Espiar a un periodista es casi igual de violento que asesinarlo porque el objetivo es el mismo: bloquearlo, silenciarlo, chantajearlo, censurarlo, desaparecer pruebas, manipular hechos, descubrir e intimidar a sus fuentes de información, todo con el fin de impedir que los secretos del gobierno y los poderosos sean revelados.

Espiar a un periodista es casi igual de violento que asesinarlo porque el objetivo es el mismo: impedir que la sociedad tenga información veraz y oportuna para tomar libremente sus decisiones. El espionaje a periodistas es mucho más que un atentado contra la privacidad o violación de datos personales de una persona, es un atentado contra el derecho de la sociedad a estar informada. Es un sabotaje a la democracia.

México no es solo el país donde más periodistas han sido asesinados en la última década, sino que ahora es también tristemente célebre por ser el país donde más periodistas han sido blancos de espionaje por parte del gobierno de México.

Durante los últimos días la investigación multinacional realizada por medios de comunicación de diversos países llamado "Pegasus Project”  ha sacudido a la comunidad internacional con la confirmación de la práctica sistemática de espionaje realizada por diferentes gobiernos, no con fines de seguridad nacional, sino con fines claramente políticos. No para proteger intereses nacionales, sino para proteger intereses privados.

En la lista de más de 50 mil números telefónicos que fueron filtrados a Amnistía Internacional y Forbiden Stories, y que han sido blanco de espionaje a través del virus Pegasus, comercializado por la empresa israelí NSO y comprado por gobiernos de al menos 180 países, se incluyen los números telefónicos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, opositores políticos, y al menos 185 periodistas de todo el mundo.

La infección del spyware Pegasus a los aparatos de comunicación de estas personas ha permitido a las autoridades que lo adquirieron y lo utilizaron en contra de líderes sociales y periodistas, tener acceso a prácticamente toda su información: fotografías, contactos, correo electrónico, mensajes, e incluso funciona como cámara de video y grabadora de voz sin que la víctima pueda detectarlo.

México encabeza el ranking del país con más teléfonos que fueron target para ser infectados con Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto: 15 mil números, según Pegasus Project. El Watergate a la mexicana. Ni el propio presidente de Estados Unidos Richard Nixon habría soñado con poder espiar a tantos como logró hacerlo el gobierno de Peña Nieto.

De los 15 mil números telefónicos blanco de espionaje se logró identificar que al menos 15 pertenecían a periodistas, entre ellos corresponsales extranjeros y periodistas de investigación nacionales. Decenas de defensores de derechos humanos y actores políticos incluyendo al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, familiares y su círculo más cercano.

La historia del Watergate a la mexicana

El tema del espionaje canalla contra defensores de derechos humanos y periodistas en México a través de Pegasus en realidad no es nuevo y muy probablemente no ha terminado.

Desde el 2016 Citizen Lab de la Universidad de Toronto publicó la primera información sobre espionaje político en México por parte del gobierno de Peña Nieto, usando el virus en 2015 contra el periodista Rafael Cabrera de Aristegui Noticias cuando éste realizaba la investigación sobre la residencia millonaria regalada por un contratista a Peña Nieto.

En 2017 el periódico The New York Times abundó en el tema y desde entonces  las organizaciones no gubernamentales Artículo 19 (Oficina para México y Centroamérica) y R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) presentaron una demanda penal en la Procuraduría General de la República como representantes de diversas víctimas del espionaje, entre ellos la periodista Carmen Aristegui, miembros de su equipo, Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdez asesinado en 2017. Luego del homicidio de su esposo Griselda e Ismael Bojórquez, el director del semanario sinaloense Río Doce, donde trabajaba Valdez, descubrieron que fueron víctimas de Pegasus.

El perfil de las victimas visibles de Pegasus es claro: eran en su mayoría incómodas al gobierno federal en turno. Sí, todo esto es muy escandaloso y muy grave. Es un crimen aún peor que el espionaje orquestado en la administración de Nixon que en 1974 lo obligó a renunciar a la Presidencia de Estados Unidos.

