A diferencia de los demás países de la región, en los que las fuerzas armadas cedieron el poder a las fuerzas democráticas en un proceso negociado, el retorno a la democracia en Paraguay se inició con un golpe de Estado en 1989. Al depuesto General Stroessner sucedió en el poder el General Andés Rodríguez, quien algunos meses más tarde buscó – y obtuvo - la legitimización en las urnas. Quedó así consagrada la continuación del Partido Colorado en el poder. “No hubo una ruptura clara en el sentido de acabar con una dictadura brutal y sangrienta. En el fondo solamente cambió la forma jurídica del estado y la figura del presidente”, sintetiza el economista alemán Thomas Otter de la Universidad de Göttingen, quien trabajó durante muchos años como consultor independiente de diferentes organizaciones de desarrollo en Paraguay.

Sólo veinte años más tarde, en agosto de 2008, los paraguayos acabaron por la vía democrática con seis décadas de dominio Colorado, al colocar al exobispo Fernando Lugo en la presidencia. “Fernando Lugo concitó mucha esperanza. Pero luego se impuso la desilusión porque los tres Poderes del Estado siguieron en manos del Partido Colorado. Lugo está al frente del gobierno, pero los Colorados en el Poder. Se fue la dictadura pero quedó la naturaleza corrupta del Estado. No existe la voluntad política de cambio”, constata hoy el abogado y Premio Nobel Alternativo Martín Almada al hacer un balance de los último tres años.

Plan Cóndor

Fue él quien en 1992 descubrió los llamados Archivo del Terror. En una sede de la policía en la localidad de Lambaré en las afueras de Asunción se hallaron tres toneladas de documentos del ejército y la policía secreta de Paraguay, que dan testimonio minucioso no sólo de torturas, secuestros y asesinatos de miles de opositores en Paraguay, sino también del Plan Cóndor: el pacto clandestino acordado en 1975 entre los servicios secretos de los países del Cono Sur para cooperar en la persecución y exterminio de disidentes en todos los países de la región, plan impulsado desde EEUU.

Almada, quien sufrió prisión, torturas y exilio en carne propia, se ha dedicado a la tarea de recuperar la memoria para un país que aun superada la dictadura siguió optando durante años por el silencio y el olvido. “La tres decadas de la dictadura dejaron la cultura del miedo. El miedo es la segunda piel del paraguayo”, explica Almada. “Durante la dictadura de Stroessner eramos perseguidos por el ejército y la policía. Bajo el gobierno de Lugo, la situación empeoró, porque los excluídos, los campesinos, ahora son perseguidos por el ejército, por la policía y por la Fiscalia.”

Ilusiones y desilusiones del campesinado

Con la promesa de una reforma agraria y la redistribución de tierras, de reconstrucción económica y lucha contra la corrupción, Fernando Lugo personificaba la esperanza de un verdadero cambio y una real democratización de la sociedad paraguaya cuando asumió la presidencia en 2008. Sin embargo, hoy, al cabo de tres años, estas expectativas se han visto defraudadas. “La propuesta de Lugo de pasar el proyecto de la reforma agraria por el Parlamento fue una maniobra para ganar votos. Pero el gobierno nunca presentó una propuesta seria a los bancos regionales de desarrollo para solicitar los fondos necesarios para financiar el proyecto”, critica Thomas Otter. Según estimaciones del Banco Mundial, una reforma agraria habría costado al menos doce millones de dólares el Estado paraguayo.

Si bien en 2010 se presentó un proyecto legal para la reforma agraria, “se trata de un proceso lento”, dice Thomas Fischer, politólogo de la facultad de estudios latinoamericanos de la Universidad Católica de Eichstätt. “Se requiere en primer lugar un marco jurídico, sobre todo cuando se trata de expropiar legalmente las tierras improductivas. Además se necesitan fondos económicos no solamente para indemnizar a los expropiados, sino también para entregar herramientas, semillas y capacitación a los campesinos.”

Aun así, unas 30 mil hectáreas han sido reasignadas a familias campesinas hasta la fecha. Pero todavía quedan grandes superficies improductivas por redistribuir. El 42 por ciento de la población paraguaya vive en el campo – la tasa más alta en toda América Latina. Al mismo tiempo, el país registra la mayor concentración de tierras a nivel mundial: el dos por ciento de los paraguayos dispone de más del 80 por ciento de la superficie agrícola. Durante la dictadura, once millones de hectáreas fueron entregadas por el gobierno a algunas pocas familias privilegiadas. Hasta el día de hoy, nueve millones de hectáreas de esas “tierras malhabidas” siguen siendo propiedad de influyentes políticos y militares. En cambio, 120 mil familias, un tercio de la población rural, no tienen acceso legal tierras agrícolas.

