“Argentina es conocida mundialmente no sólo por el tango y el fútbol, sino también por la calidad de sus alimentos”, celebraba un informe del Ministerio de Economía, hace cinco años. Sin embargo, hoy más de la mitad de la población argentina es pobre, y hasta casi un cuarto podría llegar a pasar hambre, estima un estudio del Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), para el primer trimestre de 2024.

Pobreza, indigencia y riesgo de “pasar hambre”

El último dato oficial disponible, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) -que informará en septiembre sobre el primer semestre de 2024-, situaba el índice de pobreza en el 41,7 % para el segundo semestre de 2023. Ahora, las estimaciones del ODSA-UCA elevan la cifra al 55,5 %.

Casi 25 millones de personas residentes en áreas urbanas habrían sobrevivido, a inicios de este año, por debajo de la “línea de pobreza”: con ingresos insuficientes para costear la “canasta básica total” (alimentación, vivienda, educación, salud, transporte). De ellas, casi 8 millones (el 17,5 % de la población) sobrevivió incluso por debajo de la “línea de indigencia”: sin ingresos suficientes para costear siquiera la “canasta básica alimentaria”.

Ya en el tercer trimestre de 2023, casi el 25 % de la población (11 millones de personas) -incluidos más del 32 % de los niños, niñas y adolescentes (2,7 millones)- habrían sufrido “inseguridad alimentaria”, teniendo que “reducir porciones y saltear comidas”, explica a DW el sociólogo Juan I. Bonfiglio, del ODSA-UCA.

El 11 % de las personas (5 millones) -incluido el 14 % de los menores del país (más de un millón)- sufrieron incluso “inseguridad alimentaria severa”, con privaciones mayores y más frecuentes del mínimo de alimentos que les evitaría “pasar hambre”, aclara el experto.

“Crisis recurrentes y cada vez más intensas”

El informe del ODSA-UCA se conoció mientras el Gobierno de Javier Milei -que asumió en diciembre de 2023- comenzaba la inicialmente negada distribución a comedores sociales de 5.000 toneladas de alimentos retenidos en depósitos estatales y a punto de expirar.

A la medida le precedió un escándalo que costó el puesto a altos funcionarios del Ministerio de Capital Humano, abrió una investigación judicial, y movió al Ejecutivo a prometer el diseño de un nuevo sistema de acopio de alimentos para emergencias.

Argentina atraviesa “una serie de crisis recurrentes y cada vez más intensas”, al menos desde 2018, cuando se duplicó, del 5 al 10 %, la cifra de personas que sufrían hambre o “inseguridad alimentaria severa”. Al recrudecimiento con la pandemia, le siguió cierta recuperación y “un recrudecimiento muy importante en el último año, específicamente, en los últimos meses”, resume Bonfiglio.

Estas crisis traen asociadas una pérdida de los ingresos de los hogares, que provienen de “un mercado de trabajo fuertemente segmentado, en el cual no más del 50 % de los empleos cumplen con las normativas de la seguridad social”, además de ser predominantemente “precarios, inestables y con ingresos muy bajos”, subraya Bonfiglio.

Distribución de alimentos

Para completar su alimentación, las personas y hogares de menores ingresos dependen de ayudas del Estado, de organizaciones de la sociedad civil -incluidas las iglesias y sus instituciones de caridad- o político-partidarias, así como de proyectos comunitarios espontáneos o incluso de familiares, enumeran los expertos consultados por DW.

El problema no es nuevo, aclara la socióloga María Victoria Sordini, autora del estudio “La política del hambre: una emergencia permanente en Argentina”. Desde la década de 1980, y como consecuencia de políticas neoliberales implementadas desde los 70, “amplios sectores sociales han necesitado complementar la alimentación del hogar con alguna prestación del Estado”, dice. Y todos los Gobiernos han sostenido “programas alimentarios”.

Estos programas han incluido la entrega de alimentos secos, el financiamiento y apoyo técnico a comedores comunitarios gratuitos -símbolo de la organización comunitaria en el país-, o programas de formación sobre alimentación saludable, ilustra Sordini. Para los más vulnerables, las políticas públicas hacen la diferencia. Por eso, hoy, “si no llega provisión de alimentos a los comedores, la situación empeora sensiblemente”, apunta Bonfiglio.

Transferencias monetarias

Una “estrategia estrella” ya histórica del Estado argentino contra el hambre son las transferencias monetarias, especialmente a través de programas sociales, destinados a incrementar la capacidad de personas y hogares para abastecerse de alimentos frescos. Entre enero y mayo, el actual Gobierno aumentó en más del 137 % el monto de la asistencia social para comprar alimentos.

Desde junio, las familias más pobres con mujeres embarazadas, hijos menores de 14 años, o discapacitados de cualquier edad, reciben entre 52.250 y 108.062 pesos (de 58 a 120 dólares al cambio de hoy), según la cantidad de hijos, a través de una “Tarjeta Alimentar”. Hasta diciembre de 2023, eran entre 22.000 y 45.500 pesos (de 24 a 50 dólares).

El efecto compensatorio de esta medida, sin embargo, choca con un contexto fuertemente recesivo, la destrucción de puestos de trabajo y una galopante inflación, enumera Bonfiglio. El aumento de los precios de bienes y servicios se acercaba en abril de 2024 al 290 % interanual, según el INDEC. Así que la plataforma local de verificación Chequeado calcula que el poder de compra de la “Tarjeta Alimentar” -con casi 3,7 millones de titulares en agosto de 2023- apenas pudo aumentar un 32 % hasta marzo de 2024.

Además, estas asistencias alcanzan solo a hogares vulnerables con niños. Otros, por ejemplo, con adultos mayores y otras vulnerabilidades, “que también están pasando hambre”, no están cubiertos por estas políticas públicas, lamentan los expertos.

¿Qué más hacer?

¿Qué sociedad propone este tipo de políticas públicas “necesarias”, pero “asistenciales, transitorias, fragmentarias”, que no han resuelto en cuatro décadas la emergencia alimentaria argentina, incluida el “hambre oculta” en la malnutrición? Esta es, para Sordini, investigadora del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS-CONICET), una pregunta central para revisar las políticas contra el hambre en Argentina.

El país necesita, en primer lugar, “mejorar las condiciones del mercado de trabajo”, con políticas sostenibles en el tiempo, que generen “mejores oportunidades laborales”, asegura Bonfiglio, desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Y advierte que está por verse, en los próximos meses, “cuánto éxito van a tener, en este sentido, las actuales políticas de flexibilización y liberalización, de recorte del gasto público”, más radicales que sus antecesoras.

(cp)