La ONG latinoamericana TECHO busca visibilizar la pobreza y la desigualdad de los asentamientos informales de América Latina. Una tarea urgente de reconocimiento de una población postergada y segregada de los beneficios de las grandes ciudades. Al trabajo en terreno, la organización ahora suma el análisis de imágenes con ayuda de una aplicación computacional.

Sobre todo en grandes urbes, el análisis de imágenes satelitales facilita la labor de detección de asentamientos. Una mirada a través del tiempo es clave para reconocer cómo crecen las ciudades, reconocer dónde se ubican nuevos campamentos ilegales y conocer las características del terreno y sus accesos. Esta imagen aérea de Asunción, Paraguay, de 2010, es muy distinta a...

… esta foto de 2017, donde aparecen nuevas poblaciones en torno a los caminos. Desde el aire, sin embargo, no es tan fácil distinguir si se trata de urbanizaciones formales o asentamientos que crecieron a base de viviendas precarias, donde los pobladores mayoritariamente no cuentan con títulos de dominio ni servicios básicos de agua, luz ni alcantarillado.

La aplicación AP-Latam, desarrollada por jóvenes emprendedores argentinos, es capaz de identificar con gran rapidez determinadas características, como el tipo de techumbre, la densidad o la falta de calles pavimentadas, que indican la presencia de asentamientos. Aquí, marcados en rojo en una imagen satelital de Buenos Aires.

El mapeo permite direccionar el trabajo de los voluntarios, que por medio de encuestas recogen información sobre la situación del campamento: si los vecinos tienen acceso a servicios básicos y título de propiedad de su terreno, cómo es la calidad de la vivienda y qué organizaciones vecinales existen, entre otros datos que permiten conocer la realidad de estas poblaciones.

El Distrito Central de San Juan de Miraflores, en Lima, es una de las cinco zonas de mayor concentración de pobreza urbana en Perú. Un estudio de TECHO en este sector identificó 138 asentamientos populares, donde residen más de 12.300 familias. Aquí se encuentra el llamado “muro de la vergüenza”, que los separa de un acomodado barrio de la capital.

En San Juan de Miraflores, nueve de cada diez asentamientos estudiados no cuenta con acceso seguro a la red pública de agua ni está conectado a la de alcantarillado. El 76% se abastece a través de camiones cisterna y el 74% utiliza un silo o letrina para evacuar sus necesidades. Cuatro de diez asentamientos populares no cuenta tampoco con acceso seguro a electricidad, con medidor domiciliario.

Casi la totalidad de los asentamientos cuenta con juntas vecinales, según estudios de TECHO. “A través de la autogestión de sus territorios, las comunidades buscan acceder a sus derechos, construir soluciones a las problemáticas que enfrentan y contribuir a la consecución de una sociedad más justa y sin pobreza”, indica la organización. Aquí, una reunión comunitaria en Oaxaca, México.

Junto con voluntarios de TECHO, las familias construyen viviendas más dignas. La ONG brinda apoyo a las organizaciones comunitarias en sus esfuerzos por obtener acceso regular a agua, luz y saneamiento. Los vecinos también desarrollan diversos proyectos, como equipamiento urbano, escalinatas, encaminamientos, plazas y parques.

El programa 'Bolsa Familia' en Brasil, el mayor sistema de transferencia de rentas del mundo, ha conseguido sacar de la pobreza extrema a millones de familias. Las ayudas están condicionadas a la escolarización de los niños. El beneficio, así, es doble. "Cada día es una lucha por la supervivencia", decía entre lágrimas esta madre a un fotógrafo de AP tras dejar de recibir la ayuda.

Ante la falta de dinero, muchas comunidades, sobre todo en Brasil, pero también en otros países, han desarrollado distintas formas de economía solidaria. Incluso, en algunos casos, se han creado bancos comunitarios que han emitido, con mayor o menor éxito, su propia moneda, válida en sus respectivas favelas, como forma de potenciar los intercambios entre usuarios de pocos recursos.

El hondureño José Gómez Márquez trabajó en finanzas institucionales mucho tiempo y se dio cuenta de que el dinero, a veces, no es suficiente. Desde hace años dirige un taller en el Instituto Tecnológico de Massachusetts dedicado a diseñar instrumental médico a partir de utensilios cotidianos fáciles de adquirir, como kits de análisis de sangre con piezas de Lego o este inhalador mecánico.

El director de orquesta paraguayo Luis Szarán tenía muy claro "el poder de la música como forma de transformación social". Empezó dando conciertos gratis para niños desfavorecidos y acabó creando toda una orquesta con instrumentos fabricados a partir de materiales de desecho y jóvenes músicos procedentes del vertedero de Cateura. La idea "no es formar buenos músicos, sino buenos ciudadanos".

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo aprobado en 1989 da cobertura legal a los derechos indígenas, luego completada por la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. En algunos países tienen rango de ley al más alto nivel. Otra cuestión es que no siempre se cumpla lo que dispone la legislación, pero esta representa de por sí un gran avance.

"Ahora durante la pandemia de COVID-19 estas transferencias han operado como un piso de ingreso para las familias más pobres", explica la especialista Nora Lustig. Por ejemplo, los sin techo de Sao Paulo reciben una tarjeta como esta para poder al menos comer. La comisión económica regional de la ONU, Cepal, ha venido advirtiendo de las consecuencias sociales de la crisis en Latinoamérica.

La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema, la paridad política se resiste en algunos lugares y hay todavía una brecha salarial en muchos sectores. Pero el hecho de que quede todavía camino por recorrer no debe restar importancia al ya recorrido: cada generación dispone de mejores oportunidades que la anterior. Y Latinoamérica se ha convertido en epicentro del movimiento feminista.

La justicia social es un concepto abstracto abierto a distintas interpretaciones. El hecho de que guerrillas como las FARC en Colombia o el FMLN en El Salvador aceptaran dejar de perseguir la suya por las armas, y hacerlo democráticamente, ha posibilitado que las nuevas generaciones puedan crecer en un ambiente no marcado por el constante telón de fondo de una guerra civil.