Han pasado 12 meses desde su llegada al poder, y para Pedro Castillo la única noticia positiva en estos días es haber conseguido asegurar, a duras penas, su supervivencia política, y mantenerse hasta ahora en el cargo como presidente del Perú. Las malas noticias, en cambio, abundan: su gobierno vive en crisis permanente por la vertiginosa entrada y salida de funcionarios incompetentes, y a las críticas por una gestión miserable se suman acusaciones de corrupción cada vez más serias.

Castillo, un maestro rural que llegó al poder al frente de una improvisada candidatura de izquierda, parece haber confirmado algunas de las peores expectativas respecto a su administración. No de que podía convertir a Perú en una especie de Venezuela gobernada por una izquierda autoritaria, como temieron inicialmente muchos ciudadanos debido a los antecedentes del partido con el que fue elegido. El fantasma del "comunismo" lo sigue agitando, en tanto, solo la oposición más radical. Castillo, en cambio, ha demostrado para muchos ser incapaz de dirigir el país. El mandatario se ha quitado el típico sombrero campesino que lucía en los primeros meses, en un intento por cambiar su imagen, pero la única constante es que Perú está sumido en el desgobierno.

Una gestión "calamitosa"

"La gestión pública de Pedro Castillo ha sido realmente calamitosa", dice a DW el analista político Alonso Cárdenas, profesor de Políticas Públicas en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en Lima. "Ha tenido hasta el momento 57 cambios de ministros, ha designado personas sin ningún tipo de perfil y experiencia en diferentes cargos públicos", enumera.

El resultado de esa política errática ha sido una lenta erosión del Estado peruano. "No hay administración pública, por más buena que sea, que no se resienta por esta rotación, tan frecuente como dañina", escribía recientemente el politólogo Fernando Tuesta. "Con funcionarios rotando a esa velocidad es imposible desarrollar políticas".

Una muestra de ese deterioro, cree Cárdenas, es que uno de los pocos aciertos iniciales del gobierno, mantener la buena campaña de inmunización contra el coronavirus iniciada por la gestión anterior, acabó también invalidado. "Lo que estaba haciendo mejor, que era el proceso de vacunación, lo autosaboteó al sacar al ministro que había hecho que Perú tuviera proporcionalmente más personas vacunadas que Estados Unidos", dice.

La salida del anterior ministro de Salud, Hernando Cevallos, es atribuida a una concesión al antiguo partido de Castillo, Perú Libre, que reclamaba su cuota de poder. El mandatario ha abandonado, entretanto, las filas de Perú Libre.

La búsqueda de "la salida"

Una muestra de la magnitud del descalabro peruano es que la salida del presidente, ya sea por su renuncia o su destitución a través del Congreso, luce a estas alturas para muchos como la mejor alternativa para escapar de una crisis sistemática que amenaza con acabar de destruir la frágil democracia peruana. El final anticipado del actual gobierno ha dejado de ser la opción extrema de una oposición conservadora radicalizada, obsesionada con declarar la "vacancia" de la presidencia desde el primer día, aun a costa de dañar más la institucionalidad del país.

La salida de Castillo es debatida ahora de forma amplia como la única vía para salvar la democracia. "Mucha gente no quiere otro año en peligro. Sólo quiere que se vayan todos", escribió el politólogo Tuesta. Al margen de los llamados más acalorados para destituir a Castillo, hay al menos dos iniciativas ciudadanas que piden formalmente el adelanto de las elecciones generales.

Adiós a la imagen de político provinciano honesto

El historial de la caótica política peruana de los últimos años hace difícil cualquier pronóstico, pero algunos observadores creen que la última investigación abierta contra Castillo por posible obstrucción a la Justicia, así como la aprehensión de un exsecretario de Palacio de Gobierno acusado de corrupción, Bruno Pacheco, podrían ser las gotas que derramen el vaso. Pacheco se entregó hace unos días, tras pasar varios meses prófugo, y sus declaraciones podrían comprometer más al presidente. En la más reciente investigación contra él, Castillo está en la mira de la Justicia después de que su propio exministro del Interior Mariano González, despedido tras sólo 15 días en el cargo, lo acusara de intentar sabotear, con ese despido, las diligencias para capturar a personas de su entorno acusadas por corrupción.

