El presidente de Guatemala ha renovado en su cargo, por cuatro años más, a la fiscal general, Consuelo Porras, acusada por el Departamento de Estado de Estados Unidos de obstruir investigaciones sobre casos de corrupción y señalada por perseguir a jueces y magistrados.

Mientras esto sucedía en el Ministerio Público guatemalteco, el procurador de los derechos humanos del país, Jordán Rodas, hacía llegar a Bruselas un pedido de auxilio:

"Estamos contra la pared”, dijo el lunes (16.05.22) ante la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Rodas había acompañado hasta la frontera, en julio de 2021, al condecorado jurista de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala Juan Francisco Sandoval, que había sido cesado de su cargo y salía al exilio en Washington.

"Termino mi mandato el 20 de agosto después de cinco años de labor bajo asedio, 18 antejuicios, seis solicitudes de remoción, recortes de presupuesto. Tengo que plantearme distintos escenarios para cuando termine mi período”, contó Rodas en Bruselas, abogando por la solidaridad y el respaldo de Europa. "Washington se está llenando de guatemaltecos”, agregó.

"El crimen organizado, cuerpos militares ilegales y corruptos han permeado casi la totalidad del Estado y están imponiendo un régimen autoritario que ha implicado retroceso en derechos humanos. Los desalojos, que van en aumento, los ejecutan ejércitos paralelos con complicidad de la justicia”, expuso Rodas ante la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. 

¿Sanciones a un socio exportador?

En opinión de Rodas, desde la UE se debería optar por sanciones económicas al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), pues este gremio empresarial es el oxígeno de la élite política.

Sobre este asunto, la columna "Notas de un abogado alemán en Guatemala”, escrita por Miguel Mörth y publicada en marzo por la revista digital Red Guatemala-Suiza, explicaba que "el CACIF tiene voz y voto en 58 instituciones públicas, desde el banco nacional a la seguridad social, pasando por el Instituto Nacional de Electrificación; el actual ministro de Economía era justo antes presidente el CACIF. Sin el CACIF, en este país no se mueve nada, incluyendo la persecución de la justicia independiente”. 

"No somos inocentes, importamos mucho"

Cabe recordar que Guatemala, junto con otros cinco países de la región, tiene con la UE un Acuerdo de Asociación, en vigor desde el 2013. Aunque ese Acuerdo tiene un pilar de diálogo político y otro de cooperación, solamente está en vigor el pilar comercial. En ese marco, según el informe de evaluación de la implementación del Acuerdo, emitido en marzo de 2022, las exportaciones guatemaltecas a la UE se han duplicado en términos absolutos y han crecido en un 74 por ciento en términos relativos. 

Aceites vegetales, como el de palma, bananos y frutas, azúcar, ron y bebidas espirituosas han sido los principales productos de exportación. Por otro lado, según un informe de la ONU, en 2021 hubo 103 ataques contra defensores de derechos humanos y territorios, 6 asesinatos y 33 ataques a periodistas.

"No somos inocentes, importamos mucho. Y hay intereses europeos implicados”, dice a DW Tilly Metz, presidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central en la Eurocámara. "Podríamos tener algún impacto si hiciésemos responsables a las empresas por cómo tratan a la gente, por los desalojos, la malnutrición, por los ataques a las poblaciones indígenas cada vez más amenazadas”, agrega Metz.

¿Millones contra la impunidad?

Esta situación fue recogida en abril de 2022 en una resolución de la Eurocámara, que instaba a Guatemala a tomar cartas en el asunto. En el texto aprobado se subraya que la UE sigue siendo unos de los principales socios de cooperación del país centroamericano: entre 2014 y 2020 se asignaron a Guatemala 152 millones de euros para seguridad alimentaria, paz, seguridad y la lucha contra la corrupción.

No obstante, en 2019, el Gobierno guatemalteco decidió unilateralmente poner fin al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), que en sus doce años de labor persiguió casos de violación de derechos humanos y corrupción. Entretanto, desde el Ministerio Público de Guatemala se ordenan procedimientos judiciales contra jueces, fiscales y abogados independientes.

"Los que lideran la lucha contra la impunidad están amenazados, por eso tienen que huir”, prosigue Metz, que explica así cómo se cierra el círculo entre intereses económicos, corrupción e impunidad. 

Como fuere, tanto la eurodiputada luxemburguesa como Jordán Rodas ven con buenos ojos que laEurocámara y los espacios diplomáticos europeos traten de la situación de Guatemala. ¿Suficiente? "No, la UE podría poner presión en sus empresas, están implicadas”, subraya Metz. "Y mucho me temo que, con el renombramiento de la fiscal general Consuelo Porras, el combate a la corrupción y la impunidad se hará más difícil”, concluye Metz, previendo que Jordán Rodas se sumará a la lista de juristas que abandonan Guatemala por amenazas a su seguridad.(ms)