La gran pregunta que debemos hacernos en México es ¿Por qué si esto ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por qué si el actual Presidente López Obrador fue victima de espionaje, por qué si ahora se supone existe una Fiscalía General de la República independiente el caso sigue impune? ¿Por qué?

La respuesta puede estar en que, aunque ha cambiado el nombre del Presidente de la República y las siglas del partido en el poder, en realidad el dark State en México permanece intocable. El caso del Watergate a la mexicana es un ejemplo más de cómo ese Estado oscuro, aún en los tiempos de la llamada Cuarta Transformación, opera y es impune, porque sus integrantes han sido absorbidos por la nueva administración como lo he denunciado en esta columna desde hace más de un año.

Continúan la secrecía y el encubrimiento

Hablé con Leopoldo Maldonado, director de Articulo 19, una de las organizaciones que representa legalmente a víctimas de Pegasus desde 2017. Entre las víctimas que representa están Griselda Triana y Carmen Aristegui. Me comentó que desde entonces hasta la fecha existen omisiones y resistencia a investigar por parte de la PGR y ahora la FGR.

Maldonado me explicó que hasta ahora la FGR insiste en que para probar que se cometió el delito de espionaje las víctimas deben entregar sus teléfonos y ser sometidos a un peritaje como si el virus Pegasus fuera una entidad física que pudiera ser descubierta dentro del teléfono, cuando en realidad Amnistía Internacional ha probado que se trata de una forma de operación mucho más compleja y por vía remota. Dejar la carga de la prueba a la victima en vez de que la FGR haga su investigación en sus propios archivos, bases de datos, contratos, y funcionarios, es parte de los obstáculos para resolver el caso.

Uno podría entender que en el gobierno de Peña Nieto la PGR era juez y parte en el caso, es decir era culpable y a la vez debía hacer la investigación, por eso la investigación nunca avanzó. La gran pregunta es por qué con el nuevo Fiscal Alejandro Gertz Manero no hay un replanteamiento de la investigación y un nuevo entendimiento del tema. "Esa es una pregunta importante, y seguimos prácticamente varados en una discusión estéril de cómo se puede probar los intentos de infección o las infecciones consumadas (de Pegasus) así como los posibles responsables”, me dijo Maldonado.

La defensa de los denunciantes ha sugerido desde 2017 a la fecha diversas líneas de investigación lógicas y razonables para dar con los responsables pero la PGR y ahora la FGR se han negado a seguir esas líneas pese a que jueces han emitido fallos a favor de los afectados en los cuales se ha ordenado a la FGR a seguir dichas líneas de investigación.

Pero no solo la FGR ha tenido resistencias a aclarar el caso Pegasus, la actual Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina, que se presume también adquirieron y usaron el spyware en el gobierno de Peña Nieto, hasta la fecha  han sido omisos en aclarar y ni niegan ni reconocen abiertamente el espionaje, ni han dado información sobre esto a la FGR.

Víctimas colaterales 

La FGR acaba de confirmar que Manuel Mondragón, quien fue Comisionado de Seguridad Nacional en el gobierno de Peña Nieto, fue espiado de febrero de 2013 a noviembre de 2013. Se afirmó que fueron grabadas sus reuniones con autoridades y terceras personas. 

A fines de mayo de 2013, Mondragón me pidió una cita para que habláramos de mis investigaciones sobre la corrupción de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y el grupo de policías corruptos que ellos encabezaban. 

Específicamente quería saber qué funcionarios de aquel grupo seguían en la Policía Federal. Yo ya tenía una larga lista, entre ellos Armando Espinosa de Benito, cómplices y familiares. 

Espinosa de Benito también habia sido señalado por recibir sobornos del Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Beltrán Leyva. 

Acepté reunirme con el y lo vi en sus oficinas ubicadas en Avenida Constituyentes, Ciudad de México. Hablamos de una larga lista de funcionarios y familiares que aún estaban en la PF. Quedamos de vernos en otras ocasiones para dar seguimiento al tema. 

Horas después de la reunión, ese mismo día, dejaron animales decapitados en la puerta de mi casa. Una especie correspondía al número de mis escoltas y otra especie de animal color blanco era único y probablemente me simbolizaba a mi. 

