Ocho años han pasado desde que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), presentara los Panama Papers. La filtración dejaba en evidencia a políticos, artistas, deportistas y otros famosos de decenas de países, como sospechosos de ocultar fortunas en paraísos fiscales. La trama involucraba a la firma de abogados Mossack Fonseca, que ofrecía servicios para fundar o establecer compañías para ocultar la identidad de sus propietarios.

Miles de documentos, decenas de periodistas involucrados en el análisis de los papeles, escándalo y 96 meses de investigación judicial. Y todo eso para que, de los 28 imputados, ninguno recibiera una condena. La jueza que vio la causa y absolvió a estas personas, Baloísa Marquínez, criticó el viernes 28 de junio el manejo de las pruebas electrónicas y añadió que "el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados".

La ICIJ rápidamente defendió su trabajo. El sábado 29 señaló, por intermedio de su director ejecutivo, Gerard Ryle, que "si bien el tribunal no responsabilizó a estos acusados, el impacto duradero de nuestra investigación persiste". Y añadió que "al revelar verdades ocultas, como lo hicimos con los Panama Papers, brindamos al público la información que necesita para exigir rendición de cuentas e impulsar reformas".

"Fiscalía no pudo probar su caso"

"No se puede desconectar la lucha contra la corrupción de que las acciones contra ella tienen que estar enmarcadas en el Estado de derecho y ser conformes a la ley. Si bien es desalentador que los Panama Papers y las personas involucradas terminen sin condena, porque en términos de opinión pública existe la percepción de que tenían una responsabilidad, lo cierto es que el proceso legal exige unas condiciones que no fueron satisfechas en este caso", dice a DW Sergio García, politólogo panameño, director interino del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS).

El abogado Carlos Barsallo, fundador del Instituto de Gobierno Corporativo-Panamá (IGCP), explica a DW que la Fiscalía panameña atraviesa una crisis que lleva varios años. Quizás en ese contexto se explique, al menos parcialmente, su fracaso a la hora de defender sus argumentos. "La Fiscalía no pudo probar su caso por medio de las distintas pruebas. Algunas fueron consideradas no válidas o insuficientes por no probar plenamente, a juicio de la juez, la comisión del delito de blanqueo", señala el experto.

¿Y no será que ICIJ exageró los alcances de sus hallazgos, en un ejercicio publicitario más que investigativo? "La publicidad que hubo seguramente es merecida, también los casos de Pandora Papers repiten el patrón de algunas sociedades de abogados en Panamá que facilitan la creación de empresas y sociedades para el lavado de dinero, el crimen organizado, el terrorismo internacional, la trata de personas y la evasión de impuestos. La publicidad se justifica, lo que pasa es que hubo un mal manejo legal en este caso", señala García.

Credibilidad en juego

Hay otro aspecto que preocupa a Carlos Barsallo: la credibilidad de la Justicia panameña y del país ante la comunidad internacional. "En el extranjero, no se puede entender que se hayan tomado ocho años para llegar a esta primera decisión. Hay un divorcio entre lo mediático y lo jurídico. Lo primero es más amplio y flexible. Lo segundo, en este caso concreto, ha sido muy puntual y técnico. Ese abismo, sin las debidas explicaciones, genera confusión y frustración", sostiene.

El abogado recuerda, sin embargo, que el caso no ha terminado. "Queda una apelación por la Fiscalía ante el Tribunal Superior", aclara. Luego, dado el caso, podría llegar a la Corte Suprema.

El politólogo Sergio García, en tanto, piensa que "la credibilidad en la Justicia es un problema para Panamá y varios países de la región. En países donde la corrupción es tan generalizada, ésta deja de funcionar solamente como un evento aislado y todos los aparatos del Estado, el sistema judicial, los organismos de control, comienzan a ser parte del mismo juego". Para el experto, lo sucedido con este caso, destapado por una investigación periodística de alto impacto, "es una llamada de atención para llevar procesos contra la corrupción de manera mucho más estricta".

(rml)