Las deficiencias de los sistemas de pensiones y la sostenibilidad de los mismos, de cara al aumento de la expectativa de vida de la población, es objeto de intensos debates en muchos países, no solamente en Chile, donde entre medio millón y un millón de personas marcharon en diversas ciudades para protestar contra las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP), las empresas privadas que administran el dinero de los cotizantes. Lo que hace del chileno un sistema de capitalización individual singular es la historia de su origen.

Chile es una de las naciones latinoamericanas que con mayor celeridad implementó la reforma neoliberal del Estado en los años ochenta. Los tres pilares de ese proceso se erigieron en los ámbitos de la educación, la salud y las pensiones con la privatización de los mismos, impuesta por la cúpula política de la época. El fenómeno que se registra en Chile desde mediados del decenio pasado apunta en dirección contraria: se trata de la politización de la desigualdad generada por aquellos cambios, aplicados a la fuerza durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Los actores sociales que hoy presionan desde abajo claman por que se desmonten o se modifiquen las reformas de hace tres décadas, que tuvieron secuelas positivas para la economía nacional y otras más bien nefastas para la población chilena. El crecimiento económico del país no se ha detenido; su problema es cada vez menos el índice de pobreza en sí y cada vez más la desigualdad entre pobres y ricos. Así lo explica, en entrevista con DW, Cristóbal Rovira Kaltwasser, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Diego Portales, con sede en Santiago, e investigador invitado del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA).

Deutsche Welle: ¿Por qué se intensifica ahora el rechazo hacia un sistema de pensiones que ya tiene 35 años en marcha?

Cristóbal Rovira Kaltwasser: Las primeras personas que empezaron a cotizar bajo ese sistema comenzaron a recibir sus pensiones hace poco. El Estado prometió que el sistema sería la panacea al evitarle déficits al Estado y garantizarle grandes cantidades de dinero a los cotizantes. Después de todo, las cotizaciones serían invertidas con miras a producir ganancias. Hoy día vemos que el grueso de los jubilados recibe pensiones sumamente bajas, en muchos casos equivalentes o menores al sueldo mínimo. Eso las hace poco sostenibles a largo plazo.

¿Qué se hizo en el pasado y qué se propone ahora para evitar el empobrecimiento sostenido de los jubilados?

En Chile se hizo una pequeña reforma para ofrecerle una pensión mínima –equivalente a 200 euros al mes, aproximadamente– a quienes nunca cotizaron o cotizaron muy poco. En el debate actual se están planteando las siguientes alternativas: la opción radical es eliminar por completo las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP) y regresar a un sistema solidario controlado por el Estado, similar al sistema de pensiones socialdemócrata europeo. La opción conservadora es mantener y optimizar el mecanismo de las AFP.

Una de las cosas que se pueden hacer para mejorar el funcionamiento de las AFP es fomentar la competencia entre las seis que existen en Chile. De ahí que se hable de crear una AFP estatal que, al cobrar comisiones más bajas, obligue a las privadas a bajar las suyas. No creo que esta idea llegue a implementarse este año, pero va a estar en la agenda de discusión. También se ha exigido que se regule más severamente la actuación de las AFP: los parámetros que aplican a la hora de cobrar y en qué sectores pueden o no invertir, por ejemplo.

El Ejecutivo chileno creó una comisión, bautizada Comisión Bravo en alusión al economista que la dirige: David Bravo. Este recopiló datos y analizó información sobre el funcionamiento de los sistemas de pensiones en otros países del mundo, y luego le explicó al Gobierno qué aspectos del sistema de pensiones chileno deben modificarse o no. Bravo mencionó, por ejemplo, la necesidad de elevar progresivamente la edad a partir de la cual los ciudadanos pueden jubilarse y aumentar los aportes de los empleadores a las cotizaciones.

La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) recomendó promover planes de ahorro previsional voluntario, como los implementados en Alemania desde principios de siglo: las llamadas “pensiones Rürup” o “pensiones Riester”…

Esos planes ya se aplicaron en Chile y creo que llevan ese mismo nombre: Ahorro Previsional Voluntario (APV). La “gracia” de los planes de APV es que cobran comisiones relativamente bajas. El problema es que el sector de la población chilena que tiene suficiente dinero al final de mes para pagar un APV –la clase media y la media-alta– es muy pequeño; el grueso de la sociedad tiende a cobrar sueldos muy bajos y a estar muy endeudado. Dada la estructura social de Chile, los APV no son la solución para el problema de las pensiones.

A sus ojos, ¿cuál de estas propuestas tiene mayor probabilidad de ser implementada?

Las presiones que ejerce la sociedad civil para que la reforma del sistema de pensiones tenga lugar están siendo procesadas por el sistema político; pero los interesados en mantener el status quo son muy fuertes. El retorno al sistema de reparto previo a 1981 no tiene posibilidad alguna de consumarse. Los cambios que se harán serán puntuales, no sistémicos. Las AFP seguirán en pie y su funcionamiento será ‘optimizado' mediante una mayor injerencia del Estado y otras medidas como las que describí anteriormente.

Las AFP fueron muy astutas al incluir a políticos activos en sus directorios, cuyos cargos son muy bien pagados. Muchos de esos políticos son miembros de la Nueva Mayoría, la coalición de Gobierno que encabeza la presidenta Michelle Bachelet. Eso deja en evidencia el conflicto de intereses prevalente. Los políticos que forman parte de los directorios de las AFP no tienen incentivo alguno para hacerle grandes modificaciones al sistema y mucho menos para promover la desaparición de las AFP.

Además, la Nueva Mayoría es una alianza heterogénea; sus integrantes van desde comunistas hasta demócrata cristianos. Sus posiciones comunes son mínimas. Hasta marzo de 2018, cuando termina el mandato de Bachelet, no habrá reformas radicales. Después, cuando entre en vigor el nuevo sistema electoral –que propiciará una mayor diversidad en el Parlamento–, podrían emerger nuevos tipos de alianzas… Aún así, me cuesta imaginar que esas nuevas coaliciones obtengan la cantidad de votos suficiente como para desmontar el sistema privado de pensiones y fundar uno cien por ciento estatal.

Evan Romero-Castillo (ERS)