Para dejarlo claro: estoy en contra de la pena de muerte. Es en esencia inhumana e impone incluso a los jueces una inmensa responsabilidad, lo que se olvida con frecuencia, cuando deben decidir sobre la vida y la muerte, especialmente, cuando hay una mínima duda sobre la culpabilidad de un acusado.

La justicia pakistaní parece estar decidida a ignorar esta responsabilidad sin muchos miramientos. Desde que se levantó la moratoria para la pena de muerte en diciembre de 2014, se han ejecutado a 180 personas; a otras 8000 les espera el mismo destino. Y no se trata de presuntos terroristas, personas para las cuales se reintrodujo la pena de muerte en Pakistán, después de que un comando terrorista atacara una escuela y quitara la vida a 150 niños en Peshawar.

Desgraciadamente, todo indica que los defensores de la pena de muerte usaron este horrible suceso como pretexto populista para reintroducir las ejecuciones. Peor aún: la pena de muerte se aplica aunque se dude de la culpabilidad del delincuente, como muestra sin lugar a dudas el caso de Shafqat Hussain. Pakistán parece querer vaciar sus corredores de la muerte.

Las víctimas son desgraciadamente, como sucede también en otras partes del mundo, los más pobres y poco privilegiados. Shafqat Hussain procedía de una familia pobre en Cachemira, al pie del Himalaya. No tenía partida de nacimiento que pudiera constatar que era menor de edad cuando delinquió. La familia no disponía de medios económicos para cubrir los gastos de una defensa profesional y efectiva. Además los jueces pakistaníes ni se inmutaron cuando las Naciones Unidas pidieron la revisión del caso.

La combinación de pobreza, mala gestión del proceso e indiferencia ante la crítica internacional son un mal augurio para casos similares. El de Asia Bibi, por ejemplo, miembro de una minoría cristiana. Se le culpa de blasfemar contra el islam, en Pakistán un delito castigado con la muerte. También en este caso existen solamente acusaciones. Ella también procede de una familia pobre y solo cuenta con una formación escolar rudimentaria. No puede pagar un abogado, más allá de que su defensor podría ser condenado a cadena perpetua por proteger a una “blasfema”. Los grupos internacionales de derechos humanos interceden por Asia Bibi y, hasta el Papa ha intentado mediar por la miembro de su iglesia.

Si los jueces siguen la ruta emprendida en el caso de Shafqat Hussain, Asia Bibi podría ser la próxima víctima de la justicia paquistaní. Y peor aún: esta nueva ola de ejecuciones podría perjudicar a los que siempre fueron opositores del gobierno, a campesinos molestos y gente de a pie en conflicto por tierras o simples rencillas, de los que quieran deshacerse.

También por eso debe ponerse fin a las ejecuciones no solo en Pakistán. Quien esta encerrado tras rejas injustamente podría salir libre y ser, en caso dado, indemnizado. Una ejecución es irreversible.