En el encuentro, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA, entregaron al presidente mexicano su informe de 560 páginas que refuta la “verdad histórica” presentada en enero pasado por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam. El fiscal federal sostuvo que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero de Cocula, en el estado de Guerrero, por miembros del crimen organizado, en confabulación con policías municipales, que supuestamente los confundieron con un grupo criminal rival.

Los padres pidieron a Peña Nieto que rinda cuentas a la sociedad mexicana sobre la versión presentada por su gobierno; que acepte la supervisión internacional en la investigación, y que adopte la conclusión del grupo de expertos independientes (GIEI): un replanteamiento de la investigación.

Después de la reunión de tres horas de duración a puerta cerrada, el vocero del gobierno, Eduardo Sánchez Hernández anunció que Peña Nieto se comprometió con los padres y abogados de los 43 normalistas desaparecidos en que la investigación no será cerrada y que los instó a buscar juntos la verdad.

“No habrá carpetazo”

“Les aseguré que la investigación sigue abierta. No habrá carpetazo”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter, en donde aseguró también, que al igual que los padres, quiere saber qué pasó con cada uno de sus hijos, y que haya justicia. Los padres de los normalistas acudieron a la reunión con un pliego de 8 exigencias, pero la respuesta fue diplomática. El mandatario ordenó que se someterán a estudio y propuso crear una Fiscalía especial para la búsqueda de personas desaparecidas, lo que fue rechazado por los padres, considerando la cifra oficial de 26.000 desaparecidos.

““No queremos una fiscalía especial, necesitamos una sólo para el caso Iguala. (…) Condenamos su actitud, la repudiamos totalmente, porque sigue insistiendo en que el crimen fue perpetrado en el basurero de Cocula. Ni siquiera reconocieron sus errores”, dijo Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa durante una reunión con los medios en el zócalo, la inmensa plaza central de la Ciudad de México, en donde los padres iniciaron el jueves (23.09.2015) un ayuno de 43 horas para “exigir la presentación con vida de sus hijos”.

Pro DH, organización que representa legalmente a los familiares de los 43, emitió un comunicado en el que destaca que los puntos expuestos por el presidente no suponen ningún avance pues no garantizan un verdadero cambio en la investigación. “Lo que pidieron fue el replanteamiento de la investigación con supervisión internacional que indague a profundidad el paradero de los estudiantes y que se investigue la versión con la que se pretendió engañar a las familias”.

Erosión en la credibilidad del presidente

A lo largo de un año, el caso Ayotzinapa ha erosionado la credibilidad política del presidente mexicano que llegó a pedir a las familias, en una visita a Acapulco en diciembre de 2014, “que superaran el dolor que generó la desaparición y que pasaran página”. El gobierno federal atribuyó la autoría del crimen al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Sin embargo ninguna de las 111 personas detenidas ha recibido una sentencia, y sólo cinco de los detenidos, policías de Iguala, han sido acusados de desaparición forzada, según un informe de la PGR, que lleva oficialmente las investigaciones. El resto enfrenta cargos por secuestro, homicidio, delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero. Adicionalmente todavía hay unas 20 personas prófugas de la justicia y aumentan los reclamos de las familias de las víctimas y de expertos ante las fallas en las investigaciones oficiales.

“No confiamos en las autoridades mexicanas y mucho menos ahora que han sacado la supuesta identificación de otro compañero”, dijo a DW Omar García, uno de los estudiantes que sobrevivió los ataques de Iguala. “Sin una vigilancia estricta de la comunidad internacional no va a ser posible dar con la verdad. Nosotros ya habíamos denunciado la existencia de un quinto autobús, (que no figuraba en las investigaciones oficiales), y dijimos que participó el Ejército, pero no nos dan credibilidad. El único membrete que tenemos es el de ser sobrevivientes”, dijo.

Un año de sufrimiento e incertidumbre

“Es un año de resistencia, de lucha, de sufrimiento y de incertidumbre, de no saber en dónde está mi hijo ni sus compañeros”, dijo a DW Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez, originarios de Tixtla de Guerrero, uno de los municipios más pobres del convulso estado al sur del país. Su hijo desapareció a los 19 años. “Le gustaba mucho el campo, los animales, quería ser agrónomo, pero no tuvimos los medios para enviarlo a una universidad de paga en Chilpancingo. Era un joven tranquilo, me ayudaba a repartir agua en las calles los domingos, pero yo le decía que se centrara en sus estudios, que yo trabajaba para que él pudiera estudiar”.

El encuentro entre los padres de los normalistas desaparecidos y el presidente Enrique Peña Nieto no ha logrado un acercamiento. Los padres exigen justicia y amenazan en que seguirán siendo “la piedra en el zapato del gobierno”.

Santiago Aguirre, abogado de Pro DH, señala que seguirán luchando por dos garantías fundamentales. “Una es el compromiso del jefe de Estado mexicano en que no se manipulará la información para que arroje conclusiones que no estén soportadas con pruebas científicas. Como entienden que esa garantía y ese compromiso siempre será insuficiente en un contexto como el mexicano, el otro mecanismo de garantía es la permanencia del grupo de expertos para que realicen una labor de supervisión y direccionamiento de la nueva investigación”.