El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó este jueves (15.12.2022) la paralización de las operaciones de la empresa canadiense del cobre First Quantum Minerals (FQM) que explota la mayor mina de América Central en el Caribe panameño.

"He decidido [...] instruir al ministro de Comercio para que se ejecute un plan de preservación y gestión segura, es decir, [solo] cuidado y mantenimiento en el proyecto Cobre Panamá", dijo Cortizo en un mensaje por televisión.

La decisión del mandatario, respaldada por su Consejo de Gabinete, implica la suspensión de las operaciones en el país de una compañía que aporta el 75% de las exportaciones y el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá.

Cortizo afirmó que Minera Panamá, la filial de FQM, "no ha cumplido los compromisos" de suscribir a más tardar el 14 de diciembre un nuevo contrato de concesión que elevaría a 375 millones de dólares anuales el monto de las regalías, 10 veces más que en el convenio anterior. "Eso no es aceptable para mí como presidente, tampoco para el Gobierno ni para el pueblo panameño", añadió el mandatario socialdemócrata.

La empresa ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares en movimientos de tierra, construcción de edificios para alojar a sus 7.200 empleados, compra de maquinaria pesada, una central eléctrica, un puerto para buques mercantes de gran calado, caminos de acceso, reforestación y programas de ayuda a las comunidades.

La mina, descubierta en 1968, se encuentra en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital y una hora en helicóptero. Desde febrero de 2019, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que se exportan desde el Puerto Punta Rincón, contiguo al yacimiento.

FQM, que cotiza en la Bosta de Toronto, tiene además operaciones en España, Turquía, Finlandia, Australia, Zambia y Mauritania. La compañía canadiense comenzó a tener dificultades en Panamá luego de que el 21 de diciembre de 2017 la Corte Suprema panameña declarara inconstitucional el contrato de explotación de esta mina, la más grande de América Central.

El tribunal tomó esta decisión tras un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato presentado por los abogados Juan Ramón Sevillano y Aracelly Serracín, esta última en representación de la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

"Las acciones tomadas hoy por nuestro Gobierno garantizan el principio establecido en nuestra Constitución: los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño", declaró Cortizo en su mensaje este jueves. "Tengan la certeza que el Gobierno nacional buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato justo" con otra empresa, agregó.

ama (afp, efe, reuters, ap)