El debate se centra no sobre si la pena de muerte es legal, sino sobre si la inyección letal es una forma amparada por la Constitución.

“A la hora de la ejecución, los condenados a la pena de muerte por inyección se convierten en víctimas de la ignorancia y la irresponsabilidad de los Estados federales en Estados Unidos”, dice a DW-WORLD, Marianne Heuwagen, directora de la sección alemana de la organización humanitaria Human Rights Watch, en Berlín.

Gracias a que el juramento de Hipócrates obliga a los médicos a preservar o salvar vidas y no a matar, la ejecución de la pena de muerte por inyección es realizada por carceleros que, a menudo, no saben qué es una vena y qué una arteria. Y muchos menos conocen las dosis exactas, necesarias para el cocktail letal que mezclan para aplicar la pena de muerte ordenada por los jueces.

Además de la arcaica ley del “ojo por ojo”, el diletantismo parece dominar en las administraciones de 35 de los 36 Estados federales que permiten la pena de muerte en Estados Unidos y que aplican la inyección. Sólo en Nebraska se muere hoy en la silla eléctrica si la condena que se recibe es la pena capital.

No es la pena de muerte la cuestionada

Sólo el método de matar con una inyección es lo que ocupa hoy a la sociedad y la Corte Suprema estadounidenses y no la pena de muerte en sí. Aunque se introdujo como una “forma más humana” de aplicar la pena de muerte, aún comparada con la guillotina o la horca, “la verdad es que la muerte por inyección es una de las muertes más horribles y doloras que existen”, dice Heuwagen quien explica que los carceleros aplican realmente tres inyecciones a los condenados: “primero una sustancia anestésica, segunda una paralizante y como último una dosis de cloruro potásico, el químico que provoca un paro cardiaco y conduce a la muerte”.

Pero la muerte por orden estatal no siempre es tan limpia como se la imaginan los más rabiosos defensores de la pena de muerte. “Frecuentemente, estas sustancias no surten el efecto deseado, ya sea por una dosificación equivocada o porque los verdugos de oficio las aplicaron erradamente en el tejido muscular, así que el condenado lucha por largo tiempo contra los terribles dolores provocados por el cloruro potásico, debido a que el medicamento contra el dolor no obra, y sin poder decir nada debido a la parálisis provocada por la segunda inyección”, cuenta la alemana Marianne

Heuwagen que ha presenciado varias ejecuciones en los Estados Unidos; una experiencia que la convenció de que su puesto estaba al frente de una organización internacional que abogara por el respeto de los derechos humanos.

“Los testigos no deben sufrir viendo morir a alguien”

Pero el debate sobre la inyección letal como método de pena muerte tiene otro aspecto que sobrepasa el cinismo. No fue por razones humanitarias que las administraciones federales decidieron incluir una segunda inyección con una sustancia paralizante, sino por razones ajenas a la persona del ejecutado y con argumentos más estéticos que humanos. Como las ejecuciones deben contar, por ley, con la presencia de testigos civiles, las autoridades consideran que es inadmisible someter a los testigos a presenciar la lucha del condenado contra la muerte que puede durar hasta media hora y a escuchar sus gritos y lamentos por tanto tiempo.

Las esperanzas, según Heuwagen, están puestas en uno de los nueve jueces de la Corte Suprema: Anthony Kennedy, nombrado por el extinto presidente Ronald Reagan. “Kennedy ha demostrado respetar los estándares internacionales, expresamente incluidos en el Pacto Internacional de los Derechos Ciudadanos de 1989, que condena y prohíbe la pena de muerte”, concluye Heuwagen.

La lista de los otros “Estados canalla”

Si bien no se espera la abolición de la pena de muerte, porque no es el objeto de debate, por lo menos se confía en que la decisión de la Corte Suprema, que se emitirá en junio de 2008, “permita elevar los estándares de las ejecuciones por inyección para impedir que más personas sigan muriendo tan atrozmente”, dice la directora de Human Rights Watch Alemania.

En la lista de los otros “Estados canallas” o de los que en pleno siglo XXI aún aplican la pena de muerte, Estados Unidos ocupa el cuarto lugar, después de China, Irán y Sudán. China, en el año de los Juegos Olímpicos de Pekín, ansiosa de presentarse como nación civilizada“, ejecuta a unas 10.000 personas por año”, a menudo, sólo por hechos que en Occidente pueden ser calificados de infracción, como el hurto de una gallina.

Así que en la disciplina de ejecuciones estatales China ya tiene, por adelantado, la medalla de oro. Una moratoria de la pena muerte solicitada por Human Rights Watch, con motivo del certamen deportivo mundial ha sido ignorada olímpicamente por Pekín.