Más de un cuarto de siglo después del  acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla del FMLN, "la democracia en El Salvador se tambalea”, asegura a DW la socióloga y latinoamericanista alemana Annika Oettler. Sin embargo, agrega, no hay que olvidar que fue justamente "el declive de los dos partidos tradicionales y su incapacidad para resolver problemas estructurales, lo que posibilitó, en primer lugar, la elección de Nayib Bukele". 

Efectivamente, "venimos de 30 años de gobierno de ARENA (derecha) y FMLN (izquierda), que dejaron muchas deudas con las necesidades más apremiantes de la población”, coincide Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una ONG especializada en la contraloría social de la política salvadoreña.

Gobiernos caracterizados por la corrupción, que socavaron la confianza en los políticos e instituciones políticas tradicionales, pusieron "en total cuestionamiento el sistema democrático” y marcaron una tendencia en la ciudadanía: la de "apoyar cualquier sistema político, aunque no fuera democrático, con tal de satisfacer sus necesidades más urgentes”, resume Escobar.

Autoritarismo online y offline

Desde antes de asumir como presidente, Bukele dio "señales preocupantes” sobre sus credenciales democráticas, afirma Escobar. Y alude a su participación en un "tarimazo” (mitín político) del entonces alcalde de San Salvador por el FMLN, frente a la Fiscalía General de la República, para intimidar al fiscal de ese momento, que pretendía investigarlo. O a un discurso en la Universidad de El Salvador (pública), en el que llamó a exigir más presupuesto universitario al Congreso, en compañía de las Fuerzas Armadas y la Policía para que nadie pudiera detenerlos. O a su baja tolerancia con las voces críticas, incluidas las de la prensa, en esos años como alcalde.

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Ya en la cima del poder, Bukele, al que algunos medios llaman el presidente millennial, "ha tenido su estilo muy propio de gobernar a través de tuits públicos, con pedidos específicos a los ministros para cumplir sus órdenes”, recuerda el politólogo Günther Maihold, subdirector del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y Seguridad (SWP).

Twitter es "el medio official de comunicación institucional del presidente, desde el que ataca a todo sector que el gobierno considere opositor politico”, especialmente a la Asamblea Legislativa, y a la Corte Suprema de Justicia, además de al Ministerio Público, al Fiscal General de la República, a la oficina del Ombudsman y las organizaciones de derechos humanos, enumera Celia Medrano, Directora de Programas de Cristosal, una ONG centroamericana defensora de los derechos humanos.

Las alarmas sonaron desde febrero, antes de la crisis del coronavirus, cuando el presidente amenazó con disolver el Congreso e ingresó con militares armados e invocando a Dios a la Asamblea Legislativa, dominada por la oposición. Bukele exigía así aprobar un crédito millonario para su plan de seguridad y llegó a llamar a una insurrección popular, en "una clara señal de irrespeto a la division de poderes”, señala Maihold.

Como un "intento de golpe”lo denunciaron los parlamentarios, incluidos los de la oficialista Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), con la que el mandatario llegó al poder en junio de 2019. Sin embargo, tras este "parteaguas en la democracia salvadoreña”, nadie fue investigado o procesado: "La Fiscalía dijo que no había evidencia de delito”, precisa el abogado salvadoreño Eduardo Escobar.

Desde marzo, y a raíz de la pandemia del coronavirus que provoca la COVID-19, El Salvador se halla bajo estado de emergencia y cuarentena domiciliar obligatoria, con una población empobrecida que depende en gran medida de la economía informal, comenta Medrano. La Alta Comisionada de la ONU llamó a respetar los derechos humanos, luego de que Bukele ordenara recluir en "centros de contención” a ciudadanos que violen la cuarentena, desconociendo resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y su Sala de lo Constitucional. La Asociación de Periodistas denunció restricciones a la libertad de prensa. Y una sesión del Parlamento para superar vetos presidenciales fue suspendida por una presuntamente "significativa sospecha de COVID-19” tuiteada por Bukele. 

