"Vamos a rendir cuentas", dijo Sánchez en el Congreso, pronunciándose por primera vez sobre este "tema serio", desde la publicación del informe de una organización canadiense afirmando que se intervinieron y espiaron, entre 2017 y 2020, los teléfonos de más de 60 personas de la órbita independentista con el programa israelí Pegasus.

Pegasus permite, una vez instalado en un celular, acceder a mensajes, datos, y activar el aparato a distancia para grabar imágenes o sonido.

"Estamos hablando de un tema serio que exige respuestas serias", insistió, recordando que su Gobierno anunció la apertura de una investigación interna en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), otra por parte del Defensor del Pueblo, y el control parlamentario de los servicios de inteligencia.

Al mismo tiempo, Sánchez insistió, como han hecho otros miembros de su ejecutivo desde que estalló el caso, que el CNI actuó "ateniéndose escrupulosamente a la ley".

Considerando que su Gobierno depende en particular del apoyo parlamentario del partido separatista ERC (Izquierda Republicana de Cataluña), Sánchez le pidió reconstruir "la confianza", y le pidió que no le retire el apoyo.

Desde que estalló el caso, el Gobierno español no ha reconocido nunca que se produjo el espionaje. Sin embargo, citando a fuentes próximas al CNI, el diario El País afirmó el martes que los servicios de inteligencia sí espiaron a los independentistas catalanes pero con permiso judicial, y de manera selectiva, no masiva.

En otro gesto destinado a apaciguar a los independentistas, la presidenta socialista del Congreso de los diputados autorizó el martes una modificación de la elección de los futuros miembros de la comisión parlamentaria de "secretos oficiales", donde se analizará la actuación del CNI en este caso, y que permitirá la inclusión en la misma de ERC y los independentistas vascos de EH Bildu. (efe)