El Congreso de Panamá aprobó este viernes (20.10.2023) -en medio de protestas en las calles- un nuevo contrato con la compañía canadiense First Quantum Minerals para la operación de la mina más grande de Centroamérica.

Con 44 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, las bancadas legislativas dieron luz verde a un contrato que contempla ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares para el Estado panameño, diez veces más que el acuerdo anterior. Además, la empresa canadiense se compromete a otras millonarias inversiones en las comunidades cercanas a la mina, situada en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital panameña.

"Se trata de atender la defensa de los intereses nacionales, de asegurar que recibiríamos mayores y mejores beneficios en base a lo que teníamos en el contrato de 1997 y sobre todo la protección de los empleos de miles y miles de panameños", señaló el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro.

Panamá con bloqueos y manifestaciones

La aprobación se produjo en medio de protestas convocadas por diversos sindicatos contra un contrato que permite a la minera operar en Panamá por 20 años, con la posibilidad de una prórroga por otros 20 años más.

Rutas de acceso a la Ciudad de Panamá fueron bloqueadas este viernes de manera intermitente, con quema de neumáticos y marchas. La Policía utilizó gases para dispersar a las personas manifestantes que, bajo una pertinaz lluvia, se acercaron a los predios de la Asamblea, protegida con vallas y fuertemente custodiada.

Los grupos manifestantes, algunos con banderas panameñas y pancartas contra la minería, gritaron consignas antigubernamentales. En la víspera, varias personas se enfrentaron en ese lugar a la Policía con piedras, objetos contundentes y fuegos pirotécnicos.

La minera y el Gobierno panameño llegaron a un acuerdo este año para la firma de un nuevo contrato de concesión, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original. Desde febrero de 2019, la mina produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año y da empleo a más de 8.000 personas.

Sin embargo, hay sectores que se oponen porque consideran que el contrato es "inconstitucional" y los aportes de la compañía al Estado son insuficientes, además de representar una amenaza para el medio ambiente.

"Claramente ahí hay una entrega de la soberanía nacional" en las áreas donde opera la mina, dijo a la agencia AFP Saúl Méndez, secretario general del SUNTRACS, el mayor sindicato panameño. Además, "los daños al ambiente son devastadores, la explotación a cielo abierto es de las más dañinas", agregó Méndez.

Pacto minero recibe aval presidencial

En tanto, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, avaló este viernes con su firma la Ley 406 de 2023 que aprueba el contrato de concesión minera entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals.

La firma y la publicación en la Gaceta Oficial de la ley sobre el nuevo contrato con la empresa subsidiaria, que explota la mina de cobre a cielo abierto, se produjo sólo unas pocas horas después de ser aprobada en tercer y último debate por la Asamblea Nacional.

Última actualización a las 04:40 CET con información del aval presidencial.

ama (afp, efe, reuters)