De inmediato levanté una denuncia ante la PGR que hasta ahora sigue abierta y se sumó a las otras denuncias previas que presenté sobre el complot orquestado por García Luna y su grupo para asesinarme en 2010, así como las denuncias sobre atentados ocurridos en contra mía y de mi familia. 

Nunca entendí la velocidad de la represalia luego de mi reunión con Mondragón. Llegue a pensar que podría haber un espionaje en su oficina pero no tenía ningún elemento de prueba. Ahora que sé a ciencia cierta que justo en esa época sus reuniones eran grabadas por alguien, vía remota, gracias al virus Pegasus instalado en su teléfono, pienso que es probable que esa sea la forma en que la represalia e intimidación contra mi persona fue tan veloz. 

El tema de espionaje en Mexico no solo debe verse en el ámbito de la afectación directa a las personas espiadas sino a todas las víctimas colaterales de ese espionaje. 

Deben fiscalías investigar a Omar García Harfuch

Uno de los responsables directos del Watergate a la mexicana es el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, un oscuro y corrupto personaje del dark State del que he hablado constantemente en esta columna. Durante su gestión la AIC contrató y usó el virus Pegasus a NSO.

Habrá que recordar una y otra vez que Zerón no solo era parte del grupo de Enrique Peña Nieto desde que este fue gobernador del Estado de México (2005-2011), sino que ha sido integrante permanente del grupo de policías corruptos encabezado por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino desde el 2001.

No es remoto pensar que la información que llegaba a las manos de Zerón no solo era transmitida a otros integrantes del gobierno de Peña Nieto, sino del grupo de policías corruptos al que pertenecía.

Tomás Zerón dejó de ser titular de la  AIC en septiembre de 2016. Existen pruebas de que el virus siguió siendo comprado y utilizado al menos en 2016 y 2018.

Quien sustituyó a Zerón en el cargo del AIC fue Omar García Harfuch, actual Secretario de Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Habrá que recordar que García Harfuch pertenece al mismo grupo de policías corruptos encabezado por García Luna y Cárdenas Palomino, y él protegió a Zerón de las torturas, manipulación de pruebas, y sabotaje a la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Si en 2017 las victimas presentaron denuncia ante la PGR por el espionaje, irónicamente la AIC como policía investigadora del Ministerio Público debía hacer la investigación. No lo hizo de manera eficaz.

En 2019 el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), luego de una investigación realizada sobre la violación por parte de la PGR a datos personales, determinó que la PGR había desaparecido las pruebas relacionadas al caso Pegasus, lo cual habría sido un acto de encubrimiento.

Si el usuario del virus en la PGR era la AIC, y ésta siguió usando el virus hasta 2018, sería directamente García Harfuch uno de los funcionarios en quien debería centrarse la investigación de la FGR no solo por haber continuado usando el spyware Pegasus, sino por la alteración de pruebas del espionaje. Sin embargo, hasta donde se sabe, no ha sido siquiera llamado a declarar.

Cabe recordar que en la FGR quienes encabezan las principales áreas de investigación son integrantes de ese mismo grupo criminal de policías como el titular de la Policía Federal Ministerial (homóloga de la AIC) Antonio Pérez García. En estricto sentido es esta policía quien debe hacer la investigación de campo para encontrar las pruebas y a los responsables.

Zerón había sido citado a declarar sobre el caso Pegasus, pero sus amigos de la FGR lo dejaron escapar luego de que un juez le girara orden de aprehensión por tortura en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en marzo de 2020.

García Harfuch, parte de ese sistema oscuro, corrupto, es uno de los hombres de mayor confianza de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, que a su vez es la candidata de AMLO a sucederlo en la Presidencia de la República.

¿Hasta cuándo se comprenderá la peligrosidad de ese grupo de policías corruptos que pertenece a la parte oscura del Estado? ¿A qué intereses sirve la información recabada a través de Pegasus?, ¿Quién lucra con ella ahora? ¿Sigue el espionaje? Son preguntas que el gobierno de AMLO y la FGR deben responder.