Se abre la brecha social

El clientelismo y el prebendarismo siguen siendo el andamiaje de una sociedad basada en la exclusión social y económica de amplios sectores de la población: campesinos, trabajadores, comunidades indígenas. Entre 2003 y 2007, Paraguay experimentó su mayor crecimiento económico continuado desde los años setenta. Bajo la presidencia de Fernando Lugo, la bonanza económica se consolidó, alcanzando un incremento histórico del 14,5 por ciento en 2010. Sin embargo, ello no se tradujo en una reducción de los índices de pobreza absoluta que, de acuerdo a datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo (DGEEC), se mantiene cerca del 20%, lo que supone que más de 1,1 millones de paraguayos viven con menos de un dólar diario. Unas 120 mil familia se ven beneficiadas por los programas sociales del Estado, basados en transferncias monetarias y ayudas alimentarias. Sin embargo, el asisencialismo no genera ingresos.

No hubo sed de justicia

En medio de este clima de desazón y estancamiento político y social, la lucha por recuperar la memoria quedó relegada a segundo plano durante muchos años. “En Paraguay nunca se estableció exactamente la cifra de víctimas, por lo que la dictadura no tiene una imagen tan brutal y sangrienta como el régimen militar de Argentina por ejemplo”, explica Thomas Otter. “Nunca hubo esa sed de venganza y justicia como la personificaron en Argentina las Madres de Plaza de Mayo. Recién en 2003 se estableció una Comisión de Verdad y Justicia. Pero solamente con la llegada de Fernando Lugo al poder, el trabajo de la comisión comenzó a perfilarse.”

El informe final de la Comisión, presentado en agosto de 2008, está basado en más de 2.000 testimonios recogidos, 14.000 documentos recopilados así como ocho audiciencias públicas. El documento da cuenta de 422 casos de desapariciones forzadas, casi 1600 casos de torturas y 290 señalamientos de supuestos victimarios.

Entre las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia se cuentan una serie de medidas “dirigidas a la revelación pública y completa de la verdad” sin provocar más daños a las víctimas y sus familias, medidas “dirigidas a búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas” así como el “reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades” y “sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones”. Recomendaciones que cayeron en saco roto, critica Martín Almada: “A pesar de haberse creado la Comision de Verdad y Justicia, con su Recomendación final, la Fiscalía General y la Procuraduría General de la República poco o nada han hecho contra los genocidas.” Uno de ellos, el ex ministro del interior Sabino Montanaro, falleció a comienzos de septiembre a la edad de 89 años en su casa en Asunción, donde se encontraba recluído desde su retorno del exilio en 2009. Montanaro, considerado la mano derecha de Stroessner, fue ministro del interior desde 1966 hasta el fin del régimen en 1989. Almada lamenta que “el hombre fuerte de la dictadura estronista” haya muerto sin ningún castigo y no en la cárcel, como tantas de sus víctimas.

Entre el olvido y la memoria

Martín Almada y Thomas Otter concuerdan en que no todo son sombras y destacan que “desde 2008 han habido sustanciales mejoras en el sistema de salud y en la educación.” Un paso importante hacia la recuperación de la memoria ha sido la inclusión de la materia “Autoritarismo en la Historia reciente del Paraguay” en la malla curricular de la educación escolar básica, dice Almada. “Igualmente, el Archivo del Terror o de la Operación Condor, instalado en la planta baja del Palacio de Justicia, recibe miles de visitas de estudiantes.”También el recientemente inaugurado Museo “Memoria y Verdad sobre el Stronismo” (MEVES) concita el interes de los Jóvenes estudiantes, se alegra Almada: “El MEVES representa un gran avance en la concientización de la gente para que conozcan la verdad de los hechos ocurridos.”

Paraguay tiene “la ventaja de ser el único país donde todavía existen los archivos del terror que documentan la Operación Cóndor. Ahora hay que aprovecharlos”, exige Otter. “Pero no es que la gente haya acudido en masa a consultar esos documentos, como ocurrió en Alemania con el Archivo Federal de los documentos de la policía secreta de la ex-RDA.” No existe un amplio consenso político y social sobre un “¡Nunca más!”, concluye Thomas Fischer. Las víctimas de la represión estatal esperan hasta el día de hoy que se haga justicia, “pero no se nota en la sociedad una percepción generalizada de que hay todavía muchas cosas por resolver”, añade Thomas Otter.

Autora: Mirjam Gehrke
Editora: Emilia Rojas