Fue la confirmación de un hecho que, en la práctica, todos conocían. La decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de suspender las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la mayor guerrilla activa en Colombia, solo puso una pátina de realidad a un proceso que ya agonizaba. El colapso de las conversaciones, el fin del cese al fuego y, muy especialmente, el ataque contra una base militar en Arauca que dejó 2 soldados muertos y 27 heridos, forzó de alguna forma al Ejecutivo a golpear la mesa.

"El Gobierno suspendió el proceso, pero dejó una puerta abierta para que el ELN demuestre con hechos su voluntad de paz; prueba de ello es que ni siquiera levantó la suspensión de las órdenes de captura de miembros de dicho grupo”, dice a DW Gabriel Cifuentes, abogado y analista político de Noticias Caracol. "En la práctica, no ha cambiado nada. La mesa estaba congelada desde hacía 5 meses por cuenta de los desencuentros entre las delegaciones”, añade el experto.

"El atentado contra la base militar en Arauca no le dejó otra opción al Gobierno, también teniendo en cuenta que había hecho muchas concesiones al ELN en el pasado, que el cese del fuego se había levantado ya en agosto, y que hemos visto varias acciones y atentados de esa guerrilla contra infraestructura y la fuerza pública”, señala el representante para Colombia de la Fundación Konrad Adenauer, Stefan Reith. "Pese a todo, el Gobierno ha dejado claro que se pueden reanudar las conversaciones si el ELN muestra señales de compromiso por la paz”, agrega.

Un pie en Venezuela

En la actualidad, el ELN es la principal guerrilla de Colombia, con presencia en las zonas limítrofes con Panamá, Ecuador y, especialmente, Venezuela, una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros y donde distintos analistas dicen que tiene amplias redes e incluso presencia de combatientes.

Si bien se estima que cuenta con unos 3.000 milicianos, InSight Crime -fundación que estudia las amenazas a la seguridad en la región- aumenta esa cifra a 6.000, incluyendo a miembros infiltrados en la sociedad civil. En su origen, la guerrilla buscaba emular el modelo cubano de revolución, financiándose a través de secuestros y extorsión. Hoy también participa del negocio del tráfico de drogas.

"El ELN es un grupo federado que actualmente está muy dividido. En Nariño, el bloque Comuneros del Sur está en conversaciones con el Gobierno y ha roto relaciones con el mando central. En Chocó hay problemas por enfrentamientos con el Clan del Golfo y no es claro el mando que sobre esas estructuras se ejerce. El mando central tiene control y está más concentrado en la zona de frontera con Venezuela”, explica Cifuentes.

"Hay que tener en cuenta que el ELN es una banda criminal binacional”, explica a DW Reith. "En este contexto, una confrontación total con ellos no puede tener éxito, porque el grupo goza de libertad de movimiento en Venezuela, donde es intocable. Una pura estrategia militar no puede funcionar y no queda más alternativa que un diálogo”, añade.

La guerrilla, pieza clave

El problema de la suspensión de las negociaciones es doble, señalan los expertos. Por un lado, es político, porque deja mal parado al Gobierno. Y por otro es social, porque la reanudación de los combates solo supone problemas para los habitantes de las regiones concernidas.

"El proceso con el ELN y, en general, el proyecto de la paz total quedan heridos de muerte; no solo porque si se cae la negociación con ese grupo se cae el principal actor de las distintas negociaciones, sino porque el Gobierno se ha quedado sin oxígeno y apoyo por parte de la opinión pública”, sostiene Cifuentes.

La opción militar, sin embargo, no es una tarea sencilla, agrega el analista. "Los diferentes grupos se han fortalecido durante los últimos dos años, expandiendo su presencia en todo el territorio y aumentando el pie de fuerza”.

También es cierto que, si bien los ceses al fuego habían llevado tranquilidad a algunas zonas, en otras se habían recrudecido los combates entre bandas criminales rivales. "Con el levantamiento del cese y la suspensión de los diálogos, a la ya difícil situación de orden público por esos enfrentamientos se le sumará el recrudecimiento de la violencia entre dichos actores y el Gobierno, que no tendrá otra alternativa que arreciar las acciones militares”, pondera Cifuentes.

"Esto sin duda afectará la vida de quienes viven en las zonas donde el ELN tiene sus fortalezas, como Arauca,  Norte de Santander y otras regiones fronterizas con Venezuela, donde el ELN representa el Estado, porque el Estado colombiano no controla esos territorios. Habrá confinamientos, desplazados y más violencia”, piensa Reith. Por ello, la única solución viable para el Gobierno de Gustavo Petro es "buscar una fórmula para poder reanudar las conversaciones sin perder la cara frente a la opinión pública, porque el ELN es una pieza clave en la estrategia de la paz total”.

(ms)