Con apoyo popular

La crisis hace aún más evidente "el cariz autoritario del Gobierno de la República y, particularmente, de su presidente, reacio al control del resto de los órganos del Estado, a someterse a las reglas democráticas que establece la constitución para tomar decisiones”, opina Escobar. Bukele ha seguido despreciando al poder judicial y presionando a los legisladores para suspender las garantías constitucionales con un estado de excepción que sustituya al de emergencia. Y tiene de su lado, garantizando su autoridad, a las Fuerzas Armadas y a la Policía, advierte el director ejecutivo de Acción Ciudadana.

El presidente no tiene hoy siquiera una mayoría simple en la Asamblea Legislativa salvadoreña. La alianza con la que gobierna, GANA, cuenta con apenas una decena de diputados (más algunos disidentes de otros partidos), del total de 84 curules del que ARENA y el FMLN disponen de 37 y 23 respectivamente. Pero goza del apoyo popular mayoritario en las encuestas, recuerda Medrano. Y lo usa para seguir confrontando a la Asamblea y los partidos de oposición, con un fin claro, insiste por su parte Escobar: refozar el rechazo a estos partidos -en el que se basa su popularidad entre la ciudadanía- y generarles un mayor desgaste de cara a las elecciones legislativas y municipales en febrero de 2021.

 

Instituciones débiles y ¿fuerte crimen organizado?

"Bukele ha orientado toda su estrategia política a sustituir al Parlamento en sus funciones, con un mando único centrado en su persona, en relación directa con los ciudadanos, vía Twitter”, resume el politólogo Maihold. Si su partido obtiene la mayoría simple el próximo año, las instituciones podrían verse aún más debilitadas: el presidente "eliminaría el poco contrapeso que aún tiene en el Legislativo, y podría llegar a influir en la elección del fiscal general, y de los magistrados de la Corte de Cuentas y de la Corte Suprema de Justicia”, advierte el abogado Escobar.

"Por un lado, el presidente utiliza la crisis del coronavirus en su pugna con las instituciones estatales, en las que aún dominan las redes de ARENA y FMLN. Pero, por otro, se trata también de luchar por el control territorial, con medios autoritarios”, advierte la socióloga Oettler, que ha investigado sobre el terreno en El Salvador y otros países centroamericanos.

La crisis del coronavirus ha propiciado que se decrete un plan de contingencia que se convierte, al mismo tiempo, en un plan de seguridad contra las maras, luego de que las muertes violentas repuntaran este fin de semana y el presidente autorizara el uso de fuerza letal contra el crimen organizado. Todo, advierte Escobar, sin dejar de atacar a la oposición por los supuestamente "evidentes vínculos de políticos” con estos crímenes.

Bukele presentó un Plan de Control Territorial para acabar con la delincuencia, que ha sido cuestionado por contemplar prácticas ya criticadas por defensores de derechos humanos a gobiernos anteriores, explica Medrano, desde Cristosal. Fue celebrado por disminuir los homicidios diarios y controlar la presencia de pandillas en determinados territorios, con la presencia de militares. Pero, el repunte muestra ahora que "las pandillas nunca han reducido su capacidad operativa ni su presencia en esos territorios y comunidades”, opina la defensora de derechos salvadoreña. Y que el uso excesivo y arbitrario de la fuerza contra personas privadas de libertad es el mecanismo publicitario inmediato del gobierno para transmitir una sensación de seguridad.

Entre especialistas, se debate hace tiempo sobre "gobernanza criminal”, dice Oettler, que estudia la sociología de la violencia y del desarrollo, la justicia transicional y estructuras sociales comparadas. Y se refiere al fenómeno de que actores criminales establezcan y garanticen por la fuerza el orden social en contextos locales. Lo que hacen, en El Salvador, las pandillas. Según medios locales, las principales, Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, ordenaron respetar el confinamiento bajo amenazas de muerte en zonas bajo su control. Pero, opina Oettler, "la actual crisis del coronavirus afecta la economía criminal en barrios pobres. Así que esta es también una lucha de poder entre actores criminales y un presidente populista autoritario”.

(jov)

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