En el juego sucio de la política peruana resulta complicado saber si alguna de las múltiples acusaciones podrían de verdad conducir finalmente a la destitución de Castillo por parte del Congreso, en la que sería la tercera moción de vacancia contra él. Las dos primeras fracasaron, en gran medida porque las distintas fuerzas del Parlamento tienen intereses divergentes. Otra cara de la tragedia política peruana es que el descrédito salpica tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Según un sondeo de la encuestadora Ipsos Perú, publicado en julio, la desaprobación de Castillo alcanza el 74% entre los encuestados, y la del Congreso, el 79%. En el discurso político florecen, mientras tanto, las posiciones extremistas, a ambos bandos del espectro ideológico.

Contra Castillo, que llegó al poder esgrimiendo una imagen de político provinciano honesto y lejano a las corrompidas élites políticas de Lima, hay ya cinco investigaciones abiertas por corrupción. El presidente es percibido a estas alturas como corrupto por buena parte de la ciudadanía, al margen de que las acusaciones en su contra tengan que ser probadas aún. En la misma encuesta de Ipsos, un 57% de personas cree que el presidente recibió sobornos en uno de los casos por los que es acusado.

Cada vez más solo

Y en Perú, en tanto, es difícil encontrar a alguien que crea aún en el proyecto político de Castillo. La izquierda más moderada se ha alejado de Palacio tras participar en los dos primeros gabinetes del presidente, que ha nombrado después dos equipos ministeriales más. El tercero cayó tras apenas una semana por un escándalo de violencia familiar en torno al efímero primer ministro.

Y después del distanciamiento de Perú Libre, el resto de la izquierda de provincias que aupó a Castillo a la presidencia lo mira ahora con recelo por los pactos tácitos con grupos de centro y de derecha –casi por regla general en detrimento del interés público– que lo han ayudado a asegurar su supervivencia política."Ideológicamente, no lo veo ni por asomo como un gobierno de izquierda", critica, por ejemplo, Jorge Paredes, antiguo militante de Perú Libre y director de "El Sombrero", una publicación normalmente afín al gobierno.

Paredes atribuye buena parte de la mala gestión del presidente a la actitud intransigente de la oposición, que se negó a reconocer el triunfo de Castillo, alegando un fraude electoral en la segunda vuelta frente a la derechista Keiko Fujimori con acusaciones infundadas. Con ello, cree Paredes, se imposibilitó también una transición ordenada en 2021. "Todo lo que ha ocurrido, la ineficacia, la falta de planes del gobierno, la falta de conocimiento del equipo de gobierno, nace en ese momento", dice Paredes, que alude, además, directamente a un odio racial y de clase por el origen de Castillo. "No iban a perdonar que un campesino haya vencido a la señora Fujimori y a toda la élite", considera.

La oposición irresponsable, sin embargo, no acaba de explicar el fracaso de Castillo, admite también Paredes: "Hay cosas que (el presidente) ha hecho mal y no está aclarando, por su impericia. A este paso, Perú se va a convertir en un país inviable", sentencia.

Según Paredes, las pocas organizaciones sociales que aún apoyan a Castillo han dado al presidente un ultimátum, y ven el mensaje del presidente por su primer año de gobierno, este 28 de julio, día nacional en Perú, como su útima oportunidad para dar un golpe de timón. "Nosotros tuvimos una reunión en Palacio", cuenta. "Le dije: 'presidente, en julio se define su gobierno'". Las perspectivas para Castillo, en todo caso, parecen ser mucho peores que un año atrás.

(cp)