganar las elecciones del 6 de octubre de 2007, Pervez Musharraf había prometido renunciar a su cargo de jefe del ejército y constituir un gobierno civil. Benazir Bhutto volvió al país después de años de exilio. Su regreso triunfal a Karachi en octubre pasado fue el escenario de un atentado que mató a más de un centenar de personas, pero del que ella salió ilesa. El 3 de noviembre pasado se produjo un autogolpe de Estado que echó por tierra todas las promesas de apertura realizadas por Musharraf, lo que marcó el inicio de una nueva dictadura militar con el general a la cabeza. Fue implantado un estado de excepción y suspendidas las garantías constitucionales. El autogolpe produjo la detención, entre opositores, jueces y abogados, de unas 6 000 personas.

Bajo una presión masiva de Estados Unidos Musharraf prometió elecciones en enero y que renunciaría a su uniforme militar para ser un presidente civil. Analistas aducen que el autogolpe de Musharraf se produjo por la convicción de que la Corte Suprema de Justicia consideraría inconstitucional su investidura. Benazir Bhutto pedía la liberación y reinstalación de los jueces en sus cargos.

Fracaso del Estado de derecho

El atentado en Rawalpindi amenaza con sumir a Pakistán en una guerra civil, que de por sí deja en la incertidumbre la realización de las elecciones previstas el próximo 8 de enero, en las que el presidente Pervez Musharraf había prometido una vuelta a la democracia. Sólo si se logra aclarar el asesinato se podrá evitar que el país se suma en el caos como resultado del fracaso del Estado de derecho.

El asesinato de la gran dama de Pakistán, una valiente y carismática demócrata, pese a todas sus fallas, no sólo es una señal de peligro para Pakistán sino para el resto del mundo. La potencia atómica se sume en el caos y está muy lejos de gozar de la estabilidad que trata de presentar Musharraf.