Sólo 22 de los 120 diputados de la cámara votaron a favor de la propuesta de ley de Sevulun Orlev, del partido religioso Habait Hajenhudi. Otros 69 diputados de la Knesset lo rechazaron y el resto no estaba presente durante la votación.

La mayoría de los legisladores apoyaron así la postura del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que se opone a la iniciativa. El mandatario llegó incluso a amenazar a sus ministros con la destitución si votaban a favor de la propuesta en la primera lectura. Así, varios ministros que un primer momento habían mostrado su apoyo a la medida se abstuvieron en la votación.

Según la prensa, Netanyahu temía fuertes críticas a nivel internacional si salía adelante la iniciativa, que pretendía legalizar de forma retroactiva asentamientos construidos sin permiso del gobierno israelí en Cisjordania. De esta forma, habría quedado por ejemplo paralizado el desmantelamiento de cinco viviendas de Ulpana, en el asentamiento Beit El, previsto para el 1 de julio.

Unos 2.000 colonos se manifestaron en Jerusalén en contra de los derribos previstos y bloquearon las calles cercanas al Tribunal Supremo, la corte que ordenó el desmantelamiento de las viviendas.

AI reclama contra "detenciones administrativas"

Por otro lado, Aministía Internacional (AI) reclamó a Israel en un informe que bien libere o juzgue inmediatamente a los prisioneros palestinos retenidos bajo la denominada detención administrativa.

Bajo esta figura, un supuesto miliciano palestino puede ser encarcelado durante periodos prorrogables de seis meses sin juicio y en base a información secreta clasificada a la que sólo tienen acceso los tribunales militares.

El informe de AI acusa a Israel de violar los derechos humanos con la detención administrativa. "Los detenidos administrativos -cómo muchos otros detenidos palestinos- han sido sometidos a violaciones como la tortura (...) durante los interrogatorios, además de a un tratamiento cruel y degradante durante la detención, en ocasiones como castigo por huelgas de hambre u otras protestas", apunta el texto.

Según el informe del grupo de derechos humanos, a finales de abril había al menos 308 palestinos bajo detención administrativa.

Fuente: dpa

Editora: Rosa Muñoz Lima