No es un anuncio nuevo. La discusión sobre la pena de muerte suele aparecer en Guatemala ante graves hechos de violencia, y especialmente en período electoral. En un reciente acto de graduación de agentes de la Policía, el presidente, Alejandro Giammattei, reabrió el debate tras el asesinato de una niña de siete años en Villa Nueva.

"No seguiremos impasibles ni timoratos”, dijo el mandatario, y anunció que reforzará la lucha contra sicarios y pandillas. "No me temblaría la mano si son llevados y condenados a pena de muerte”, señaló al pedirle al Congreso que tome las medidas para que este castigo vuelva a ser efectivo.

Días después, diputados oficialistas, entre ellos Manuel Conde, candidato presidencial del partido Vamos para las elecciones del próximo 25 de junio, presentaron un proyecto de ley para reactivar la pena capital.

La medida contrasta con la tendencia en el continente: "Excluyendo a algunos países del Caribe de habla inglesa y a los Estados Unidos, es una de las regiones donde la pena de muerte se abolió muy tempranamente, como en Venezuela, o no se aplica hace mucho tiempo”, dice a DW Ingrid Wehr, directora de la oficina regional para Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll.

Inaplicable e inconstitucional

La pena de muerte todavía figura en la Constitución guatemalteca, pero no es posible aplicarla. El Pacto de San José, al que Guatemala adhirió, exige que se permita el derecho a indulto, pero esto es imposible, pues en 2000 el Congreso derogó el reglamento para que los reos lo soliciten. El convenio prohíbe que la pena de muerte sea extendida a delitos que no contemplaba en el momento de adhesión.

"Formalmente los jueces seguían condenando a muerte, pero durante muchos años hubo una fila de sentenciados que no eran ejecutados”, indica a DW el abogado constitucionalista guatemalteco Edgar Ortiz. La última ejecución fue en 2000, por medio de la inyección letal a dos reos, e incluso fue transmitida en vivo por televisión. Cuatro años antes se había efectuado el último fusilamiento.

Según el Código Penal, siete delitos -asesinato, parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, torturas seguidas de muerte o daños graves a la salud, desaparición forzada y magnicidio- son castigados con la pena de muerte, de acuerdo a la peligrosidad del reo, como castigo y prevención de futuros crímenes.

Sin embargo, como no es posible juzgar delitos que no han ocurrido, la Corte Suprema anuló estas condenas, y más tarde la Corte de Constitucionalidad, en 2016 y 2017, las declaró inconstitucionales, y fueron cambiadas por 50 años de prisión.

En los hechos, la pena de muerte para delitos comunes quedó abolida, estimó Amnistía Internacional: "Guatemala se convierte así en el 142.° país que elimina este castigo en la ley o en la práctica”. Para la organización, se trata del "exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante”.

Promesas en tiempo de elecciones

"Últimamente, en países como Guatemala y El Salvador se retomó el tema para combatir la delincuencia, y específicamente contra maras y pandillas violentas, que es una de las mayores preocupaciones de la gente común y corriente”, indica Wehr.

Es un tema sensible en uno de los países de mayor criminalidad a nivel mundial. El 2022, en Guatemala fueron asesinadas 4.263 personas, un 4,5% más que el año anterior. "La delincuencia es alta. y hay alta incidencia de crímenes violentos. La gente está muy cansada”, apunta Ortiz.

En este contexto, "hay cierta simpatía hacia algún tipo de castigo drástico. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con su política de mano dura, tiene una aprobación del 90%”, observa Wehr. Sobre la reactivación del tema, la politóloga alemana estima que "hay un cálculo electoral de sacar provecho de la preocupación de la población. No es la primera vez que vuelve este debate en un contexto electoral”.

"Claramente es una propuesta con fines electorales”, coincide Ortiz. El profesor universitario indica que "es un tema recurrente en momentos de alza de inseguridad, o aparece cuando se quiere levantar otro tema para cambiar la conversación. La propuesta tiene respaldo; los políticos saben que la mano dura es popular, como ocurre en El Salvador”.

Así lo muestra la encuesta CID Gallup de diciembre pasado. En el ítem referido a los ofrecimientos políticos en relación con las elecciones, un 16% consideró "algo importante” aplicar la pena de muerte y un 45% "muy importante”.

Consecuencias internacionales

"El Congreso puede decir lo que quiera, pero como en Guatemala ya no existe la pena de muerte, si intentan reactivarla vamos a entrar en un incumplimiento y violación clara a la Convención Americana de Derechos Humanos”, advierte Ortiz.

En años pasados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Guatemala por ampliar delitos sancionados con pena de muerte y no respetar garantías como el derecho a recurrir el fallo. En opinión del abogado, es muy poco probable que vuelva este castigo, que además generaría una negativa imagen internacional.

Sin embargo, explica que poner el tema en la agenda es una estrategia de una parte de la élite política local, que lo usa para legitimarse: "Con la narrativa de que los derechos humanos sirven para defender delincuentes, dicen que los mismos que los tratan de corruptos se oponen a la pena de muerte y no quieren que haya seguridad en Guatemala”.

Reactivar el castigo máximo, en opinión de Wehr, "va en contra de la tendencia global y puede traer también implicancias negativas en la cooperación internacional, especialmente con países de la Unión Europea, donde la pena de muerte no se considera a la altura de los estándares en derechos humanos”.

(cp)