Un total de 231 parlamentarios se opusieron a la solicitud de despojar al primer ministro rumano de su inmunidad, mientras que 120 la apoyaron. El desafuero habría sido un paso necesario para que avanzara la investigación contra Víctor Ponta por conflicto de intereses, lavado de dinero, falsificación y evasión fiscal.

De haberse respondido positivamente a la petición, Ponta habría tenido que dimitir como diputado y la Fiscalía podría haber presentado una denuncia oficial. El primer ministro calificó de “normal” el resultado de la votación parlamentaria, que impedirá las investigaciones por conflicto de intereses, aunque las de fraude tributario y lavado de dinero podrían seguir adelante.

Dura crítica del presidente

El presidente Iohannis reaccionó inmediatamente, con dureza. "Es una prueba de irresponsabilidad y desafío hacia los ciudadanos el hecho de que los parlamentarios que forman la mayoría impidan a la justicia cumplir con su deber… Están dispuestos a destruir la institución del Parlamento", afirmó Iohannis, indicando que la solución pasa por la dimisión de Ponta. El primer ministro socialdemócrata ha manifestado su voluntad de finalizar su mandato, que expira a finales del próximo año.

La Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) anunció el viernes que sospecha de que Ponta recibió 50.000 euros en 2011, un año antes de ser elegido jefe de Gobierno, de un antiguo socio, Dan Sova, al que luego nombró ministro. El próximo viernes, Ponta deberá enfrentar una moción de censura presentada por el opositor Partido Nacional Liberal, de la que previsiblemente saldrá bien librado gracias a la mayoría parlamentaria de la que goza la coalición de centro-izquierda.

ERS (efe, afp)